Las multas globales impuestas por el INE al resolver 96 procedimientos administrativos sancionadores y de queja en materia de fiscalización, todos relativos a "guias de votación" o acordeones, ascienden a 6.3 millones de pesos.
Más adelante, el INE cerró la fiscalización de la elección judicial y debido a irregularidades detectadas en informes de ingresos y egresos impuso multas por 18.3 millones de pesos a candidaturas judiciales federales y locales.
Acordeones, un misterio sin pistas
Del monto global de sanciones (6.3 millones de pesos), por el beneficio obtenido al aparecer en acordeones, se desprenden también multas impuestas a candidatos judiciales de la Ciudad de México, que sumaron un millón de pesos en conjunto; otro bloque de Sonora 508,000 pesos y 1.2 millones de pesos a abanderados judiciales de Michoacán.
Tras hallarse que candidatos judiciales aparecieron en acordeones físicos y además en otros distribuidos electrónicamente, las multas se duplicaron.
Sólo por este caso de listados la ministra más multada fue Loretta Ortiz: obtuvo dos sanciones que suman 255,000 pesos. Mientras tanto, Irvin Espinoza, ministro electo, fue el que menos obtuvo, pues su multa fue de 79,198 pesos.
Las sanciones se acordaron por mayoría del INE. La Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del INE detalló en sus expedientes que la única propaganda permitida era la que pudieran pagar los candidatos de su bolsa, y dado que 448 abanderados judiciales se deslindaron de las “listas de votación”, quedó en evidencia que estas fueron financiadas por terceros y, por tanto, fueron ilegales, aunque no tuvo pistas del origen de los recursos.
Aunque se avaló iniciar un procedimiento oficioso para continuar con la investigación sobre el origen de los recursos destinados a la producción y distribución de acordeones físicos y para el diseño y operación de los sitios web que alojaron dicha propaganda, y en algunos expedientes se dio vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FISEL) para que determine si hay ilícitos, el INE optó por cerrar otros casos.
Con seis votos y cinco en contra el Consejo General rechazó devolver a la UTF cuatro expedientes con el fin de seguir las indagatorias entorno a quién pagó y distribuyó los listados en Colima, Aguascalientes, Tamaulipas, casos en los que están denunciados Morena, el gobierno de Colima y el Partido Acción Nacional (PAN).
En la discusión, los consejeros Martin Faz y Dania Ravel acusaron que hubo falta de exhaustividad en algunas diligencias y solicitaron esa devolución, para mantener vivo el caso, pero la mayoría se impuso con el carpetazo.
Por ejemplo, señaló Ravel, en algunos casos los candidatos a ministros no fueron requeridos, pese a aparecer en los acordeones.
Se defiende el área de fiscalización
En la sesión se resolvieron 17 de 29 quejas y 345 procedimientos oficiosos relacionados con acordeones que, de manera física o digital, fueron elaborados y distribuidos.
“Fue posible tener certeza de la elaboración de por lo menos 336 ejemplares físicos, sin que se tenga cifra cierta y determinada, a través de pruebas idóneas, aptas y suficientes (sobre su financiamiento)", determinó la UTF en los documentos.
“De la información obtenida en la investigación no se tuvieron elementos para acreditar que las candidaturas identificadas en los acordeones y guías de votación tuvieran responsabilidad directa sobre su elaboración y distribución; sin embargo, como resultado de estas acciones, sí se generó un beneficio a las candidaturas contenidas en dicha propaganda”, añade.
Además del carpetazo, seis de cinco consejeros del INE decidieron no iniciar procedimientos oficiosos en contra de las personas físicas y morales que ignoraron las solicitudes de información hechas por la UTF.
