Los “cárteles de la droga” han dejado de ser organizaciones centradas en el trasiego de drogas a Estados Unidos y se han convertido en redes amplias y desdibujadas de bandas locales que sobreviven, ya no de vender droga, sino de la extorsión y el cobro de piso. Es decir, cobran tributos para permitir la venta de bienes legales (como el limón o el aguacate), negocian la supervivencia de servicios semilegales (como la prostitución y la tala), y proveen servicios de protección al resto de la protección. Este negocio local que alimenta al crimen organizado necesita, sobre todo, de la colaboración de autoridades locales.
Así, la violencia contra candidatos es un espejo de la violencia criminal por el control del territorio.
Por eso, a diferencia de la elección pasada, donde la mayor cantidad de los asesinatos políticos se encontraban concentrados en Guerrero, ahora el epicentro de la violencia política se ha movido a Baja California donde ha habido 5.1 asesinatos políticos por cada 100 cargos de elección en disputa. Esto se explica por cambios en la dinámica del crimen y sus luchas internas.
Sin embargo, lo más revelador del “candidatocidio” es algo que poco se está discutiendo: el hecho de que, salvo contadas excepciones, es cada vez menos necesario para los grupos criminales asesinar candidatos para controlar el territorio.
Cada vez hay menos asesinatos de políticos porque ya ni es necesario. Los políticos locales se han doblegado.
#QuéPasóCon... la violencia en elecciones?
