La llegada de juzgadores electos cercanos a Morena resultó una oportunidad para que cuadros ligados a ese partido se acomodaran, también, en el Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Políticos, exfuncionarios y excandidatos judiciales afines a la llamada 4T, así como familiares de morenistas, ya laboran en puestos judiciales clave independientemente de su formación, méritos o experiencia.
Es el caso de Catalina Ramírez Hernández, exdiputada suplente de Morena en Hidalgo y Surit Berenice Romero, morenista y extitular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
Ambas integran el Órgano de Administración Judicial (OAJ), el nuevo ente responsable de los recursos humanos, materiales y financieros de todo el Poder Judicial, además de tener a su cargo alrededor de 47,000 plazas.
Para el politólogo de la UNAM, Miguel Ángel Romero Ramírez, con la llegada equipos ligados a Morena en posiciones clave del Poder Judicial se "cae" la narrativa de la autonomía que se usó para impulsar la reforma en la materia.
“Es decir, en estricto sentido sí se necesita que haya un Poder Judicial autónomo, pero era una simple narrativa del régimen para ahora cooptarlo y para que ahora haya grupos se apropien de estas posiciones”.
En la Suprema Corte, los nuevos ministros también incorporaron a exfuncionarios de gobiernos morenistas y hasta familiares de militantes o simpatizantes de ese partido.
Con una larga carrera de más de 40 años en la política y hermanos en cargos legislativos o de gobierno, la dinastía política del coordinador de Diputados de Morena, Ricardo Monreal, es una de las más visibles y ahora también están en el Poder Judicial.
Su hermana María del Refugio Monreal es secretaria auxiliar en la ponencia de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, fundadora de Morena, quien ganó la elección para continuar en el cargo.
El cuñado de Monreal, es decir, el esposo de María del Refugio, es Gerardo García Marroquín, nuevo director de la Coordinación de Sistematización y Compilación de Tesis de la Corte.
Antes de integrarse al máximo tribunal, García Marroquín era titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (FISEL), cargo que asumió tras el deceso de José Agustín Ortiz Pinchetti, esposo de la ministra Ortiz Ahlf.
Como fiscal, García tuvo a su cargo investigar las denuncias presentadas en el marco de la elección judicial, pero dejó esas indagatorias para irse a la Corte, ahora conformada por quienes participaron en ese proceso electoral, algunos de los cuales incluso fueron denunciados ante la FISEL.
Algunas denuncias que debió investigar fueron sobre los acordeones, su financiamiento y distribución en periodo prohibido, pero ese caso quedó en el aire, sin deslinde de responsabilidades.
"Asumo este compromiso con responsabilidad, respeto institucional y plena convicción de contribuir, al fortalecimiento del Estado de derecho y a una justicia más cercana, accesible e incluyente. El deber de servir al país me inspira a seguir trabajando con integridad, ética y responsabilidad", posteó García el 1 de septiembre al integrarse a la Corte.
reflejando un cambio profundo en la relación entre el Poder Judicial y la ciudadanía. Esta nueva integración está conformada por nueve integrantes, y será presidida por el ministro Hugo Aguilar Ortiz, de origen mixteco.
— Gerardo Marroquín. 🗳️ ⚖️ (@Marroquin_Ger) September 2, 2025
Asumo este compromiso con responsabilidad,
Al asumir sus cargos el 1 de septiembre, los nuevos ministros realizaron algunos nombramientos, aunque la mayoría del personal jurídico que fungió en la anterior integración de la Corte se mantiene en sus posiciones, eso al menos hasta que concluya el presente año fiscal.
El ministro Arístides Guerrero llevó como su asesor en la Corte al exdiputado local en Guerrero por Morena, Moisés Reyes Sandoval, quien además fue promotor en el estado de la precampaña presidencial del hoy líder de los senadores morenistas, Adán Augusto López Hernández.
Reyes fue legislador por el distrito siete, enclavado en Acapulco, y es un operador político formado en el partido de la Revolución Democrática (PRD), del que fue dirigente nacional de las juventudes perredistas y fundador de las Juventudes de Izquierda (JIZ), aunque ahora es de Morena.
El ministro Guerrero absorbió a integrantes de la ponencia de la ministra Margarita Ríos Farjat, aunque también sumó a su equipo a Juan Antonio Ángeles Grande, quien era subdirector de Defensa Legal de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
Ángeles Grande, cuya especialización es el litigio en materia constitucional, laboró en la Consejería de la Presidencia entre 2019 y 2022, ahora trabaja en la ponencia del ministro Arístides Guerrero.
