El mapa del despojo: las 5 ciudades de México con más denuncias

De ese universo, 31,558 casos –el 67.4%– se concentraron en 10 entidades.

El Estado de México, donde el caso de Doña Carlota colocó el problema del despojo en la mirada pública en 2025, ocupa el primer lugar en el país con 8,435 casos. Le sigue la Ciudad de México, con 6,120 casos, y en tercer puesto está Guanajuato, con 2,700 casos, según datos del secretariado.

Las ciudades con más denuncias de despojo

A la par, cada una de estas 10 entidades tiene municipios y alcaldías que se colocan como puntos críticos del despojo. Varios corresponden a algunas de las principales ciudades del país, como Ecatepec, en el Estado de México; Iztapalapa, en Ciudad de México; Guadalajara, en Jalisco; Monterrey, en Nuevo León, y Tijuana, en Baja California.

Estos municipios y alcaldías comparten características como una alta concentración de habitantes, una fuerte actividad económica y laboral, y, en algunos casos, su condición de destinos turísticos o de negocios.

Las casas y departamentos son cotizados tanto para la compraventa como por las redes dedicadas al despojo, que operan en algunas de las ciudades con los precios más elevados por metro cuadrado. Un ejemplo es Monterrey, que lidera los casos de despojo dentro de Nuevo León y donde el metro cuadrado alcanzó los 69,716 pesos hasta junio de 2026.

En Jalisco, Zapopan concentra la mayor cantidad de casos de despojo, con 271, y el metro cuadrado ronda los 63,450 pesos. En segundo lugar se encuentra Guadalajara, donde el precio promedio es de 57,269 pesos, de acuerdo con el Índice de Venta y Renta de Inmuebles24.

En contraste, en la Ciudad de México, la alcaldía con más denuncias de despojo es Iztapalapa, con 875 casos, donde el costo del metro cuadrado es de 22,193 pesos. El segundo foco rojo de la capital es Gustavo A. Madero, con 664 casos: el precio promedio es de 32,914 pesos.

El despojo es un problema a nivel nacional que impacta tanto a las personas y las familias como al sector inmobiliario, apunta Jenny Rivas Padilla, presidenta nacional de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI).

“No estamos hablando únicamente de casas desocupadas ilegalmente, sino que estamos hablando de la vulneración propia del patrimonio de miles de familias mexicanas y también de un problema serio de certeza jurídica”, dice.

La representante de la AMPI considera necesario que las autoridades de cada entidad –en especial aquellas con alta incidencia del delito– actúen de manera preventiva y no solo reactiva frente al despojo.

Rivas Padilla considera que las acciones fundamentales para combatir este delito son:

Coordinación institucional: entre el gobierno estatal, el Registro Público de la Propiedad, las notarías, los catastros municipales y las Fiscalías Generales de Justicia de cada entidad para dar una respuesta rápida ante casos de despojo.

Inteligencia contra el despojo: investigar y sancionar no solo a las personas que entran y ocupan el inmueble, sino también a las redes que participan en esta operación.

Certeza jurídica: agilizar los procesos de escrituración para que las personas puedan acreditar la legítima propiedad de sus inmuebles.

Alertas patrimoniales: ofrecer mecanismos para que las y los propietarios de inmuebles puedan detectar rápidamente cuando se realiza un cambio, como una compraventa o una hipoteca.

Desde la AMPI se impulsa la profesionalización de quienes trabajan en el sector inmobiliario, pues tienen la capacidad de actuar como un filtro y detectar de forma temprana intentos de compraventa fraudulentos, documentación irregular e inmuebles adjudicados a través de juicios con irregularidades.

“Ya no se limita a vender una casa, ahora somos asesores de patrimonio y así de grande es nuestra responsabilidad, por ello creo que nuestra línea de acción siempre va a ser proteger a la ciudadanía”, afirma Rivas Padilla.

Las estrategias de los estados contra el despojo

Varias entidades lanzaron sus propias estrategias para responder a la preocupación pública ante la acumulación de denuncias por despojo.

Con la Operación Restitución en el Estado de México, ya se aseguraron 2,489 inmuebles, de los cuales 67% fue devuelto a sus propietarios en el último año, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia estatal.

La Ciudad de México también reforzó su estrategia para hacer frente al despojo. El gobierno capitalino y la Fiscalía General de Justicia de la ciudad se comprometieron a devolver en 15 días los inmuebles y llevar ante un juez a las personas responsables en 30 días, en los casos donde el despojo sea realizado por la fuerza o de manera furtiva y exista certeza legal sobre la propiedad.

En Veracruz se anunció en agosto la realización de auditorías a 260 notarías públicas de la entidad para verificar que no participaran en actos irregulares en contra del patrimonio, además de abrir audiencias para la atención de víctimas de despojo.

Para inhibir el despojo en Puebla, el Congreso local aprobó en marzo elevar hasta 20 años de prisión la pena en contra de quienes se adueñen de forma ilegal de un inmueble.

El gobierno de Jalisco relanzó la Alerta Registral, una plataforma donde las y los ciudadanos pueden recibir alertas cuando uno de los inmuebles a su nombre ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio local tenga un movimiento, con el fin de detectar fraudes inmobiliarios y despojos.

Más años de prisión no bastan contra el despojo

No obstante, incrementar los años de cárcel y prometer la restitución de inmuebles en 15 días para casos simples de despojo no es suficiente cuando se trata de un delito cada vez más sofisticado, con casos en los que se utiliza la suplantación de identidad, la falsificación de documentos, procesos legales simulados e incluso la participación de funcionarios públicos, advierte Rodrigo Meneses, investigador y académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

“El despojo es un delito que los Códigos Penales en México definen como la ocupación violenta o fraudulenta de una propiedad que le pertenece a alguien. Aquí tenemos una definición de un instante.

“Lo que permite que esas ocupaciones ilegales se sostengan son los abogados que mal practican la profesión, los funcionarios y operadores jurídicos que se corrompen, son incapaces, se tardan mucho en desahogar su trabajo”, explica.

Para realmente combatir el despojo, se requiere evitar que se consolide al ‘congelar’ un inmueble cuando exista una denuncia, antes de que se pueda realizar sobre este un cambio de propiedad, subraya Meneses.

“Sería trabajar sobre las propiedades, lograr que se congelen, lograr que regresen a sus legítimos propietarios en el menor tiempo posible y asegurar que ese retorno sea seguro y permanente”, considera el profesor-investigador de la División de Estudios Jurídicos del CIDE.