Tras las votaciones de este domingo 1 de junio, Hugo Aguilar Ortiz y Lenia Batres encabezan la elección a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de acuerdo con los cómputos distritales del Instituto Nacional Electoral (INE).
Entre los nuevos integrantes de la Corte se encuentran figuras con amplia trayectoria en el ámbito jurídico, político y académico, algunas ya conocidas por su vínculo con la llamada Cuarta Transformación y otras con experiencia en organismos internacionales o instituciones académicas de alto nivel.
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Hugo Aguilar Ortiz
El abogado indígena mixteco asumirá la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Nació en 1973 en Villa de Guadalupe, Oaxaca. Tiene 52 años.
Con una trayectoria de más de 30 años en la defensa de los derechos de los pueblos originarios, ha sido coordinador de Derechos Indígenas en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y asesor del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en los diálogos de San Andrés Larraínzar en 1996. Actualmente, lidera la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos en el INPI.
Formación académica
Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca (UABJO). Obtuvo su título con la tesis “Pluralismo Jurídico, el sistema electoral indígena en la legislación oaxaqueña”.
Maestro en Derecho Constitucional por esta misma casa de estudios, misma que cursó de 2012 a 2014.
Trayectoria laboral
En1989 inició su vida laboral como auxiliar en la delegación de la Procuraduría de Defensa del Indígena en la ciudad de Tlaxiaco, cabecera municipal de su comunidad de la que es originario.
En 1993 fundó la asociación civil Servicios del Pueblo Mixe (SERMIXE), dedicada a la asesoría, capacitación, promoción y defensa de los derecho indígenas de las comunidades del pueblo Ayuuk.
En 1996 fue integrante del cuerpo asesor del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Entre 1996 y 2010 ocupó el cargo de asesor y representante legal de diversas comunidades indígenas oaxaqueñas que enfrentan conflictos agrarios, político electorales, jurídicos y sociales.
En 2006 fue representante legal en seis controversias constitucionales contra la Ley de Radio y Televisión la cual iba en contra de que las comunidades indígenas pudieran manejar sus propios medios de comunicación, principalmente las radios comunitarias.
En 2018 asumió la coordinación de derechos indígenas del INPI.
Gran parte del trabajo realizado en los últimos años por parte de Hugo Aguilar Ortiz fue en el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Entre 2018 y 2024 se encargó de coordinar los trabajos de consulta previa, libre e informada de los proyectos prioritarios del exmandatario como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, entre otros.
Aguilar fue postulado por el Poder Ejecutivo para participar en el proceso de elección de ministros, jueces y magistrados de este domingo 1 de junio.
Propuestas
Justicia congruente con la realidad: Impulsar una función jurisdiccional en territorio, incorporando visitas situ, el diálogo con las personas y la búsqueda de la situación efectivamente planteada, sin formalismos excesivos.
Fortalecimiento de enfoques multidisciplinarios e intervención a las instancias especializadas en todas las materias, ampliando y consolidando la figura de Amicus Curiae.
Evitar que la función jurisdiccional sea obstáculo del cambio social. Privilegiar un diálogo republicano entre los poderes de la Unión, las Entidades Federativas, los Municipios, los Pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
El abogado indígena mixteco asumirá la presidencia de la Corte. Junto a él otros ocho nuevos integrantes conformarán la Suprema Corte en su nueva etapa: ministras y ministros elegidos en las urnas.
A continuación quién es cada uno de ellos y ellas en orden de votación.
Lenia Batres Guadarrama
Abogada y política. Batres Guadarrama nació el 6 de agosto de 1969 en la Ciudad de México. Actualmente tiene 55 años.
Es hermana de Martí Batres, exjefe de Gobierno de la Ciudad de México y actual director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y de Valentina Batres, diputada local con licencia por Morena en la Ciudad de México.
Formación académica
Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Posee una maestría en Derecho Penal por la Universidad Humanitas y otra en Gestión Pública por la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México.
Es candidata a doctora en Estudios de la Ciudad por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
Trayectoria profesional
Diputada federal en la LVII Legislatura del Congreso de la Unión (1997-2000).
Directora General Jurídica y de Gobierno en la Delegación Cuauhtémoc (2000-2002).
Asesora del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador (2002-2004).
Directora General de Regulación al Transporte en la Secretaría de Transportes y Vialidad (2004-2006).
Secretaria Técnica de la Comisión del Distrito Federal en la Cámara de Diputados (2006-2009).
Asesora de la Comisión de Vivienda en la Cámara de Diputados (2012-2015).
