Un policía que puede ser removido sin causa justificada, que no tiene seguro médico real ni pensión digna, que gana entre 5,000 y 15,000 pesos al mes —cifra que el Inegi registra para el 57% de los elementos municipales—, no es un servidor público: es un rehén de sus propias condiciones de vida.
Solo 3 de cada 10 policías municipales cuentan con asesoría jurídica cuando son denunciados en el ejercicio de sus funciones. Solo uno de cada 10 puede aspirar a un crédito de vivienda.
La consecuencia directa es brutal: entre 2012 y 2025, han sido asesinados 4,099 elementos policiales en el país, y de ellos 1,719 eran municipales. En lo que va de 2026, ya contamos más de 100.
A esto se suma la fractura entre policías y fiscalías.
El vínculo operativo cotidiano entre los policías que patrullan y los agentes del Ministerio Público que investigan sigue siendo anecdótico, informal, dependiente de relaciones personales. No existe un protocolo nacional homologado que defina con claridad qué hace cada quien, cuándo y cómo se transfiere la cadena de custodia.
Las carpetas de investigación se pierden en esa grieta.
El uniforme equivocado: soldados en lugar de policías
Hay un problema aún más profundo, estructural, que este gobierno —como los anteriores— se niega a nombrar con claridad: México no tiene policía civil.
Tiene un ejército disfrazado de corporación de seguridad. La Guardia Nacional, creada en 2019 con promesa constitucional de mando civil, fue transferida a la Secretaría de la Defensa Nacional en 2024, convirtiéndose formalmente en la cuarta fuerza armada del país.
México es hoy el único Estado de América Latina que carece por completo de una institución policial civil con presencia nacional. La Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030 lo reconoce casi con orgullo: la Guardia Nacional continuará adscrita a la Sedena con "doctrina policial civil", oxímoron que delata la confusión de fondo.
La militarización no pacifica: criminaliza la relación entre el Estado y la ciudadanía.
Un soldado está entrenado para vencer a un enemigo en un campo de batalla. Un policía civil está formado para proteger a una comunidad con el menor uso posible de la fuerza, construyendo confianza, resolviendo conflictos antes de que escalen, respondiendo con proporcionalidad.
Esas son lógicas incompatibles.
Entre 2020 y 2022 se presentaron más de 1,100 quejas ante la CNDH contra la Guardia Nacional por desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura. La militarización de la seguridad pública en México no ha reducido la violencia; la ha trasladado, la ha profundizado y, sobre todo, la ha blindado de rendición de cuentas.
