ONG's dan la batalla, a contrarreloj, contra candidatos cuestionables

Los personajes señalados, entre ellos Fernando Escamilla Villarreal, quien fue abogado del capo Miguel Ángel Treviño Morales, "Z40", y el exministro de la Luz del Mundo, Job Daniel Wong, estarán en las boletas el próximo 1 de junio, debido a que este miércoles las millones de papeletas para la elección ya comenzaron a distribuirse en todo el país.

Sin embargo, víctimas, activistas y organizaciones como Defensorxs MX, Laboratorio Electoral y PolitiklabMX esperan que el Instituto Nacional Electoral (INE) "baje" las candidaturas jurídicamente o, en su caso, señalen expresamente la falta de idoneidad de los candidatos.

“Lo que quedó en evidencia de la revisión que hicimos, porque este era el trabajo que debieron realizar los Comités de Evaluación de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, revisar perfiles y valorar la idoneidad para el cargo, es que no hicieron nada”, advierte Meza.

“Se advierte claramente que los comités de evaluación no hicieron una labor de realmente escrutinio, no nos estamos preguntando qué tipo de jueces queremos y en función de eso hacer la selección. Le están dejando a la ciudadanía la chamba de investigar quién es cada quién, cuando eso es algo que debieron de haber hecho los Comités”, refuerza Arturo Espinosa Silis, del Laboratorio Electoral.

Para ambos especialistas, la existencia de candidatos cuestionables evidencia una Reforma Judicial y posterior proceso electoral apresurados y sin filtros para garantizar los mejores cuadros en las boletas.

Consideran que las cartas de recomendación de cinco vecinos y la calificación de ocho en la carrera de Derecho, entre otros requisitos, resultaron insuficientes para tener candidaturas intachables.

“Haremos uso de todos los recursos legales para bajarlos y los impugnaremos a todos antes del 12 de mayo, fecha que el INE se fijó como un primer plazo para revisar que cumplan con los requisitos de idoneidad”, advierte Meza.

Aunque por ahora se han presentado solicitudes para procedimientos especiales sancionados contra 11 candidatos, Meza indica que existe la posibilidad de extender el listado a más de 50.

“Hay de todo, pero dominan los casos de violencia sexual y política en contra de las mujeres”, advierte Meza, aunque reconoce que hay casos en los que solo hay indicios de presuntas conductas delictivas.

Pese a los esfuerzos que se han emprendido desde la sociedad civil, la posibilidad de "bajar" una candidatura, o bien, de que el eventual triunfo de un candidato cuestionado sea declarado no válido, es reducida.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió el pasado 4 de abril la primera impugnación presentada por la Defensorxs, pero un bloque de tres magistrados determinó que resolver sobre la idoneidad de las candidaturas ya es una fase concluida de la elección judicial, por lo que cuatro candidaturas quedaron firmes.

“Desde un principio sabíamos que esa decisión no fue una cuestión jurídica, sino política. Pero ahora, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum se ha pronunciado a favor de revista candidaturas, al parecer ya tienen la instrucción de depurar las listas, veremos si lo hace” indica Meza.

El INE recientemente aprobó un procedimiento para revisar la idoneidad de los perfiles, pero está dividido en este tema y es incierto si tomará una decisión sobre el eventual retiro de postulaciones.

Un bloque de consejeros del Instituto se ha pronunciado por que el Tribunal Electoral –que ya rechazó una petición- decida sobre ello. Otro bloque considera que tiene facultades plenas, pues la ley permite que al momento de la calificación de la elección debe entregar constancia de mayoría a quien reúne todos los requisitos.

Es decir, existe posibilidad de que, si los ganadores no cumplen con la idoneidad que marca la ley, no sean declarados ganadores.

Para la consejera del INE, Claudia Zavala, el problema es que ninguno de los tres comités (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) realizó un análisis de idoneidad ni justificó por que sí unos sí, y otros no, cumplieron con ese requisito.

Zavala enfatiza que la Constitución es muy clara: una persona no podrá ser registrada como candidata para cualquier cargo de elección popular ni podrá ser nombrada para el empleo, cargo o comisión en el servicio público cuando enfrente proceso penal, tenga sentencia firme, sea deudor alimentario o haya ejercido violencia contra la mujer.