Consejera Adjunta en Legislación y Estudios Normativos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
El 14 de diciembre de 2023, fue nombrada ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Propuestas
Acceso a la justicia: Ampliar las posibilidades de las personas sin recursos para acceder a un juicio y a un abogado. Una justicia social, para todos, sin privilegios.
Reconstrucción de las defensorías públicas: Fortalecer estas instituciones para garantizar una defensa adecuada a quienes lo necesiten, incluyendo instituciones que puedan proporcionar abogados o abogados gratuitos.
Combate a la corrupción: Erradicar el tráfico de influencias, el nepotismo y el favoritismo dentro del sistema judicial. Su propuesta incluye mantener la austeridad en la Corte, priorizando el uso del presupuesto en el adecuado servicio de justicia, tanto en infraestructura para atender al público, como en el desarrollo de instrumentos que faciliten su acceso, así como erradicar abusos y privilegios para titulares y alta burocracia.
Lenia Batres Guadarrama, candidata a ministra de la SCJN en la Elección Judicial 2025.(Quetzalli Nicte-Ha/REUTERS)
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Yasmin Esquivel Mossa
Jurista y funcionaria pública mexicana nacida el 15 de septiembre de 1963 en la Ciudad de México. Tiene 61 años.
Formación académica
Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y cuenta con una maestría en Administración de Instituciones Educativas por la Universidad del Valle de México.
Obtuvo un doctorado en Derecho por la Universidad Anáhuac en convenio con la Universidad Complutense de Madrid, sin embargo, la institución española se deslindó de este título, indicando que su proyecto de tesis fue inscrito en 2001, pero no pasó de esa inscripción.
Trayectoria profesional
Inició su carrera en el servicio público en 1985 como asesora jurídica en la Subdelegación Jurídica del Departamento del Distrito Federal.
En 1997, comenzó en el ámbito judicial como magistrada unitaria de los tribunales agrarios y, posteriormente, fue presidenta del Tribunal Superior Agrario del Distrito Federal.
En 2009, fue magistrada del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal y fue elegida presidenta del tribunal para el periodo 2012–2015
En febrero de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador la propuso como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), siendo ratificada por el Senado el 12 de marzo de ese año.
En 2021, fue nombrada presidenta de la Segunda Sala de la SCJN para el periodo 2021–2022 y ha representado al órgano jurisdiccional en la Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia de la Cumbre Judicial Iberoamericana.
Propuestas
Transformar al Poder Judicial y acabar con malas prácticas como la corrupción y el nepotismo.
Garantizar un trato equitativo de la justicia y el goce efectivo de todos los derechos con una perspectiva de interculturalidad y de comunidad.
Acceder a un modelo de justicia distinto: más democrático, equitativo, cercano a la ciudadanía y moderno.
Justicia de puertas abiertas que garantice los derechos de todas y todos.
Loretta Ortiz Ahlf
Jurista y académica nacida el 24 de febrero de 1955 en la Ciudad de México. Tiene 70 años.
Formación académica
Licenciada en Derecho por la Escuela Libre de Derecho.
Maestra en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana.
Doctora en Derechos Humanos y Derecho Comunitario Europeo por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España.
Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel III, y ha sido docente en diversas instituciones académicas, incluyendo la Escuela Libre de Derecho, la Universidad Iberoamericana y la Academia de Derecho Internacional de La Haya.
Trayectoria profesional
Ortiz Ahlf ha tenido una destacada carrera en el ámbito público y académico:
Diputada federal (2012–2015): Representó al Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados.
Consejera de la Judicatura Federal: Participó en la supervisión y administración del Poder Judicial de la Federación
Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN): Fue propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador y ratificada por el Senado el 12 de diciembre de 2021. Actualmente, forma parte de la Primera Sala de la SCJN.
Propuestas
Sentencias sociales: Considera que las resoluciones de la Suprema Corte deben tener un impacto social. Para ello, impulsará un mecanismo que permita identificar y atraer asuntos que sean de especial importancia para el pueblo de México, y que versen sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
Establecer así también criterios que contribuyan al proyecto nacional de prosperidad y mejoramiento de las condiciones de vida de todas las personas, sobre todo de las históricamente desprotegidas.
Justicia Pública: Si bien la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial prevé la celebración de audiencias públicas ante la Suprema Corte, ella ha señalado que continuará trabajando para maximizar este derecho de participación social, desde la perspectiva del acceso a la justicia, la inclusión y la igualdad de trato.
