Por años he recorrido municipios donde la boleta electoral no se imprime sólo en papel seguridad, sino en miedo.
He visto campañas financiadas con efectivo que no pasa por bancos, candidatos “acordados” en reuniones privadas y cabildos que responden más a un jefe regional que a sus electores. En ese contexto de gobernanza criminal —real, territorial y creciente— se presenta la iniciativa presidencial de reforma electoral 2026.
La pregunta es directa: ¿esta reforma blinda realmente las elecciones frente al crimen organizado?
La propuesta fortalece la fiscalización: acceso oportuno del Instituto Nacional Electoral (INE) a operaciones financieras de partidos y candidatos, prohibición de aportaciones en efectivo y uso de tecnología para monitoreo en tiempo real. En papel, es un avance.
En territorio, es apenas una parte del problema.
La experiencia en estados con alta captura criminal muestra que el financiamiento ilícito rara vez fluye por los canales formales de campaña. El dinero del crimen no siempre entra a la cuenta bancaria del candidato; se expresa en logística, movilización, intimidación, propaganda paralela y compra de estructuras locales. Se paga en especie, en favores o en control territorial. Prohibir el efectivo ayuda, pero no desmantela redes clandestinas que operan fuera del sistema financiero.
¿Es adecuada la reforma para proteger el sistema electoral en temas de crimen organizado?
Parcialmente. Ataca la contabilidad visible, pero no la economía política del control territorial.
El documento oficial habla de no nepotismo y no reelección, pero guarda silencio en un punto crucial: la evaluación de aspirantes con posibles vínculos criminales.
No existe un mecanismo claro de control de confianza previo al registro de candidaturas. No se establece un protocolo obligatorio de investigación patrimonial, de entorno o de inteligencia criminal.
Hoy, los partidos registran candidatos y, salvo sentencias firmes o inhabilitaciones, el filtro es político, no institucional.
La pregunta incómoda es si los partidos permitirán que las instituciones de procuración de justicia investiguen a sus aspirantes. La experiencia indica que no será sencillo. Las dirigencias protegen cuotas, equilibrios internos y acuerdos regionales.
Mientras no haya una verificación obligatoria —previa, técnica y con respaldo legal—, la puerta seguirá abierta para que perfiles comprometidos con economías ilícitas lleguen a la boleta.
La reforma no incorpora un sistema de certificación de integridad electoral.
Ese es un vacío estratégico.
La regulación del uso de Inteligencia Artificial y la prohibición de bots es una novedad pertinente. En campañas recientes hemos visto operaciones digitales que construyen reputaciones falsas o destruyen candidaturas en horas. Regular la manipulación digital es necesario, pero no sustituye la contención del poder criminal offline.
También es relevante el inicio inmediato de cómputos distritales, que puede reducir incertidumbre postelectoral. Sin embargo, la rapidez en resultados no incide directamente en la captura criminal de candidaturas.
La verdadera novedad está en la fiscalización tecnológica, pero sin coordinación obligatoria con la Unidad de Inteligencia Financiera y fiscalías especializadas, ese esfuerzo puede quedarse en monitoreo administrativo.
¿Desvanece la gobernanza criminal?
No.
La gobernanza criminal no se evapora por decreto electoral. Surge cuando el Estado pierde control territorial, cuando policías municipales son cooptadas, cuando las fiscalías locales carecen de autonomía real y cuando el financiamiento ilícito se convierte en la regla informal de competencia política.
Reducir el número de senadores o ajustar tiempos de radio y televisión no altera ese ecosistema. Incluso la ampliación de mecanismos de democracia participativa puede ser riesgosa en municipios capturados, donde consultas o plebiscitos pueden operar bajo presión.
La reforma no desmonta la gobernanza criminal porque no integra una estrategia de seguridad electoral integral. Se concentra en el diseño institucional, pero no en el contexto de violencia y coacción que rodea muchas contiendas locales.
Antes de concluir, propongo una solución simple y viable, basada en la experiencia de campo:
1. Certificación obligatoria de candidaturas.
Crear un Sistema Nacional de Integridad Electoral coordinado por el INE, con participación de la Fiscalía General, la UIF y plataformas estatales. Todo aspirante debería someterse a revisión patrimonial, fiscal y de entorno criminal antes del registro definitivo. No se trata de persecución política, sino de control de riesgos.
2. Convenio vinculante con partidos.
Reformar la ley para que los partidos estén obligados a autorizar investigaciones preventivas. La negativa implicaría pérdida de registro de candidatura. La integridad no puede depender de la buena voluntad partidista.
3. Mando especial de seguridad electoral.
En municipios de alto riesgo, desplegar células conjuntas federales con mando único temporal durante el proceso electoral. La seguridad de candidatos y votantes no puede recaer en policías locales potencialmente infiltradas.
4. Fiscalización territorial, no sólo financiera.
Incorporar indicadores de violencia política, control de mercados ilícitos y patrones de intimidación como alertas tempranas. La fiscalización debe cruzar datos financieros con mapas de riesgo criminal.
5. Responsabilidad penal por omisión partidista.
Si un partido postula a un candidato con vínculos probados con el crimen, debe enfrentar sanciones institucionales y penales. La corresponsabilidad es clave.
Estas medidas no requieren una revolución constitucional; exigen voluntad política y coordinación interinstitucional.
La reforma electoral 2026 contiene avances técnicos en fiscalización y regulación digital. Pero no enfrenta de manera frontal la infiltración criminal en la selección de candidaturas ni el control territorial que condiciona elecciones locales. Blindar cuentas bancarias no basta cuando el poder se disputa en plazas controladas por economías ilícitas.
El sistema electoral mexicano ha sido robusto en organización y conteo. El desafío ya no es sólo contar votos con certeza, sino garantizar que quienes aparecen en la boleta no respondan a intereses criminales.
Si la reforma no incorpora un sistema obligatorio de integridad de candidaturas y una estrategia de seguridad electoral focalizada, el riesgo es claro: tendremos elecciones técnicamente impecables, pero políticamente condicionadas por poderes fácticos.
La democracia no se defiende sólo en las urnas. Se defiende antes, cuando se decide quién puede competir. Y ahí, hoy por hoy, la reforma se queda corta.
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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
