Magistrados 'acordeón' entrampan resolución de multas... por acordeones

Hasta ahora, los nuevos magistrados tienen en pausa la resolución de juicios relacionados con los acordeones y otras irregularidades, en los que se perfila el perdón de las multas económicas, incluidas las que el INE les impuso a ambos.

Eso se debe a que presentaron solicitudes de excusa para no conocer ni resolver sobre sanciones impuestas a candidatos judiciales, ya que ellos mismos fueron multados por los acordeones y por diversas irregularidades en materia de fiscalización, como algunos cercanos al magistrado Felipe de la Mata, quien también se excusó de resolver ciertos casos.

El 29 de julio, el Consejo General del INE avaló multas contra 172 candidatos judiciales federales y locales que resultaron ganadores en la elección del 1 de junio, pero que figuraron de manera física o digital en alguno de los ejemplares de acordeones o guías de votación que logró documentar el Instituto.

Además de Valle y Guzmán Bátiz, 10 de los 15 futuros magistrados de las cinco Salas Regionales del mismo Tribunal también fueron sancionados.

De Guzmán Bátiz y Valle impugnaron ante la Sala Superior del Tribunal Electoral, de la que ahora forman parte y, para no incurrir en un posible conflicto de interés, pidieron excusarse de las resoluciones que el Tribunal emite al desahogar las impugnaciones presentadas por los otros candidatos sancionados, ganadores o no.

Esto disparó la cifra a más de 900 solicitudes de impedimento acumuladas en las últimas semanas.

El domingo 28 de septiembre, en sesión privada, los magistrados resolvieron en bloque cinco incidentes de excusa y expedientes acumulados, en los que determinaron que en unos casos, esos dos magistrados sí están impedidos de participar en la discusión y resolución de los casos, pero no en todos.

Así, el Tribunal Electoral está prácticamente listo para resolver decenas de casos pendientes. Sin embargo, la discusión ha pospuesto cuatro veces. La más reciente apenas este miércoles, pues retiraron de la sesión púbica los asuntos relacionados con multas.

¿Quiénes son?

Gilberto de Guzmán Bátiz fue magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas; consejero electoral del Instituto de Elecciones del mismo estado; asesor en la Coordinación Jurisprudencia, Seguimiento y Consulta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; y consejero de la Judicatura en Chiapas.

"Soy militante de la transformación de las instituciones electorales para dotar de certeza y confianza al voto popular", escribió el excandidato judicial en la Plataforma Conóceles, del INE.

Entre las propuestas que hizo como candidato están: revalorización de la justicia, proyectar la justicia como un servicio público con efecto nivelador, y soluciones integrales del conflicto.

Claudia Valle Aguilasocho cuenta con una experiencia de más de 30 años en el Poder Judicial de la Federación. Antes de la elección judicial se desempeñaba como presidenta de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral.

"Tiene experiencia de 19 años en revisión de procesos electorales federales y locales", se destaca en su perfil público, subido a Conóceles.

Como candidata, ella propuso justicia moderna y accesible; dejar atrás que la falta de firma en una demanda traiga consigo una decisión de desechamiento o no estudio de lo que se reclama; y fortalecer al Tribunal Electoral para ofrecer certeza y generar confianza.

¿Por qué los multaron?

De acuerdo con el INE, los magistrados recibieron un beneficio indebido por aparecer en acordeones, pero también por incurrir en otras irregularidades y vulnerar el modelo de fiscalización, lo que impidió la correcta verificación de sus ingresos y gastos.

Al magistrado De Guzmán Bátiz le detectaron anomalías en el reporte de sus ingresos y gastos, además del tema de las guías de votación.

Según el dictamen aprobado por el INE, el magistrado incurrió en siete faltas, dos de carácter formal y cinco “de carácter sustancial o de fondo”, entre ellas están: omitir utilizar una cuenta bancaria a su nombre, exclusivamente para el manejo de sus recursos de la campaña y no registrar en tiempo real (tres días posteriores) operaciones por 33,683 pesos.