El ministro Hugo Aguilar Ortiz tiene a su cargo, además de los puestos asignados a la presidencia de la Corte, otras 56 plazas.
Incorporó, por ejemplo a Gustavo Miguel Meixueiro Nájera, exconsejero presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca —quien en 2020 fue una de las varias cartas impulsadas por Morena para ser consejero del INE— como secretario de Enlace y Coordinación en la oficina de la presidencia de la Corte.
Como su secretaria particular, el ministro Aguilar integró a Greysi Adriana Muñoz Laisequilla y quien fue secretaria de estudio y cuenta del magistrado electoral, Felipe De la Mata Pizaña, uno de los tres integrantes del Tribunal Electoral que rechazó la existencia de irregularidades como los acordeones en la elección judicial.
También cercano a él es su secretario de Estudio y Cuenta, y coordinador de su ponencia, Alfredo Silva Juárez, quien era juez y fue a la elección en espera de refrendar en el cargo, pero no ganó.
La ministra María Estela Ríos González reagrupó -entre las 63 plazas a su cargo- a una parte del que fuera su equipo en la Consejería Jurídica del Ejecutivo el sexenio pasado.
Su equipo ya se había desintegrado, pues ocupaba posiciones en tribunales administrativos y diversas dependencias, pero al menos ocho se volvieron a reunir para sumarse a la ponencia de Ríos en la Corte.
Edgar Armando Aguirre González, quien apenas este 18 de septiembre obtuvo licencia como magistrado de la Sala Regional en Hidalgo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), aparece listado como secretario de Estudio y Cuenta, y coordinador de la ponencia de Ríos.
Aguirre era titular de la Unidad de Transparencia y secretario técnico del Comité en la Consejería Jurídica.
Alberto Díaz Rivera, hoy secretario auxiliar de Ríos, fue subdirector de Defensa Legal y subdirector de Contabilidad y Control Normativo en la Consejería Jurídica del Ejecutivo; también fue asesor Legislativo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado en la Legislatura pasada.
Raymundo Espinoza Hernández, secretario de Estudio y Cuenta, buscó ser ministro y el sexenio pasado fue titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, con María Elena Álvarez-Buyllá.
"La transformación exige romper con la cultura jurídica dominante, reconciliar el principio de legalidad con la justicia social. Sin un cambio metodológico profundo, la justicia seguirá siendo ajena al pueblo", escribió Espinoza el 28 de agosto en su cuenta de Facebook.
En la ponencia de la ministra Ríos además está Mario Gaviña Morales como secretario auxiliar; fue director de tecnologías de la información y comunicaciones de la Consejería en el tiempo en que esta dependencia fue víctima de un hackeo masivo en el que se habrían robado 313 gigabytes de información.
Eduardo Manuel Méndez Sánchez, secretario de Estudio y Cuenta, fue consejero adjunto de Legislación y Estudios Normativos en la Consejería Jurídica y magistrado de una sala regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Claudia Angélica Nogales Gaona colabora con la ministra desde la época en que ésta fue directora general jurídica y de gobierno de la Jefatura de Gobierno de la CDMX; luego fue consejera adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso en la Consejería presidencial.
Ya era magistrada presidenta de la Primera Sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en Nuevo León, pero se integró al equipo de Ríos en la Corte; ahora es secretaria de Estudio y Cuenta.
También está el caso de Arlín Maribel Pérez Parada; fue consejera adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso y le tocó litigar a favor de Andrés Manuel López Obrador en defensa de su “libertad de expresión” para que el expresidente pudiera hablar de política y campañas en sus mañaneras, pese a que el INE alertó riesgo de inequidad rumbo a la elección de junio de 2024.
Hace unos meses ya era Directora de Asuntos Jurídicos de la Financiera para el Bienestar, pero regresó al equipo de Ríos, ahora agrupado en la Corte, donde es secretaria de estudio y cuenta de la morenista.
María Cristina Rivera Cruces, exsubdirectora de Soporte Técnico y Telecomunicaciones de la Consejería Jurídica, ahora es técnica operativa en la Suprema Corte; Misael Tello de la Calleja estuvo en la Consejería y apenas en marzo asumió la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana de la Ciudad de México, pero dejó el cargo para asumir como secretario auxiliar de la ministra.
