La reforma más cara del país: “la electoral”

El contexto real: un sistema bajo presión criminal

En estados con alta conflictividad —Michoacán, Guerrero, Zacatecas, Chiapas, Jalisco, Tamaulipas— los grupos criminales ya no solo disputan mercados ilícitos: intervienen en candidaturas, financiamiento, movilización del voto e intimidación de autoridades.

El crimen organizado ha evolucionado de actor depredador a actor regulador territorial.

El documento parte de una narrativa centrada en eficiencia administrativa, pero omite un diagnóstico robusto sobre la penetración criminal en el sistema electoral.

Esa omisión es grave.

Una reforma en 2026 no puede analizarse únicamente en términos de costos o representación proporcional; debe evaluarse en términos de resiliencia democrática frente a actores armados con capacidad de coerción territorial.

Tres vulnerabilidades críticas

1) Rediseño sin blindaje territorial. Cualquier debilitamiento técnico o presupuestal de las autoridades electorales —especialmente a nivel distrital o municipal— amplifica la ventana de captura por poderes fácticos. En regiones con presencia criminal consolidada, la autoridad electoral local es muchas veces la única instancia civil con legitimidad técnica. Reducir capacidades o politizar nombramientos puede traducirse en mayor vulnerabilidad en la instalación de casillas, facilidad para manipular la capacitación electoral e incremento en la coacción del voto en zonas rurales. El documento no presenta un capítulo de evaluación de riesgos de seguridad electoral. Esa omisión es estructuralmente delicada.

2) Financiamiento político: el elefante en la sala. El crimen organizado interviene en campañas mediante aportaciones en efectivo, financiamiento indirecto a través de proveedores, imposición de candidaturas y control territorial para asegurar resultados. Si la reforma se concentra en reducir prerrogativas sin fortalecer la trazabilidad financiera, únicamente incrementará la dependencia de los actores políticos respecto a fuentes ilegales. La experiencia comparada es contundente: cuando el financiamiento público disminuye sin fortalecer mecanismos de fiscalización —Colombia en los noventa, Guatemala postconflicto, Brasil en municipios amazónicos— el vacío lo ocupan actores criminales. El documento no desarrolla una propuesta de auditoría financiera en tiempo real ni de coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera.

3) Representación vs. captura fragmentada. En contextos de fragmentación partidista se multiplican candidaturas locales vulnerables y aumenta la probabilidad de cooptación individual. En territorios donde el crimen ya influye en procesos municipales, la proliferación de partidos pequeños sin controles robustos puede convertirse en mecanismo de entrada para candidaturas patrocinadas por economías ilícitas. El municipio sigue siendo el eslabón más frágil del sistema democrático mexicano, y el documento no desarrolla un análisis de riesgo diferenciado para ese nivel de gobierno.

Lo que otros países ya aprendieron

Las democracias con alta penetración criminal que lograron reformas electorales exitosas incorporaron componentes anticrimen desde el diseño:

Colombia depuró candidaturas con controles de antecedentes judiciales; Italia estableció inelegibilidad automática por vínculos con organizaciones criminales; Brasil implementó el sistema Ficha Limpa, que impide competir a personas condenadas en segunda instancia.

La diferencia con el caso mexicano es fundamental: otros países reformaron pensando en la infiltración; aquí se reforma como si el problema principal fuera burocrático.

Soluciones y conclusiones

Una reforma electoral en 2026 que aspire a ser efectiva debe incorporar al menos cinco componentes no negociables.

Primero, un Sistema Nacional de Integridad Electoral de carácter interinstitucional permanente que articule al INE, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de Seguridad y la Auditoría Superior, con análisis de riesgo territorial previo a cada proceso.

Segundo, certificación obligatoria de candidaturas que incluya verificación patrimonial, análisis de redes financieras y revisión de antecedentes, con estándares más altos en municipios con presencia criminal documentada.

Tercero, fiscalización financiera en tiempo real, migrando del modelo de revisión posterior al monitoreo simultáneo con cruce bancario automatizado y seguimiento de proveedores de campaña.

Cuarto, blindaje municipal reforzado en zonas de alto riesgo: seguridad federal coordinada el día de la elección y protocolos de denuncia anónima para coacción del voto.

Quinto, transparencia radical en contratación post-electoral: auditorías trimestrales obligatorias y publicación en tiempo real de contratos públicos durante los primeros dos años de cualquier gobierno electo en municipio de riesgo.

La conclusión es contundente.

El principal desafío del sistema político mexicano no es el tamaño del órgano electoral ni la fórmula de representación, sino la capacidad del Estado para impedir que organizaciones criminales capturen el poder municipal.

Una reforma que ignore esta dimensión moderniza la fachada institucional mientras la base territorial sigue bajo disputa armada. En ciertas regiones, el voto compite con el miedo, la boleta compite con el fusil y la legitimidad compite con el control territorial. La pregunta estratégica en 2026 no es cómo hacer el sistema más barato, sino cómo hacerlo impenetrable.

Esa es la discusión que el país necesita.

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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.