Poder Judicial 'cocina' reparto de cargos clave; ven riesgo en independencia

Itzel Checa Gutiérrez, coordinadora del Observatorio de Designaciones Públicas (ODP), considera que el panorama del PJF es la llegada de una nueva clase judicial cercana al poder, misma que también tendrá el control de los cargos más relevantes.

La especialista advierte que también es de esperarse procesos "mucho menos" rigurosos.

"Hemos visto muchos retrocesos en las designaciones de altas responsabilidades públicas”, explica Checa Gutiérrez.

Tito Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, plantea que en estos cargos idealmente deberían ser designadas personas "técnicas", no perfiles políticos o empatados con un movimiento.

La 'mano' de los poderes Ejecutivo y Legislativo, dentro del Judicial

Checa recuerda que la administración de recursos, de personal y, en general, el funcionamiento del sistema judicial, serán funciones que ahora tendrá a su cargo el nuevo Órgano de Administración Judicial (OAJ).

Advierte que desde ahí se podría tener más control, pero político, y quizá menos escrutinio tanto de los cuantiosos recursos, que este 2025 ascendieron a 5,208 millones de pesos, como de las más de 5,000 personas que integran el PJF.

Esta nueva instancia tendrá cinco integrantes, designados uno por la Presidencia de la República; uno por el Senado y tres por el Pleno de la SCJN, con mayoría de seis votos. Como el Senado y la SCJN están en receso, designarán a sus integrantes hasta septiembre, y será hasta entonces cuando el Órgano se integre formalmente.

Hasta antes de la Reforma Judicial, explica Checa, había requisitos adicionales para estas tareas, como que los perfiles se tenían que distinguir por su capacidad profesional y administrativa, honestidad y honorabilidad en el ejercicio de sus actividades.

Además, se tenían algunos "candados" como, por ejemplo, no haber sido titulares de alguna secretaría.

"Sin embargo, esos candados que buscaban más o menos ir salvaguardando su independencia, pues con la Reforma Judicial se quitaron”, lamenta Checa.

Ahora, se establecieron bases muy sencillas, considera la especialista, y no están dirigidas necesariamente a garantizar perfiles técnicos, especializados e independientes.

Bastará, por ejemplo, título y experiencia profesional de cinco años en Derecho, Economía, Actuaría, Administración o Contabilidad.

También son requisitos: ser mexicanos por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos; no estar inhabilitados para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público; ni haber sido condenados por delito doloso con sanción privativa de la libertad.

Otra diferencia es que la Suprema Corte emitía una convocatoria a magistraturas y juzgados para que formaran parte de la Judicatura. El Senado también publicaba un acuerdo con una convocatoria pública.

“Y se hicieron en algunos casos entrevistas a las personas que querían ser consejeras. Yo sé que todos estos elementos pues en algunos casos eran de trámite porque quizá ya había decisiones tomadas, pero había más escrutinio, transparencia”, recalca Checa.

Ahora, en cambio, el Ejecutivo y el Legislativo tendrán un enviado en la administración del Poder Judicial.

“Y al final aumenta más la discrecionalidad y sabemos que, cuando hay mayor discrecionalidad, pues también hay mayor opacidad”, señala la experta.

Los 'jueces de jueces'

Además del Órgano de Administración Judicial, los especialistas mantienen su preocupación en el Tribunal de Disciplina, cuya función será vigilar el desempeño de jueces y magistrados, así como someterlos a investigación y eventual sanción administrativa.

Para los especialistas, existe riesgo de que este Tribunal se use como "arma de presión o persecución de juzgadores" por el contenido de sus sentencias, y no necesariamente por casos de corrupción.

Esto, debido a que la Reforma Judicial dejó conceptos ambiguos como la falta de objetividad, profesionalismo o de excelencia como causales para sancionar a los juzgadores federales.

"Podrá sancionar a las personas servidoras públicas que incurran en actos u omisiones contrarias a la ley, a la administración de justicia o a los principios de objetividad, imparcialidad, independencia, profesionalismo o excelencia, además de los asuntos que la ley determine”, dice el artículo 100 de la Constitución.

El Tribunal de Disciplina también podrá actuar si no hay “debida diligencia”, retraso o demora al resolver casos tributarios y fiscales.

El Tribunal de Disciplina Judicial es constitucional y ya tiene a sus cinco integrantes: Celia Maya (presidenta de 2025 a 2027), Bernardo Bátiz, Verónica De Gyves Zárate, Indira Isabel García Pérez y Rufino León Tovar.

