35 preguntas que la Reforma Electoral debe responder

Sin embargo, los desafíos que hoy enfrenta la democracia mexicana están lejos de ser los mismos que detonaron las reformas anteriores. El problema ya no se reduce a la compra de tiempos en radio o televisión, ni exclusivamente a la inequidad en el acceso a recursos públicos. Ahora la competencia electoral ocurre en un entorno atravesado por una violencia creciente en prácticamente todo el territorio nacional, por la presencia de organizaciones criminales que han aprendido a influir en procesos políticos locales como lo evidencia la detención del alcalde de Tequila por sus vínculos con el Cartel Jalisco Nueva Generación, por estructuras de control territorial que durante años han operado mediante autoridades municipales y estatales funcionales a intereses ilícitos, y por un ecosistema digital dominado por Inteligencia Artificial, microsegmentación algorítmica, financiamiento ilegal y una polarización amplificada por plataformas que no responden a la lógica del derecho electoral.

El nuevo contexto de nuestra democracia está formado por un ecosistema mucho más complejo, menos visible y considerablemente más difícil de regular, donde la equidad e integridad de la contienda pueden erosionarse sin necesidad de alterar formalmente las reglas. La captura de un municipio por parte de un grupo criminal no requiere modificar la Constitución; basta con influir en quién llega a la boleta y quién puede competir sin amenazas.

Hoy, cuando las pruebas del pasado han quedado subsanadas, la pregunta que deberíamos hacernos está lejos de ser sobre el costo de la democracia; la discusión que debería imperar en la arena pública sobre la propuesta de Reforma Electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum tendría que responder si atiende los retos actuales de 2026 o si permanece anclada en dilemas de otra época.

Mientras el debate público se concentra en financiamiento, representación y rediseño institucional, hay desafíos estructurales que apenas están siendo mencionados. Si de verdad queremos fortalecer nuestra democracia, conviene empezar por formular otras preguntas que no necesariamente están en el centro de la conversación.

1. ¿Dónde está en la propuesta el mecanismo concreto que impida que un candidato promovido por un grupo criminal llegue a la boleta?

2. ¿Qué responsabilidad jurídica enfrentará un partido que postule perfiles vinculados a estructuras criminales?

3. ¿Existe algún artículo que prevea la nulidad de una elección cuando se acredite coacción sistemática por parte del crimen organizado?

4. ¿La propuesta reconoce explícitamente que la integridad electoral hoy depende también de factores de seguridad pública y gobernabilidad territorial, o mantiene una visión estrictamente procedimental del proceso?

5. ¿Se incorpora algún mecanismo de evaluación de riesgo electoral por región que permita diseñar medidas diferenciadas en regiones de alta presencia criminal?

6. ¿Dónde se establece la coordinación obligatoria entre fiscalías y autoridad electoral para vetar candidaturas de alto riesgo?

7. ¿La reforma prevé auditorías externas independientes sobre la integridad digital de las campañas, más allá de la fiscalización financiera tradicional?

8. ¿Existe algún instrumento que obligue a los partidos a transparentar sus proveedores tecnológicos, consultoras digitales o empresas de análisis de datos?

9. ¿Se establece un régimen de responsabilidad para campañas que utilicen estrategias de desinformación coordinada aunque no puedan vincularse directamente con el candidato?

10. ¿La autoridad electoral contará con capacidades técnicas y presupuestales suficientes para supervisar fenómenos digitales complejos, o se le asignan nuevas obligaciones sin rediseñar su estructura?

11. ¿Existe alguna disposición que obligue a los partidos a implementar protocolos internos de integridad y control de riesgos antes, durante y después de los procesos electorales?

12. ¿La propuesta analiza el impacto que podría tener la reducción de financiamiento público en la dependencia estructural de los partidos respecto de actores privados con agendas específicas?

13. ¿Se establece algún sistema permanente de monitoreo sobre interferencia extranjera ya sea digital o financiera en procesos electorales mexicanos?

