La resolución de la “nueva” Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la deuda fiscal de Grupo Salinas desató preocupación e incertidumbre jurídica frente a otros casos que están próximos analizarse y que implican disputas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Se trata de litigios de la autoridad fiscal con la empresa surcoreana Samsung y ocho maquiladoras, quienes señalan que se les quiere aplicar una doble tributación derivada de una interpretación a las reglas.
La empresa surcoreana Samsung Electronics mantiene una disputa legal por 6,714 millones de pesos que el SAT reclama por concepto de IVA no retenido entre 2019 y 2023.
Mientras que en el caso de ocho empresas maquiladoras, exigen la devolución del IVA que ya se les cobró por una nueva interpretación. Si la Corte les concede la razón, el SAT estaría obligado a la devolución de 46,000 millones de pesos.
Tanto como Samsung las maquiladoras reclaman la vigencia de las reglas del programa IMMEX, un esquema que permite a las empresas importar temporalmente componentes necesarios para su producción y sus procesos de transformación, sin pagar IVA, siempre que el producto final se exporte.
No obstante el Pedimento V5 permite que los productos se "exporten virtualmente", pero se queden en el mercado nacional para fines logísticos y de reducción de trámites y costos.
De acuerdo con la autoridad fiscal, ese mecanismo del programa IMMEX fue utilizado de forma abusiva por algunas compañías exportadoras y generado evasiones fiscales, por lo que en 2019 modificó su interpretación y consideró que si la mercancía está en México, se debe aplicar el Impuesto al Valor Agregado, pero como también se está “importando” debe causar IVA.
La tecnológica surcoreana argumenta que se trata de operaciones documentales entre empresas IMMEX que participan sucesivamente en la cadena de producción antes de la exportación final, por lo que no ameritan pago de IVA y hacerlo implicaría un pago doble.
La Corte atrajo este caso, luego de una contradicción de criterios, ya que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y el Pleno Administrativo de la Región Centro Norte dieron la razón a las empresas, pero en diciembre pasado un Tribunal Colegiado con sede en Yucatán falló a favor del SAT y en contra de una maquiladora, a la que se requirió el pago de un crédito fiscal de 9.2 mdp.
Coparmex advirtió que –de confirmarse el criterio de Hacienda– cualquier industria mexicana que participe en el programa IMMEX estaría en riesgo de ser gravada de forma injustificada.
El expresidente del Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y diputado federal por MC, Gustavo de Hoyos Walther, plantea que la “nueva” Corte actúa de "forma inusual" y atrae casos como esos, pero no por su relevancia jurídica, sino por la cuantía de recursos que representarían.
“El Poder Judicial debe mantener una independencia de criterio. Si el fisco requiere o no más recursos, no es un asunto que le incumbe a la Corte, eso le corresponde a la política hacendaria y al Poder Legislativo al establecer los impuestos”, dice el también experto en derecho corporativo e internacional.
Bajo ninguna circunstancia el criterio de recaudación debe de normar la actuación de la Corte.
Hasta septiembre de 2025, el SAT ha ganado 6,559 juicios por 141,547 mdp y perdido 3,774 por un monto de 33,223.6 mdp, de acuerdo con el más reciente informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de la Secretaría de Hacienda.
De acuerdo con el especialista en derecho fiscal, Arturo Pueblita, en aras de una mayor recaudación, en esos casos pendientes se podrían repetir decisiones como en el del Grupo Salinas y aplicar nuevos criterios de la Secretaría de Hacienda.
"Ambos asuntos son de lo mismo de lo que se quejan las empresas de Grupo Salinas, pero no en temas de consolidación (fiscal) sino en temas de IVA, pero ya te habla de un patrón del establecimiento de cobros dobles”, expone.
