¿Y quién nos protegerá del gobierno?

López Obrador prometió eliminar esa práctica. Para hacerlo dijo que eliminaría el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), la oficina de gobierno desde donde supuestamente se llevaban a cabo los espionajes, y que se transparentarían todos sus archivos y documentos históricos en el Archivo General de la Nación.

La realidad es que el CISEN más bien cambió de nombre, ahora se llama Centro Nacional de Inteligencia (CNI), y un nuevo reportaje de El País ha revelado que la FGR de López Obrador espió ilegalmente con otros softwares, esta vez se llaman Geomatrix y Echo. No sabemos quién fue espiado, pero lo que sí sabemos es que ya se había usado para espiar a los candidatos presidenciales durante la campaña del 2018.

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Pero aún ahora, el espionaje será cada vez más fácil porque el sábado entró en vigor un decreto que obliga a todos las personas que tienen un celular a darle al gobierno información de sus huellas dactilares, voz, iris y cara. A quien no lo haga se le cancelará su línea. Toda la información quedará registrada en el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT) a cargo del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

El tema es grave y debe ser impugnado por tres razones:

Primero, porque no es de nadie desconocido que con frecuencia las bases de datos del gobierno que supuestamente deberían ser privadas se han filtrado. Y que bases de datos de teléfonos con datos personales son usadas constantemente por bancos, encuestadoras y hasta morgues, para contactar personas en sus teléfonos privados. En México cualquier persona con un teléfono celular es molestada constantemente en su número privado por personas que conocen sus datos personales para venderle créditos, promociones o hasta tiempos compartidos. Esto no es normal. En otros países está penado.

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Nada indica que los datos biométricos, a los que ahora tendrán acceso las compañías telefónicas y el gobierno por medio del IFT, no vayan a sufrir la misma suerte. Y que pronto nuestra información personal esté filtrada, o peor aún, sea usada con fines políticos. En Europa, una región más avanzada en estas discusiones, una política como la que se está implementando en México sería impensable.

Segundo, la excusa para crear el PANAUT no se sostiene. El gobierno dice que con el acceso a nuestros biométricos se podrá luchar más eficazmente contra la extorsión telefónica y el secuestro. Que con ello tendrán mayor eficacia al crimen organizado. Pero esto no es cierto. Muchos países con menores niveles de crimen no tienen estas herramientas. De hecho, en los países más avanzados, las leyes de protección de datos personales probablemente prohibirían una política tan intrusiva como la que acá se está implemenetado.

Finalmente, México podría usar el dinero de mejor manera, sobre todo cuando se trata de identificaciones. Tenemos muchos problemas con la CURP y nuestra principal identificación está en manos del INE, una institución que no debería dedicarse a emitir identificaciones sino a organizar elecciones. Es decir, adolecemos de una identificación única, central y necesaria para mejorar la relación entre el estado y los ciudadanos. En vez de estar creando otro parche, estrictamente relacionado con acceso a teléfonos celulares, el gobierno debería de una vez por todas poner en orden un padrón único de identificaciones, y sancionar el mal uso que se ha tenido de los que tenemos hasta ahora.

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Nota del editor:

Las opiniones de este artículo son responsabilidad única de la autora.