Candidatos que no resultaron ganadores acusan a actores políticos de imponer una lista de ministros, magistrados y jueces para la formación del nuevo Poder Judicial mexicano.
Ricardo Sodi Cuellar, quien intentó ganarse un lugar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), señaló que la ''baja participación'' del domingo 1 de junio demuestra que la elección no tuvo éxito.
''Se impuso a una selección de favorecidos previamente anunciada y publicada en los medios de comunicación, lo que dista mucho de ser democrático. Pero debemos aprehender de las experiencias'', dijo en sus redes sociales.
''La politización de la justicia no es el camino. El carro completo a toda costa es un error'', agregó.
Fernando Leopoldo González Núñez, candidato a magistrado en materia civil federal por el Estado de México, exigió elecciones judiciales limpias y transparentes.
''No podemos permitir que la transformación del poder judicial inicie con ganadores espurios y resultados cuestionables, los invito a unirse a éste movimiento, en especial a las personas candidatas que tienen más dudas que certezas'', dijo.
Carlos Odriozola, otro candidato a la Corte, destacó que ganaron los que tuvieron estructura, recursos y respaldo político.
''Sin dinero, sin padrinos políticos y sin acordeones, logramos llegar a los corazones de 417,315 personas que votaron por nuestro proyecto, por un cambio en la justicia'', expuso.
Por unanimidad, el Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó otras cuatro solicitudes de candidatos a juzgadores para designar representantes y realizar recuento, en sede distrital, de la votación para magistrados de circuito de las especialidades Civil, del Trabajo, Penal y Administrativa.
El organismo electoral insistió en que la reforma judicial no estableció ninguna disposición que permita un nuevo cómputo de la totalidad de votos o que se permita a las candidaturas tener representación ante los Consejos Distritales.
El sábado, el Consejo General del INE descartó las tres primeras solicitudes de personas candidatas a juzgadoras, en ese caso Dora Alicia Martínez Valero, candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Melissa Peláez Badilla y Yajaira Arellano Morales, ambas aspirantes a juezas.
Este lunes, sin discusión, en un minuto, los consejeros aprobaron por unanimidad dar respuesta negativa a la solicitud que en el mismo sentido realizaron Noel Betanzos Torres, candidato a magistrado de Circuito en materia Laboral; José Roberto Rojas Robles, candidato a magistrado de Circuito en materia Civil y Julio César Ortiz Montoya, candidato a magistrado de Circuito en materia Penal y Administrativa, los tres del distrito judicial uno de Morelos.
También se denegó el derecho a Salvador Romero Espinosa, candidato a magistrado de Circuito en materia Administrativa en el Distrito Judicial Electoral 1 en Jalisco.
Betanzos pidió en su solicitud “que al momento de contabilizar la votación nula y válida, los representantes de los partidistas que así lo solicite, junto con un consejero electoral, verifiquen que se haya determinado correctamente la validez o nulidad de cada sufragio, conforme al principio de legalidad, certeza y máxima publicidad”.
Ninguna de las solicitudes prosperó. La elección judicial tiene carácter extraordinario, con sus propias reglas, según las cuales hay un periodo de cómputo de votos en los consejos distritales del INE, y no se previó que las candidaturas tengan representantes, se les respondió.
Las primeras elecciones judiciales de la historia de México, celebradas el domingo 1 de junio en medio de críticas de la oposición ante la posibilidad de que debiliten el equilibrio de poderes en el país, lograron una participación del 13%.
La Suprema Corte tendrá una mayoría afín al partido gobernante, Morena, de acuerdo con resultados oficiales preliminares de la primera elección judicial.
A partir del 1 de septiembre, la Suprema Corte pasará a tener nueve ministros en vez de los 11 actuales. Además, su presidencia recaerá sobre el candidato que obtuvo la mayor votación y, cada dos años, será reemplazado por el que le siguió en los comicios. También su período se reducirá de 15 a 12 años.