En el caso de las empresas de Ricardo Salinas Pliego, el detonante fue la reforma del 2014 con la que se eliminó la consolidación fiscal y se suprimió el régimen que permitía a empresas controladoras compensar las ganancias de algunas subsidiarias con las pérdidas de otras y aplazar el pago del Impuesto sobre la Renta (ISR).
De acuerdo con las autoridades, este esquema fue utilizado para simular pérdidas y evitar el pago de impuestos durante años.
Por su parte, Grupo Salinas acusó que se trataba de "extorsión fiscal". Lo que estamos peleando es simple: que el SAT no nos cobre dos veces por lo mismo. Se trata de cobros abusivos, dobles e ilegales que corresponden a interpretaciones arbitrarias de las leyes, guiadas por consigna política y no por el derecho. Como resultado, los créditos fiscales han sido inflados artificialmente por actualizaciones, multas y recargos, hasta llegar a cifras absurdas", acusó.
Los casos de Grupo Salinas, Samsung y las maquiladoras coinciden en que el origen de los litigios fue una nueva interpretación de la SHCP a las reglas, pero a decir de los expertos en materia fiscal, Erick Elizarrarás y Arturo García, socios de la firma ARPEA consultores, los casos tienen sus diferencias.
Explican que en el caso Salinas Pliego hubo “manipulación fiscal probada", mientras que con los casos relacionados con IMMEX la Corte tendrá que definir una interpretación a la Ley del IVA.
“Existe una contradicción legal genuina sobre el uso del pedimento V5 del IMMEX y el alcance del artículo 4 de la Ley del IVA. Durante 20 años la autoridad permitió cierta interpretación, y ahora pretende modificarla de manera retroactiva”, valoran. En este caso “hay ambigüedad jurídica real”, consideran.
La Corte está diferenciando entre fraude y ambigüedad, no aplicando un criterio político uniforme, aunque reconocemos que en caso de que la SCJN falle a favor del SAT, el Ejecutivo federal se vería sumamente beneficiado de poder cumplir algunas de sus promesas de recaudación y endeudamiento.
A diferencia del caso Salinas, Samsung cuenta hasta ahora con los fallos a su favor en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). Incluso la ministra Yasmín Esquivel Mossa ya había presentado un proyecto según el cual no es procedente gravar con IVA las llamadas "exportaciones virtuales".
En febrero, la ministra descartó que se trate de "evasión fiscal" y coincidió con la Coparmex en que se trata de una “doble tributación” y vulnera los principios de equidad fiscal, ya que las exportaciones virtuales no implican una venta a consumidor final, por lo que no ameritan ser gravadas al no generar valor agregado interno.
Por su parte, la ministra Batres, en la misma tónica que el SAT, aseguró que en el acaso de las maquiladoras, las empresas evaden impuestos y deben pagar.
“Determinar como inconstitucional el pago y la retención del IVA con motivo de la enajenación de mercancías en territorio nacional, consideradas retornadas virtualmente al extranjero, podría implicar la legitimación de evasión fiscal y producir un daño significativo a la hacienda pública”, señaló.
En tanto que de Samsung, dijo que el fisco podría enfrentar una pérdida de 13,500 millones de pesos incluyendo actualización, multa y recargo. "Constituiría, entonces, una condonación ilegal que comprometería la continuidad de políticas públicas y programas sociales en perjuicio de la población más vulnerable del país”, aseguró.
Respecto al asunto de las maquiladoras, el pasado 1 de octubre la SCJN aplazó de nuevo la discusión. En el proyecto elaborado por la ministra Yasmín Esquivel se concedía la razón al SAT.
"El adquirente residente en México, por una parte, debe pagar el impuesto por la importación definitiva de las mercancías como sujeto pasivo o causante y, por otra, debe enterar el impuesto por enajenación causado por el residente en el extranjero, en su calidad de retenedor", según el documento.
Ante la próxima discusión sobre el tema, falta el pronunciamiento de los ministros electos en urnas en junio para definir el destino de estos litigios fiscales.
