“El Tribunal de Disciplina Judicial tendrá a su cargo la investigación, substanciación y resolución de los procedimientos de responsabilidad administrativa del personal jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación, así como la resolución del recurso de revisión en tales procedimientos y en los que involucren presuntas faltas graves cometidas por el personal administrativo del Poder Judicial de la Federación”, señala la reforma.
La modificación que expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, recién aprobada por el Senado, señala que este Tribunal de Disciplina investigará e impondrá sanciones a los servidores públicos de este Poder de la Unión cuando cometan faltas administrativas como corrupción, tráfico de influencias, nepotismo, complicidad con delincuentes o cuando sus resoluciones no se ajusten a los principios de “objetividad, imparcialidad, independencia y profesionalismo”.
La creación de este Tribunal de Disciplina ha generado cuestionamientos entre los juzgadores, quienes aseguran que este nuevo órgano tendrá “demasiado poder”, ya que la ley establece que las resoluciones que emitan serán definitivas y no podrán ser atacadas.
“A este órgano no se le podrá cuestionar ningún tipo de resolución que emita en Pleno y desde el momento en que no hay un contrapeso con la determinación que emita este organismo, creo que estamos perdidos. Se le está dando demasiado poder si no hay una instancia superior que pueda revisar sus actos; se le está dando un poder ilimitado”, dijo el magistrado Samuel Meraz Lares.
El magistrado explicó que hoy la Constitución señala que el Tribunal de Disciplina podrá investigar a juzgadores y sancionarlos cuando “incurran en actos u omisiones contrarias a la ley, a la administración de justicia o a los principios de imparcialidad, independencia, profesionalismo, y además de los asuntos que la ley determine”.
Esto último, dijo, generará interpretaciones y opiniones divergentes al ser términos generales. Por ello, enfatizó, el Tribunal podría sancionar por un acto u omisión si lo considera “contrario a la ley, a la administración de justicia o a principios que rigen la administración de justicia”.
“El que le llamen el Tribunal de la Santa Inquisición y que puede ser una cacería de brujas, está relacionado con el poder que se le está confiriendo a este Tribunal. Ese comparativo no está tan lejos de la realidad y objetividad de que pudiera –basado en esos conceptos genéricos de la Constitución– decir: 'para mí esto va contra la ley’, y que pudiera ser incluso una cuestión de interpretación”, declaró.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) también se ha referido a este nuevo órgano como el “tribunal de la inquisición judicial”, al considerarlo que es un mecanismo de persecución.
“Este nuevo órgano constituye un mecanismo de persecución que coarta la libertad de criterio de los juzgadores y propiciará una justicia parcial y sometida a intereses políticos. Se trata, en los hechos, de un 'tribunal de inquisición judicial' que debe ser combatido nacional e internacionalmente”, señaló en un comunicado.
Asimismo, mencionó que impugnará la reforma a Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que crea el Tribunal disciplinario; sin embargo, desde la reforma constitucional al Poder Judicial ya se establece su conformación en sustitución del Consejo de la Judicatura.
“La JUFED anuncia que impugnará esta ley por todos los medios legales disponibles, en defensa de la independencia judicial y los derechos fundamentales de las personas juzgadoras. La creación de este Tribunal representa un golpe directo a la Constitución, a los principios democráticos y a la confianza ciudadana en un sistema de justicia imparcial”, agregó.