14. ¿Reducir financiamiento público sin fortalecer controles no incrementa el incentivo al dinero ilícito?

15. ¿Qué nuevas facultades reales tendrá la autoridad electoral para investigar financiamiento digital fragmentado o triangulado?

16. ¿Quién asume la responsabilidad institucional cuando un alcalde electo termina operando para un grupo criminal?

17. Si la infiltración criminal es uno de los principales riesgos para la integridad democrática en múltiples regiones del país, ¿por qué no ocupa un capítulo central en la reforma?

18. ¿Puede hablarse de equidad cuando en ciertas regiones competir implica riesgo de muerte?

19. ¿Qué instrumento específico introduce la reforma para garantizar competencia auténtica en municipios bajo control territorial criminal?

20. ¿Existe un protocolo reforzado para proteger candidaturas amenazadas durante campañas?

21. ¿Qué mecanismo permite suspender o intervenir procesos electorales en zonas donde la violencia distorsiona la contienda?

22. ¿Se obliga a los partidos a denunciar formalmente amenazas como condición para validar candidaturas?

23. ¿Qué hace la reforma para evitar que la violencia seleccione candidatos antes que los ciudadanos?

24. Si la violencia política ya no es un fenómeno aislado sino estructural, ¿dónde está su tratamiento normativo en la propuesta?

25. ¿En qué parte del documento se regula el uso de inteligencia artificial en campañas electorales?

26. ¿Existe alguna obligación de transparentar el uso de modelos de microsegmentación predictiva?

27. ¿Se contempla la identificación obligatoria de contenidos generados mediante IA durante procesos electorales?

28. ¿Qué sanción prevé la reforma para el uso de deepfakes que alteren la percepción pública de un candidato?

29. ¿Quién auditará los servicios algorítmicos contratados por partidos y campañas?

30. ¿Tiene la autoridad electoral nuevas atribuciones y conocimientos técnicos para supervisar campañas automatizadas?

31. Si la economía de la atención se convirtió en la condición de la persuasión política, ¿por qué la reforma mantiene su eje en los tiempos de radio y televisión?

32. ¿Se exige transparencia algorítmica durante periodos electorales?

33. ¿Existe algún protocolo para enfrentar campañas de desinformación masiva amplificadas artificialmente?

34. ¿Cómo se fiscaliza la publicidad política programática o la amplificación pagada encubierta?

35. ¿Puede hablarse de equidad cuando la deliberación pública está condicionada por sistemas diseñados para maximizar polarización?

Discutir una reforma electoral únicamente desde la lógica de la ventaja coyuntural o del cálculo partidista sería una lectura demasiado estrecha del momento que vive el país. Nuestra democracia enfrenta riesgos que van más allá de colores partidistas o mayorías legislativas, como el crimen organizado con capacidad de incidir electoralmente, violencia que condiciona candidaturas, tecnologías capaces de manipular percepciones a escala masiva y plataformas digitales que operan fuera del marco jurídico nacional. Ignorar ese entorno o minimizarlo en aras de una disputa política inmediata empobrece el debate y debilita la posibilidad de construir reglas acordes a los desafíos de nuestra época.

El Congreso tiene ante sí la oportunidad de actualizar el andamiaje democrático frente a los retos de nuestro siglo. Una reforma que incorpore con seriedad los riesgos digitales, territoriales y criminales podría convertir a México en referente regional sobre cómo blindar la competencia sin sacrificar libertades. Sería lamentable que, por mirar únicamente el tablero político electoral inmediato, dejáramos pasar la posibilidad de construir una reforma de vanguardia que fortalezca la integridad electoral y que marque pauta para otras democracias de América Latina que enfrentan los mismos desafíos.

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Nota del editor: José Manuel Urquijo es maestro en Comunicación Política y Gobernanza Estratégica por la George Washington University. Fundó la agencia Sentido Común Latinoamérica y es consultor y estratega político con experiencia en campañas políticas en México y Latinoamérica. Síguelo en X como @JoseUrquijoR y/o en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.