El politólogo Miguel Ángel Romero Ramírez subraya que esta composición de la Corte y el Poder Judicial evidencian que el único y último objetivo de la reforma en la materia fue la incorporación de perfiles que terminen sirviendo a intereses políticos.
"(Intereses) que ahora son del régimen y de la mayoría”, sentencia Romero.
¿Ellos a quiénes van a servir estando en sus funciones? Esa narrativa que se enarboló para supuestamente tener un Poder Judicial Autónomo, la verdad es que se cae completamente”.
Con 65 integrantes en su ponencia, la ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien entró a la Suprema Corte en 2019, también reclutó a varios personajes ligados a la llamada 4T.
Es el caso de Eligio Soto López, quien es asesor y padre de la aún ministra presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto, otra de las juzgadoras que desestimó las presuntas irregularidades durante la elección judicial, en la que participó la jefa directa de su familiar.
También trabaja con ella Jorge Antonio Vázquez de Gyvés, en calidad de secretario auxiliar de acuerdos. Él es sobrino de la hoy magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial, Verónica de Gyvés, cuya responsabilidad es investigar y aplicar sanciones ante actos irregulares o antiéticos, desde ministros hasta personal judicial.
Otro es Alejandro Félix González Pérez, secretario de Estudio y Cuenta de la ministra Esquivel; es hijo del exconsejero de la Judicatura, Alejandro Sergio González, cuyo nombre apareció en la denuncia anónima que señaló a juzgadores encabezados por el exministro Arturo Zaldívar de presionar para supuestamente resolver casos del interés del gobierno de López Obrador.
Aunque nada pasó con esa investigación, que no concluyó, simplemente fue descartada, Zaldívar es ahora coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia.
El ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía cuenta con 53 plazas en su ponencia; en ella recuperó a algunos integrantes del equipo del exministro Juan Luis González Alcántara Carrancá e incuso de la exministra Norma Piña.
Algunos tienen trayectoria en alcaldías gobernadas por el PRD o Morena, como Karla Martínez Quintero, quien es secretaria auxiliar pero fue subdirectora de Verificación y Reglamentos de la Delegación Iztacalco y también parte del equipo jurídico de la alcaldía Xochimilco.
Con 79 plazas en su ponencia, la ministra Lenia Batres invitó a varios exfuncionarios de alcaldías capitalinas y del gobierno de la CDMX, que durante varios meses encabezó su hermano, Martí Batres, exsenador y exlíder de Morena.
-Jesús Adalid Mayorga. Tiene cargo de asesor y fue coordinador del programa de reordenamiento del comercio en vía pública en la alcaldía Cuauhtémoc. También fue titular de la dirección territorial Tlaltelolco en esa alcaldía y director de Fomento al Cooperativismo del gobierno de la ciudad.
-Adrián Cajeme Álvarez López. Es asistente de gestión y seguimiento de la ponencia de la ministra y fue exfuncionario en el área de apoyo logístico de la alcaldía Gustavo A Madero; antes lo fue del municipio de Texcoco, en ambos casos con gobiernos de Morena.
-Teresa Catalina Acevedo Hernández. Es profesional operativa de la ponencia y antes fue encargada de despacho de la Dirección General de Administración del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.
-Claudia Ivette Arroyo Morales. Es técnica operativa, antes estuvo en las universidades del Bienestar Benito Juárez, en la Dirección General Jurídica y de Enlace Legislativo de la CDMX y fue subdirectora de la dirección de género de la Secretaría de la Función Pública.
-Netzaí Sandoval Ballesteros. El hermano de la exsecretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, es secretario de estudio y cuenta y coordinador de la ponencia de Batres.
Otros son Julio César Medellín Cázares, hoy secretario de estudio y cuenta adjunto; fue coordinador de servicios jurídicos y transparencia en el gobierno de la ciudad, y Guadalupe Mariel Bonilla hoy secretaria auxiliar, exactivista y exrepresentante legal de organizaciones campesinas.
Uno más es Engels Agustin Contreras Piña, secretario auxiliar y exsubcoordinador Jurídico del Frente Estatal y Magisterial “Melchor Ocampo y consultor en materia político electoral.
Miguel Ángel Romero, politólogo de la UNAM, advierte que estos nombramientos también muestran que los grupos de poder dentro de Morena buscan "apalancarse" con nuevas posiciones y "cotos" de toma de decisión.
En algunos casos, considera, para hacer contrapesos y, en otros, para mantener liderazgo dentro de Morena.