Además, no presentó comprobante de pago o transferencia por 49,862 pesos y no presentó documentación soporte que compruebe el gasto consistente en hospedaje y alimentos, así como pasajes terrestres y aéreos por un monto de 46,402 pesos.

El juzgador informó de manera extemporánea 25 eventos de campaña y no canceló o modificó el estatus de 28 eventos que marcó por realizar, lo que, de acuerdo con las reglas de fiscalización, impide al INE auditar eventos y realizar verificaciones, “elementos indispensables del nuevo modelo de fiscalización”.

La magistrada Valle, además de aparecer en los acordeones, incurrió en dos faltas en materia de fiscalización, según el INE, una de ellas considerada grave ordinaria.

Una irregularidad fue no abrir una cuenta bancaria específica para dispersar desde ahí los gastos de campaña y la otra, no rechazar la aportación de una persona impedida por la normatividad electoral, quien le pagó publicidad en internet.

Aunque la multa es mínima, la Unidad de Fiscalización del INE concluyó que la entonces candidata vulneró normas lo que “trae consigo la no rendición de cuentas, impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia en el origen lícito de los ingresos como principios rectores de la actividad electoral”.

'No pueden conocer esos asuntos'

El coordinador de investigación de Laboratorio Electoral, Víctor Díaz de León, considera que ambos magistrados están efectivamente impedidos de conocer dichos asuntos para no ser juez y parte.

Pero ahora el panorama es que el Tribunal Electoral tendrá que resolver de nuevo con un Pleno incompleto, de cuatro o cinco magistrados (de siete en total), pues en unos expedientes también el magistrado Felipe de la Mata solicitó excusarse, pues exintegrantes de su ponencia fueron candidatos judiciales e impugnaron sanciones.

La problemática de fondo, considera el experto, es que tanto el INE como el Tribunal Electoral no fueron dotados en la Reforma Judicial de las herramientas y el tiempo necesarios para organizar todas las etapas de la elección y finalmente para calificarla.

El especialista considera que, a la hora de resolver sobre las multas, probablemente se imponga la visión de la mayoría, que es quitar todas las sanciones que impuso el INE. Esto, podría derivar en que el caso de los acordeones quede sin castigo.

¿Qué sanciones se impusieron por los acordeones?

El INE impuso minisanciones a los candidatos a cargos judiciales: los casos más sonados fueron los castigos por figurar en acordeones, pero también se sancionaron otras conductas como la omisión de presentar informes de ingresos y gastos de campaña, aportaciones prohibidas, gastos o ingresos no comprobados y aportaciones no permitidas, entre otros.

Tan solo en materia de fiscalización fueron 18.3 millones de pesos en multas, además de sanciones por irregularidades en materia de propaganda.

Por figurar en acordeones se sancionó a candidatos judiciales federales o locales por un total de 6.3 millones de pesos.

Es el caso de los nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), todos sancionados por aparecer en las “guías de votación”. Las ministras Loretta Ortiz con 255 mil pesos; Yasmín Esquivel Mossa con 190 mil pesos; y Sara Irene Herrerías con 138 mil pesos.

La ministra María Estela Ríos con 125 mil pesos; Giovanni Figueroa con 94 mil pesos; Lenia Batres con 89 mil pesos; Arístides Guerrero 80 mil pesos; el ministro presidente Hugo Aguilar, con 79 mil pesos; y el ministro Irving Espinosa Betanzo, con 79 mil pesos.

Sin embargo, existen muchos otros casos de sanciones impugnadas en las que los quejosos alegan que el INE no individualizó las multas, tomó decisiones sin valorar las pruebas presentadas, se impusieron montos desproporcionados o simplemente resolvió al vapor.

¿Habrá carpetazo al escándalo de los acordeones?

Todos estos expedientes, más otros sancionados por diversas anomalías, están pendientes de resolución. En el caso de los acordeones se perfila la revocación "lisa y llana" de las sanciones, pues así lo proponen dos de cinco magistrados que podrían votar, indica Díaz de León.

Estos son Felipe de la Mata y Felipe Alfredo Fuentes Barrera, quienes difundieron proyectos de sentencia para desahogar casi un centenar de casos.

