El INE negó esa posibilidad incluso al abanderado a magistrado de circuito en materia civil en Morelos, José Roberto Rojas Robles, quien ante las dudas por el conteo de votos, donde la diferencia con relación al ganador fue de sólo 0.0032%, pidió recuento “considerando la imposibilidad de acreditar documentalmente dicha diferencia por falta de representación en casillas y actas de escrutinio y cómputo”.
Es decir, se rechazó abrir y volver a contar votos a diferencia de las elecciones ordinarias, donde los partidos pueden solicitarlo si la diferencia entre el primero y el segundo lugar es menor a la de los votos nulos, lo que hubiera aplicado en este caso.
El contraste es claro: en 2018 fueron recontados cerca de 91,000 paquetes electorales de la elección presidencial (75%) y en 2024 se abrieron y recontaron 116,397 (68.1%). En la elección judicial se perfila cero recuento, pues la mayoría morenista blindó la elección para impedir “voto por voto”.
Los aspirantes a juzgadores quedaron así impedidos para impugnar cómputo en casilla (pues no hubo), y en los hechos tampoco pudieron hacerlo para el caso del cómputo distrital, y sólo tendrán una posibilidad de impugnar el conteo final, sin que hayan tenido derecho a tener representantes para reunir elementos.
Meza sostiene que la realidad es que todo el diseño de la elección fue inequitativo para quienes contendieron; eso también será parte del reclamo.
“Creo que la razón por la que no permitió que se metieran los partidos es para hacer de esta una elección completamente inequitativa, donde todos los candidatos independientes al régimen tuvieran las manos atadas en cuanto al ejercicio de todos sus derechos políticos”, alerta.
Para el abogado, todas esas prohibiciones sirvieron para "blindar" la elección, dejar a los candidatos en indefensión y generar reglas del juego completamente inequitativas, sin ningún contrapeso ni resistencias.
Ven proceso antidemocrático; documentan irregularidades
Defensorxs y Somos MX coinciden en que la Reforma Judicial y las elecciones del 1 de junio derivarán en una crisis por la llegada de perfiles sin experiencia y la salida de cientos de abogados con carrera judicial.
Acusan que esta reforma también fue la semilla de un proceso antidemocrático por la omisión de reglas claras y prohibiciones a los candidatos, entre otras irregularidades.
“El día de hoy lo que hace calificar un proceso como democrático no solamente es la existencia del voto, sino la observación de principios de integridad electoral y muchos de esos en efecto los extrañamos en este proceso" observa Rodrigo Morales Manzanares, exconsejero del IFE (hoy INE).
"Principios de integridad es: garantía de voto informado, igualdad en el voto, que el voto valga lo mismo para todos, equidad en la contienda, en fin, son muchas cosas que desafortunadamente no vimos a lo largo del proceso este electoral reciente”.
Morales, coordinador de las “brigadas cazamapaches” de la organización Somos Mx, explica que la impugnación general que presentarán tomará en cuenta todas las etapas del proceso y no sólo lo ocurrido el día de la votación.
“Para nosotros hay problemas desde la propia ley que tiene visos de inconvencionalidad y después el propio proceso legislativo en el que se aprobó la ley tiene también algunos vicios, algunas irregularidades”, expone.
Y ya en su aplicación, refiere que hubo anomalías en la integración de los comités de evaluación, con perfiles claramente identificados con Morena, sin criterios homologados para evaluar perfiles y el pase a las candidaturas sin transparentar las decisiones.
Luego sobrevino una "cadena larga” de irregularidades, advierte Morales, entre ellas que los aspirantes no contaron con medios de defensa adecuados en caso de ser excluidos, mientras que el INE, al empatar la cartografía electoral con la judicial, generó desigualdad en el peso de cada voto.
“Si tú vivías en alguna zona en la capital, por ejemplo, en Iztapalapa, tú votabas no sólo por las seis boletas federales comunes a todo el país, sino además ahí elegías a los integrantes del Tribunal de Telecomunicaciones, de competencia económica, etcétera, cuya función o labor nos afectan a todos los mexicanos, pero no todos los mexicanos tuvimos la oportunidad de votar para integrar estas salas especializadas”, recuerda Morales.
Es decir, el voto “no valió lo mismo” y esa fue una deficiencia fundamental del modelo.
A la par de definiciones de ese tipo, a cargo del INE, Morales recuerda que desde fines de 2024 hubo actos anticipados de campaña que debieron empezar meses después, hasta el 30 de marzo de este 2025, y además se evidenciaron gastos de campaña que no todos tuvieron la oportunidad de realizar.
Pero la "desviación" más importante a su juicio fue el hecho de que, aunque la Constitución prohibió a los partidos participar en la elección judicial, pues así lo acordó Morena, esa fuerza política y funcionarios de gobiernos emanados de ese partido sí intervinieron en los comicios.
Derivado de esa irregularidad, expone Morales, sobrevino la inducción del voto, es decir, la negación del sufragio libre y secreto, lo que se concretó con la repartición de acordeones.
“Los acordeones funcionaron, fueron infalibles”, sostiene Morales.
"Eso habla de una elección que en efecto está muy alejada del voto libre, secreto, informado. O sea, los acordeones ya nos prefiguraron los resultados y eso, a su vez, refleja que hubo distintos operativos de acarreo”.
Meza asegura que tiene documentadas todas las irregularidades y "vicios", no obstante, admite dificultad para que el TEPJF admita su personalidad jurídica para impugnar.
"El mayor reto (...) es demostrar que efectivamente existió esa intervención, que los acordeones no cayeron del cielo, sino que fueron pagados por estos actores que no podían intervenir, y distribuidos por ellos y que esta intervención además fue sistemática", agrega.
"Es algo muy difícil de demostrar, pero creemos que esa es la razón de por la cual debería invalidarse la elección”.
Ambas organizaciones, junto un grupo de candidatos, buscarán que el TEPJF admita y analice sus impugnaciones, no obstante que, desde la primera impugnación relativa a la elección judicial hasta ahora, los magistradps electorales han rechazado todo recurso que modifique el rumbo de la Reforma Judicial.