Ahora, lo que resta es que inicie funciones e integre sus órganos auxiliares.

El investigador Garza Onofre insiste en que el perfil ideal de quienes se integren a este Tribunal debe ser técnico, pues para la función que desempeñarán se requieren personas con experiencia probada. Estima, sin embargo, que no va a ocurrir así.

“Quienes van a llegar a esos cargos pues probablemente sigan una 'correa de transmisión' o personas cercanas a quienes ganaron el TDJ, que estarán ahí Bernardo Bátiz, Celia Maya o Verónica de Gyves”, observa.

Incluso es previsible, señala, que los ministros coloquen a personas cercanas en los órganos del Tribunal de Disciplina.

"Quizá haya una correa de transmisión mucho más ampliada hacia Yasmín Esquivel o hacia Lenia Batres y Loretta Ortiz”, sostiene.

Fabienne Cabaret, directora de la Fundación para la Justicia, plantea que, pese a que del “nuevo” Poder Judicial es inminente, queda seguir vigilantes y con altos niveles de exigencia desde la sociedad civil.

"Toca la labor de documentación y monitoreo de lo que ocurre y de lo que viene: la instalación formal de la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina, la conformación de los órganos auxiliares, pues no se puede decir que la reforma y la elección ya pasaron, ya se consumó todo y no hay nada que hacer", enfatiza.

“Si lo dejamos como tarea de unos cuantos académicos o especialistas, pues va a ser complejo tener un impacto distinto para el 2027. Se necesita otro nivel de involucramiento y politización".

Cargos por repartir

Para la operación del TDJ, el Congreso aprobó reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en donde se estableció que el pleno de éste dictará las sanciones, pero contará con dos órganos auxiliares, que son los que investigarán y "sustanciarán" los casos, de ahí su relevancia,

Así, ese Tribunal tendrá en su estructura dos instancias: un Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas (OIRA) y un Órgano de Evaluación de Desempeño Judicial (OEDJ).

El Órgano de Investigación deberá indagar los hechos u omisiones que puedan constituir responsabilidades administrativas de los juzgadores y tendrá la delicada tarea realizar diligencias y sustanciar procedimientos para proponerlos a votación del Tribunal.

Y el Órgano de Evaluación de Desempeño Judicial será el competente de calificar y dar seguimiento al desempeño de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial salvo la Suprema Corte y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Checa subraya la necesidad de que esos dos órganos auxiliares y sus estructuras aprovechen la experiencia de la Unidad de Investigación de Responsabilidades Administrativas y otras áreas especializadas del Consejo de la Judicatura, próximo a extinguirse.

Precisamente por sus amplias facultades y posible sobrecarga, recalca la experta, es importante que sean perfiles expertos, con capacidad de realizar investigaciones y evaluaciones de desempeño.

“Vale la pena revisar cuáles van a ser todas esas capacidades institucionales para poder monitorear de manera adecuada y que no se confirme esta hipótesis de que van a ser sanciones selectivas hacia personas juzgadoras, que no están resolviendo conforme a los intereses del gobierno en cuestión”, propone Checa.

“Puede haber mucho borrón y cuenta nueva, y tener un cuerpo nuevo de profesionales que no es lo ideal”.

Sin embargo, la Ley Orgánica es laxa en cuanto a los requisitos de los titulares de los dos órganos auxiliares.

El responsable de Investigación no tiene requisito de edad mínima y deberá tener título profesional afín a sus funciones y experiencia mínima de cinco años, preferentemente en la materia de responsabilidades administrativas.

Para la titularidad del área de Evaluación solamente se exige título profesional en Derecho legalmente expedido y con la "experiencia profesional suficiente" para el desempeño del cargo.

De hecho, hay más candados para los visitadores, que serán sus subalternos.

Ellos deberán tener más de 35 años, gozar de buena reputación, no tener condena por delito con pena privativa de libertad mayor de un año, título profesional en Derecho legalmente expedido y experiencia profesional de cuando menos cinco años en materia de impartición de justicia, políticas públicas y/o evaluación del desempeño institucional.

Sin embargo, los expertos plantean que, más allá de candados o no para los nuevos funcionarios, desafortunadamente estos órganos y los perfiles no modificarán el sentido de una reforma lesiva para la independencia judicial.

“Vamos a tener que esperar a que se reacomoden los nichos de poder, las cuestiones de las plazas y estar a la expectativa sobre cómo actuarán ante las sentencias que no les sean cómodas", agrega Garza Onofre, de la UNAM.