Para ambos, el INE no probó de forma fehaciente ni presentó pruebas suficientes que acrediten que la distribución de los acordeones fue haya sistemática o que se emplearon recursos públicos o privados, ambos prohibidos.

La razón del INE para multar fue que, si bien los candidatos judiciales que figuraron en las guías de votación se deslindaron de haberlas financiado o distribuido, se acreditó que tuvieron un beneficio indebido.

“De la información obtenida en la investigación no se tuvieron elementos para acreditar que las candidaturas identificadas en los acordeones y guías de votación tuvieran responsabilidad directa sobre su elaboración y distribución; sin embargo, como resultado de estas acciones sí se generó un beneficio a las candidaturas contenidas en dicha propaganda”, estableció el Instituto.

En uno de sus proyectos de sentencia, Fuentes asegura que el INE vulneró “los principios de legalidad, proporcionalidad y presunción de inocencia" al imponer sanciones por conductas que no logró acreditar a las personas candidatas, quienes además se deslindaron de las guías.

De la Mata argumenta que el INE, tal como lo ha resuelto el Tribunal Electoral en diversos precedentes, no presentó pruebas que vinculen a los sancionados con los hechos que se les atribuyen.

"La autoridad (el INE) pasó por alto que para atribuir responsabilidad indirecta a una candidatura es indispensable que se acredite de manera fehaciente que la persona tuvo conocimiento del acto infractor, por lo que no es suficiente afirmar categóricamente que la propaganda le reporta un supuesto beneficio para considerar que se le puede atribuir responsabilidad", sostiene el magistrado electoral.

Es decir, dos de cinco magistrados, quienes además han resuelto en bloque junto con la magistrada presidenta Mónica Soto -los tres hacen mayoría- cerrarían en definitiva el caso de los acordeones de la elección judicial, sin que el INE profundice en el origen de los recursos con que se financiaron esas “guías”.

En tanto, la magistrada Janine Otálora propone en los casos bajo su ponencia que el INE concluya sus investigaciones en un plazo corto con base en herramientas para allegarse de datos y prueba, y conocer el origen de los acordeones, acreditar la participación de candidatos y valorar si efectivamente sus deslindes resultan válidos.

Los tres magistrados, explica Díaz de León, coinciden en que el INE no hizo un trabajo completo de investigación.

“La magistrada Otálora dice: 'regrésese el expediente para que el INE lo vuelva a investigar con más exhaustividad'", explica el experto.

Únicamente el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón sostiene que se deben confirmar las sanciones impuestas por el INE; este magistrado incluso propuso -pero no prosperó- que las irregularidades en la elección judicial eran suficientes para anularla.

"Lo que dice Rodríguez es lo evidente: existió una irregularidad, pues nadie podía hacer campaña por los candidatos a jueces y juezas. O sea, si yo era candidato yo tenía que hacer mi campaña con mis recursos humanos y económicos. No podía alguien hacer campaña por mí. Eso se estipuló. Y con los acordeones quedó demostrado que hubo quien hizo campaña a favor de otra persona”, alerta Díaz de León.

“El hecho de que existiera un acordeón, de que le dijeran a la gente: vota por fulanito, vota por una persona, vota por un candidato, ya desde ahí hay una irregularidad, nadie podía hacer eso”.

Sin embargo, al ser posición minoritaria todo apunta a que no habrá sanciones a pesar de que la ley establece que la multa tendría que ser lo suficientemente alta como para evitar la reincidencia.

“Si la multa no llega a la anulación de la elección por supuesto que la cantidad que sea le sale barato a una candidatura infractora promovida en los acordeones. Todo se va a reducir a una multa de dos pesos, no importa la acción que yo cometa, (…) de una vez aparto mis cuatro pesos para para abrir el paraguas ¿no? Para protegerme de antemano de todas las multas que me pudieran llegar”, expresa.

El experto electoral sostiene que, ante ese panorama, se podría desperdiciar una oportunidad de establecer desde ahora que la elección judicial debe ser ejemplar.