Ministra al territorio: Considera que esto implica salir del zócalo de la Ciudad de México para atender audiencias en distintos municipios y localidades del país, conforme a un plan de trabajo y calendarización, para de esta forma contribuir a la proximidad social y a la contextualización de las problemáticas locales. Además de escuchar a quienes son partes
María Estela Ríos González
Abogada y exfuncionaria federal nacida el 4 de abril de 1947 en la Ciudad de México. Tiene 78 años.
Formación académica
Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con una maestría en Ciencias Políticas y Sociales por la misma institución y otra en Derecho Laboral por el Centro Universitario Emmanuel Kant.
Ha sido una figura destacada en el ámbito laboral y de derechos humanos, con una trayectoria de más de cinco décadas en la defensa de los derechos de los trabajadores y las comunidades indígenas.
Trayectoria profesional
Consejera Jurídica de la Presidencia de la República, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, (2021–2024).
Consejera Jurídica y de Servicios Legales del Distrito Federal, (2000–2006).
Coordinadora de asesores de la Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social del Distrito Federal, (1998–2000).
Directora General de Ordenamiento de la Propiedad Rural en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, (2018–2021).
Propuestas
Las resoluciones judiciales, deben ser claras, sencillas, y precisas para que su comprensión esté al alcance de todos y todas y puedan cumplir los derechos y obligaciones que emanan de las resoluciones judiciales. El conocimiento del derecho no debe ser para unos cuantos privilegiados.
Promover la agilización de los procedimientos administrativos y judiciales en la SCJN, para hacer posible, tanto para quienes prestan un servicio público o ejercen la función jurisdiccional, como para los destinatarios de esos servicios y funciones disponer de un tiempo de vida que solo a ellos les pertenece; a la par que se les dará plena certeza jurídica. Mejorar los sistemas informáticos.
Actuar en el logro de mejores condiciones económicas y sociales para todas las mujeres; en su educación y su profesionalización. Combatir la corrupción y la impunidad, y hacer efectiva una justicia pronta, completa, imparcial y expedita, sin favorecer intereses ajenos o de personas influyentes.
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Giovanni Azael Figueroa Mejía
Destacado académico y jurista mexicano, especializado en derecho constitucional y derechos humanos. Nació en Tepic, Nayarit, en 1978. Tiene 47 años.
Formación académica
Es egresado de la Universidad Autónoma de Nayarit.
Obtuvo su doctorado en Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid, con Mención Europea y calificación sobresaliente Cum Laude por unanimidad.
Trayectoria profesional
Profesor-Investigador de Tiempo Completo en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México desde enero de 2016.
Coordinador de la Maestría en Derechos Humanos en la misma universidad desde agosto de 2016.
Director de Derechos Humanos en el Consejo de la Judicatura Federal en 2013.
Asesor de Mando Superior en la Presidencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (2013-2015).
Director General Adjunto de Servicio de Carrera en la Procuraduría General de la República.
Propuestas
Dialogar constantemente con los poderes Ejecutivo y Legislativo para fortalecer juntos el Estado de Derecho, el bienestar común y la protección de derechos humanos.
Asegurar una integración igualitaria e incluyente en la Suprema Corte mediante el impulso de la paridad entre hombres y mujeres, así como con la apertura de espacios de trabajo para grupos minoritarios.
Impulsar una justicia de puertas abiertas donde la población pueda hacer llegar sus opiniones y propuestas para atender las necesidades sociales.
Irving Espinosa Betanzo
Abogado y servidor público con formación académica y una destacada trayectoria en el ámbito jurídico y administrativo. Nació en la Ciudad de México el 6 de septiembre de 1975. Tiene 49 años.
Formación académica
Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Especialista en Gestión Pública por la Escuela de Administración Pública del Distrito Federal.
Maestro en Gestión Pública para la Buena Administración por la UNAM.
Maestro en Derecho por la UNAM .
Trayectoria profesional
Subprocurador Jurídico de Planeación, Coordinación Interinstitucional y de Derechos Humanos en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, donde participó en la creación de la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Feminicidio.
Asesor de la Secretaría de la Mesa Directiva del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados entre 2015 y 2018 .
Magistrado de la Sala Superior Sección Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.
Presidente de la Comisión de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción en el Colegio de Abogados de México.
Miembro del Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo para la selección de candidatos a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) .
Propuestas
Garantizar el acceso a la información, principalmente de forma proactiva, para generar confianza en las personas a través de la atención efectiva, sencilla, pronta y clara de sus cuestionamientos.