"Esta reforma constitucional es vigente desde hace mucho tiempo, pero este requisito constitucional para esta elección y proceso electoral que nosotros estamos llevando a cabo, se pasó de noche en los comités. No se estableció la forma de revisar este requisito”, alerta.

Por lo pronto, la semaforización que ha hecho Defensorxs ya reúne a 14 aspirantes a cargos judiciales con "candidatura altamente riesgosa”. De ellos, 12 fueron postulados por el Comité Técnico del Poder Legislativo. Estos son algunos nombres:

El exfiscal regional de Michoacán, Francisco Herrera Franco, quien busca ser juez penal federal en esa entidad, con el lema “franco como la justicia”; según la organización, tiene presuntos vínculos con el crimen organizado y está relacionado con un caso de secuestro y de coacción a una comunidad mazahua.

El mismo Comité (del Legislativo) dio luz verde a la candidatura de Jacqueline Silva Betancourt a jueza de distrito, aunque en diciembre de 2024, el Consejo de la Judicatura Federal inició una investigación en su contra por presuntos abusos laborales.

Apenas en marzo pasado fue suspendida de su cargo, pues se difundió un video donde al parecer retiene a uno de sus trabajadores y le pide la renuncia. Antes tuvo acusaciones de revisar los celulares de su personal y de amenazarlos con iniciar procedimientos administrativos en su contra.

Alertan por candidaturas de Luz del Mundo

Sharim Guzmán, exintegrante de la Luz del Mundo y esposo de Sochil Martin, ambos víctimas de esa iglesia, promovieron un recurso ante el INE para que se revisen las postulaciones de siete integrantes de la asociación religiosa.

“La Luz del Mundo no es sólo una religión o una creencia, es un sistema de control sobre las personas y sobre las familias, así que una persona dirigente de esa organización ocupe un cargo judicial es altamente preocupante, porque todo lo va a supeditar al objetivo de proteger a esa organización”, sostiene Guzmán.

“Entendemos que la Luz del Mundo es un grupo de control y un grupo de crimen organizado porque así operan, y para ellos resolver a favor de sus dirigentes implica la fe y la salvación, por lo que no podrían resolver con imparcialidad"

Para Guzmán, cuya esposa fue una de las demandantes de Nassón Joaquín García, líder de La Luz del Mundo preso en Estados Unidos por delitos sexuales contra menores, hay "infinidad" de delitos cometidos por la iglesia que buscan tapar con jueces y magistrados.

“No sólo es el tema del abuso sexual, es la trata laboral, es la segregación familiar y hay infinidad de delitos que este tipo de organizaciones realiza, por lo cual les conviene tener magistrados, tener jueces a su favor, de ellos, de su religión”, observa.

Guzmán señala que entre los candidatos de La Luz del Mundo está Job Daniel Wong Ibarra, exministro de la Luz del Mundo y defensor legal del líder espiritual de ese grupo, Naasón Joaquín García, quien compurga una setencia de 16 años en una cárcel de Estados Unidos.

“Él es un ministro de culto, está impedido por la ley. Está violentando el artículo 130 de la Constitución y el artículo 12 de la Ley. La Luz del Mundo no registra a sus ministros, por lo que pueden ser ministros, jueces, integrantes de comisiones de derechos humanos o tener cargos a los que deben estar impedidos", sostiene Guzmán.

Otra candidata vinculada a esta iglesia es Cinthia Teniente Mendoza, quien aspira a una magistratura de circuito en materia laboral; actualmente es alcaldesa en funciones -pues no solicitó licencia- del municipio de Villagrán, Guanajuato.

Teniente Mendoza, quien ganó postulada por Morena, es esposa del senador morenista, Emmanuel Reyes Carmona, uno de los promotores del homenaje que políticos le rindieron a Naasón Joaquín en Bellas Artes, en 2019.

"La investigación realizada muestra que la candidata está ligada a la secta La Luz del Mundo, además de que actualmente espresidenta municipal de Villagrán por el partido Morena", señala la organización Defensorxs en su sitio.

También están la candidata a jueza, Madián Sinaí Menchaca Sierra, hija del obispo de esa congregación religiosa, Nicolás Menchaca, defensor legal de Naasón Joaquín García.

