Por tanto, “como viene la ley, va a haber una vigilancia policial respecto de los juzgadores.
¿Qué significa que tengamos atrás siempre alguien que actúa como un policía?”, cuestionó el magistrado al señalar que con ello se acabará con la independencia judicial.
En la conferencia de jueces y magistrados, el juzgador refirió que quedará a criterio subjetivo determinar qué es “claramente” y por ello no sólo se podrá sancionar a jueces y magistrados, sino que en los hechos se establecerá una instancia por arriba de ellos.
Con eso, un juez “no va a estar pensando en resolver el caso de acuerdo con la regla con la cual todos estamos de acuerdo que es la Constitución y la ley”.
Por el contrario, “va a estar pensando en qué es lo que más le va a convenir a él resolver, para no tener problemas con el Tribunal de Disciplina, que va a poderse meter a resolver y a valorar todo lo que hizo el juez”, apuntó el magistrado.
Admitió que si bien la reforma constitucional originalmente planteaba ese tipo de causales para proceder contra jueces, y al final eso se matizó, esos elementos quedaron incluidos ahora vía ley secundaria.
Explicó además que todo ese nuevo diseño “se aparta radicalmente de la carrera judicial y ya lo hemos dicho, es una lógica que atiende a un 90% de lealtad y a un 10% de capacidad”.
Al final la consecuencia será que los jueces y magistrados se convertirán en “simples operadores políticos” y si no ocurre “así ya lo vimos: aquellos jueces que no acaten, que no atiendan, bueno, serán objeto de ataques de persecución a través del Tribunal de Disciplina”.
De acuerdo con Alanís, no es novedoso que existan mecanismos para investigar y sancionar de ser necesario, sino que “la novedad es el enfoque que se le está imprimiendo”.
Lo nuevo es “la capacidad pretendida de que los jueces de jueces (que integrarán el Tribunal), que son los que disciplinan a los jueces , tengan la capacidad de revisar las decisiones como si fueran otro otra instancia, pero no para revocar la decisión no para modificarla, sino para sancionar a la persona de que desempeña la función de juzgar”.
Ministra Lenia Batres, el ejemplo
En la rueda de prensa, los juzgadores pusieron como muestra de cómo acabará el ejercicio de la elección de juzgadores en urnas con el caso de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres.
En esta semana la ministra emitió un comunicado en el que insistió en que la Reforma Judicial ya está vigente y por tanto pidió al Consejo de la Judicatura ordenar a su vez a los jueces y magistrados que aún tienen recursos pendientes de resolución en definitiva e interpuestos en contra de la enmienda, a que las sobresean, es decir, las desechen, sin analizar el fondo de los casos.