Rendir cuentas a la ciudadanía a través de los informes de labores.
Colaborar y facilitar la actividad de las autoridades encargadas de investigar y sancionar los actos de corrupción que cometa el personal del Poder Judicial, incluidos los de la propia Corte.
Establecer un programa de capacitación constante y permanente en la materia para todo el personal, de tal suerte que no solo le sirva para realizar la labor jurisdiccional sino para que le sea útil en su vida cotidiana; en el caso del personal jurisdiccional, difundir y profundizar en el estudio y aplicación de los diversos protocolos de actuación para quienes imparten justicia a fin de que todas las personas accedan a la justicia.
Capacitar a todo el personal en la atención al público, de tal forma que cualquier persona que acuda sea atendida con dignidad y respeto. Eliminar el formalismo sin que ello implique perder calidad en el estudio y resolución de casos, incorporando el formato de lectura fácil. Usar las redes sociales como vías de comunicación directa con las personas.
Arístides Rodrigo Guerrero García
Abogado y académico destacado por su trayectoria en el ámbito del derecho constitucional, la transparencia y la protección de datos personales. Nació en la Ciudad de México en 1984.
Formación académica
Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Especialista en Derecho Constitucional por la UNAM.
Maestro en Derecho Parlamentario y Estudios Legislativos por la Universidad Complutense de Madrid.
Cursa actualmente el Doctorado en Derecho en la UNAM.
Trayectoria profesional
Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO CDMX).
Director de la Unidad de Estadística y Jurisprudencia y Director de la Unidad Especializada de Procedimientos Sancionadores en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México.
Subdirector de Análisis Normativo en la Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
Profesor de Derecho Constitucional en la UNAM, con más de 10 años de experiencia.
Columnista en medios como Milenio y Foro Jurídico.
Propuestas
Justicia cercana y transparente. La Suprema Corte debe salir de sus oficinas y acercarse al pueblo. Propone la creación de la Corte Itinerante, llevando sesiones públicas a universidades, plazas y comunidades marginadas. Además, impulsar el derecho a entender el Derecho, garantizando que las sentencias sean claras, sin tecnicismos innecesarios, accesibles en lenguas indígenas y formatos inclusivos.
Desarrollo del ecosistema digital para la impartición de justicia de la SCJN. Implementar el ecosistema, un sistema de inteligencia artificial para agilizar la redacción de sentencias, reducir tiempos y garantizar coherencia en los criterios judiciales. Promover la digitalización de procedimientos, optimizando la eficiencia judicial y eliminando barreras que impiden el acceso a la justicia.
Justicia humanista e incluyente. Impulsar la emisión de sentencias en lengua indígena, lectura fácil, braille y audio, asegurando accesibilidad para todas las personas. Además, fortalecer la presencia de intérpretes y asesores especializados en los procesos judiciales, garantizando que las personas indígenas, con discapacidad y de comunidades marginadas, reciban un trato equitativo y digno.
Sara Irene Herrerías Guerra
Jurista y académica, con amplia trayectoria en derecho constitucional y derecho público. Es originaria de la Ciudad de México. Tiene 61 años.
Formación académica
Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Tiene estudios de posgrado en derecho constitucional y administrativo.
Ha sido profesora universitaria y colabora en proyectos de investigación relacionados con el fortalecimiento del Estado de Derecho en México.
Trayectoria profesional
Fiscal Especializada en Materia de Derechos Humano de la Fiscalía General de la República.
Subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención al Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República PGR).
Titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
Asesora de la Oficial Mayor de la PGR.
Encargada de la atención humanitaria y seguimiento a las víctimas del operativo en el albergue “La Gran Familia”.
Coordinadora del proyecto “Prevención de violencia y delincuencia para niños,niñas y adolescentes”. Instituto Nacional de Ciencias Penales en coordinación con la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República, Gobierno del Distrito Federal y la Fundación Renacer.
Procuradora Social para la Atención a las Víctimas de Delitos del Gobierno Federal.
Fiscal Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la Procuraduría General de la República.
Directora General del Programa de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Propuestas
Buscar el interés social.
Considera que la división de poderes no es confrontación, es el ejercicio coordinado de sus funciones y que los jueces constitucionales deben actuar para proteger al pueblo.
Usar el amparo para corregir vicios de forma retrasa la solución de los conflictos.
Utilizar lenguaje accesible. Las sentencias deben ser claras, sencillas y accesibles para las personas a quienes van dirigidas. Las sentencias son manifestaciones vivas de los valores de una sociedad, no pueden ser extrañas a ella.