De acuerdo con la información recabada por Defensorxs, Menchaca fue detenida en mayo de 2024 en Tlaquepaque, Jalisco, por causar lesiones a dos motociclistas, a los que habría arrollado presuntamente en estado de ebriedad.

Ella fue asesora en la bancada local de Morena en Jalisco y su hermano Adin Menchaca fue regidor de Tlajomulco por la coalición MORENA-PT-PVEM durante el periodo 2021-2024.

Karina Sánchez Ruiz, aspirante a magistrada, como diputada entregó reconocimientos a Naasón Joaquín García. Fue presidenta de la Asociación de Profesionistas y Empresarios de México (APEM), una de las principales asociaciones a través de las cuales la Luz del Mundo opera políticamente”, según la investigación de Defensorxs.

En tanto, Betzabeth Almazán Morales, candidata a jueza de distrito, no cumpliría con los requisitos de elegibilidad, a juicio de la agrupación, pues en defensa del líder de La Luz del Mundo se habría ostentado como criminóloga sin serlo, para publicar diversos artículos en los que señaló que el inculpado fue sujeto a “acciones maliciosas” y que quedó “atrapado en las garras de un sistema de justicia manejado al antojo de unos cuantos”.

Presuntos vínculos criminales

Otro candidato que fue considerado con “honestidad y buena fama pública” y, por tanto, idóneo para ser juzgador federal es Fernando Escamilla Villarreal, quien ha sido abogado de Miguel Ángel Treviño Morales, "Z40", y de Eleazar Medina Rojas, "El Chelelo", líderes de "Los Zetas" extraditados a Estados Unidos.

En 2016 enfrentó un proceso penal por portación de ilegal de una arma. “Cero impunidad. Estoy dispuesto a trabajar para mejorar Nuevo León”, ofrece el abogado, cuyo perfil fue revisado por el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo Federal.

También figura el candidato a juez de distrito en materia penal por el cuarto circuito de Nuevo León, Jesús Humberto Padilla Briones, quien en 2023 fue detenido con un arma de fuego y 17 dosis de droga.

Aunque él y sus dos acompañantes fueron vinculados a proceso por el delito de narcomenudeo y trasladados al Penal de Apodaca, en 2024 logró una suspensión condicional del proceso a su favor.

Este abanderado fue “palomeado” por el Comité del Poder Legislativo. “No vengo del privilegio, vengo del trabajo y la convicción”, señala en sus redes sociales.

En tanto, el candidato a magistrado de circuito en materia penal por el primer circuito de la Ciudad de México, Francisco Martín Hernández, siendo juez penal de Jalisco, en 2013, fue denunciado por trabajadoras del Poder Judicial por abuso sexual, investigado por el Consejo de la Judicatura y destituido de su cargo en 2015.

"El titular del juzgado sacó, mostró y masturbó su miembro viril frente a ella (la denunciante) sin su consentimiento. El 14 de febrero de ese mismo año Francisco Martín insinuó que la trabajadora la acompañase al baño con el propósito de sostener relaciones sexuales", se lee en el expediente del caso.

“Dentro del mismo incidente se mencionan también las insinuaciones sexuales físicas y verbales hacía otras cuatro trabajadoras del Poder Judicial de la Federación, constituyendo tratos humillantes, ofensivos, intimidatorios y degradantes”, se asentó.

Sobre sí mismo, el juzgador escribió en la plataforma Conóceles del INE -que sirve para difundir a los candidatos-, que su vida ha sido de trabajo y estudio, siempre con altas calificaciones y reconocimientos.

El candidato a magistrado de circuito en materia penal por el primer circuito de la Ciudad de México, Edgar Agustín Rodríguez Beiza, también tiene antecedentes por delitos sexuales.

En 2017, el ahora juez de control adscrito a la unidad de gestión judicial número dos del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad, fue acusado de abuso sexual por una alumna del Centro de Estudios Superiores de Ciencias Jurídicas.

Es de los muy pocos candidatos que prefirió no poner ni su fotografía ni sus redes sociales en la plataforma “Conóceles”, en donde sólo asentó: ”Conozco el sistema y lo orientaré a su pureza en bien de las personas”.