La reforma electoral de Claudia Sheinbaum se estrelló en la Cámara de Diputados. Morena no consiguió la mayoría calificada y la presidenta sufrió su primera gran derrota legislativa. En el gobierno estaban convencidos de que tenían los votos y terminaron descubriendo que su coalición con el Partido Verde y el Partido del Trabajo no era tan sólida como presumían. Fue un enorme fracaso, por donde se le vea.
Plan V de venganza
La presidenta intenta recuperar el control de la agenda pública después de una durísima derrota política.
@JTrianaT
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La reacción llegó casi de inmediato. Apenas 24 horas después de la votación, la presidenta anunció lo que llamó Plan B de reforma electoral. En teoría se trataría de una nueva ruta para impulsar cambios mediante leyes secundarias. En realidad, se trata de una maniobra evidente para tratar de eclipsar la derrota política.
El paquete que se ha mencionado incluye varias ideas: adelantar la consulta de revocación de mandato para que coincida con la elección intermedia de 2027, permitir consultas populares sobre temas electorales, reducir el tamaño y el presupuesto de Congresos locales y ayuntamientos, introducir ajustes relacionados con la elección judicial y recortar salarios dentro del Instituto Nacional Electoral.
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Algunas de estas propuestas no son nuevas. Si se empatara la revocación con la elección legislativa, la contienda dejaría de centrarse en el Congreso y se convertiría en un plebiscito alrededor de la presidenta. La elección de medio sexenio se transformaría en una campaña donde la figura presidencial dominaría el debate público.
El discurso que acompaña estas propuestas es el de siempre: austeridad, reducción del costo del sistema político y eliminación de privilegios. Es un argumento que suena bien y que conecta fácilmente con parte de la opinión pública.
El problema aparece cuando se revisan los números. Si se recortaran algunos legisladores en Congresos pequeños, el ahorro sería de algunas decenas de millones de pesos, una cifra marginal frente a presupuestos estatales que se cuentan en miles de millones. Algo similar ocurre con los cabildos municipales. Reducir algunos regidores difícilmente cambia de manera significativa las finanzas de un ayuntamiento. El ahorro termina siendo más simbólico que real.
Pero más allá del contenido de las propuestas, lo que llama la atención es otra cosa: la falta de reflejos y creatividad política. La presidenta está repitiendo exactamente el mismo libreto que utilizó Andrés Manuel López Obrador hace apenas unos años.
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En 2022 López Obrador presentó una reforma constitucional electoral. Como respuesta nació la llamada marea rosa. La iniciativa también fue rechazada en la Cámara de Diputados por no alcanzar la mayoría calificada. Tras esa derrota anunció un “Plan B” para modificar leyes secundarias e intentar imponer por otra vía parte de los cambios que no había podido aprobar en la Constitución. Su esfuerzo terminó en la Suprema Corte, que invalidó el paquete de reformas por violaciones al proceso parlamentario.
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Ese mismo año ocurrió algo muy parecido en otro tema. El presidente envió al Congreso una reforma constitucional en materia eléctrica que buscaba fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad como monopolio estatal. La iniciativa fue rechazada por no alcanzar la mayoría calificada.
La reacción fue inmediata. Al día siguiente se votó otra iniciativa presidencial para “nacionalizar” el litio. Aquello fue una pantomima legislativa. El litio ya está nacionalizado en México desde la Constitución de 1917 y, si se quiere ser más estricto, desde la de 1857, que estableció el dominio de la nación sobre los recursos del subsuelo. La medida no cambiaba nada esencial. Su función era propagandística: fabricar una victoria para enterrar la derrota.
La lógica que hoy se observa con el llamado Plan B de Sheinbaum es exactamente la misma. Después de un revés legislativo importante necesita producir rápidamente una nueva iniciativa que permita cambiar la conversación pública y proyectar la idea de que el gobierno sigue avanzando y conserva y nada ha cambiado.
No se trata de una estrategia particularmente innovadora. Es manejo de crisis, control de daños y operación cicatriz. La presidenta intenta recuperar el control de la agenda pública después de una durísima derrota política.
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Cuando una reforma nace como respuesta a un golpe político suele tener un objetivo distinto al que se anuncia en el discurso. No se trata de mejorar el sistema electoral ni de controlar el gasto público excesivo. Se trata de cerrar filas, reconstruir la narrativa y cobrar la factura política de la derrota.
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Por eso el nombre correcto no es Plan B, es Plan V de venganza.
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Nota del editor: Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.
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