Este acontecimiento, que ha acaparado por semanas los titulares y generado intensos debates, plantea interrogantes fundamentales sobre el futuro de la seguridad en el país y las repercusiones políticas que este evento podría desencadenar, no solo para los próximos días, sino para largos y cruentos años de posibles enfrentamientos.
Desde hace décadas, desde las penumbras, Zambada ha sido una figura clave en el narcotráfico internacional, conocido por su habilidad para evadir la captura y mantener una estructura criminal altamente eficiente. Su arresto no solo es un golpe significativo para el Cártel de Sinaloa, sino también una victoria simbólica para el gobierno norteamericano, pero al mismo tiempo una confusión para el gobierno mexicano, que ha estado bajo una tensa presión por años, para mostrar resultados tangibles en su lucha contra el crimen organizado. La cual ha sido catalogado como un fracaso.
La incomprensible y poco transparente detención de Zambada trae consigo un conjunto complejo de desafíos. Uno de los principales riesgos es la posible fragmentación del Cártel de Sinaloa, lo que podría desencadenar una ola de violencia similar a la que ocurrió tras la captura de Joaquín "El Chapo" Guzmán.
La historia ha demostrado que la caída de un capo no necesariamente lleva al desmantelamiento del cártel, sino que puede provocar luchas internas por el control y una mayor violencia entre las organizaciones rivales que buscan aprovechar el vacío de poder.
En este caso, la combinación entre las detenciones del capo y de Joaquín Guzmán López, hijo del “Chapo” Guzmán, crea demasiados nubarrones alrededor, que ocasionan confusión y por lo tanto una peligrosísima división.
Incluso, el presidente ha atizado más esta situación al declarar que “al parecer fue un acuerdo entre autoridades del gobierno de Estados Unidos y estas personas”, probablemente refiriéndose a los hermanos de Joaquín Guzmán, quienes dirigen su propio cártel en Sinaloa.