Ambas autoridades son señaladas de revisiones irregulares, por no examinar la totalidad de los documentos remitidos, falta de exhaustividad y ausencia de motivación o fundamentación respecto a los motivos del rechazo.
Buena parte de los quejosos reclaman la vulneración a su derecho a ser votados pues se les cerró el camino para ser considerados como candidatos a cargos judiciales, y reclaman que, de forma anómala, esos Comités los excluyeron.
En los recursos, la queja generalizada es que se omitió la revisión de los documentos presentados, no se justificó por qué a juicio de los integrantes de los Comités no se reunían los requisitos de ley, y se tomaron decisiones "irregulares".
Algunos inconformes, como Héctor Javier Aguilar Rodríguez, alegó, por ejemplo, que de forma anómala el Comité de Evaluación del Poder Judicial decidió excluirlo por supuestamente no adjuntar un requisito: la carta bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado por delito privativo de libertad.
Por supuesto que presenté ese requisito, por eso en mi recurso les expliqué con manzanitas cómo fue que sí acredité la presentación de esa carta”
Héctor Javier Aguilar Rodríguez, aspirante rechazado.
En entrevista con Expansión Política, el abogado expuso que de forma indebida ese Comité cerró la plataforma para presentar inconformidades el 18 de diciembre, y debió hacerlo hasta el día 19, pues hizo un cómputo irregular de plazos.
Declaró que, a su juicio, los integrantes del Comité del Poder Judicial están "saboteando el proceso".
"No están en el mejor plan. Si no querían participar lo más ético era decir: 'no participo'. Lo que pasa es que ellos no creen en este proceso, están en contra, pero nos atoran a las personas que si queremos participar”, acusó.
Aguilar Rodríguez presentó otro recurso ante el Comité del Poder Legislativo, pero el magistrado ponente, Felipe de la Mata, proyecta sobreseer su caso, pues si bien fue excluido de la primer lista presentada por ese Comité, sí apareció en una supuesta “lista complementaria” que no conoce.
“Al rendir su informe el Comité dijo (al TEPJF) que yo había aparecido en una lista complementaria que yo nunca encontré en internet, que no está publicada, pero que si estoy”, dijo en referencia a un listado que, de forma irregular, no ha sido público.
Otro quejoso es Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, quien fuera representante de Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Se inconformó pues no fue contemplado por los comités del Ejecutivo y del Legislativo para ser candidato a ministro de la SCJN.
Su principal alegato es que se concretó una “violación al debido proceso, ya que se procedió directamente a la descalificación sin otorgar al aspirante la oportunidad de defenderse o corregir los supuestos errores señalados”.
En su caso quedó eliminado, según expuso en su recurso, porque se requería tener promedio general de ocho y de nueve en las materias correspondientes en la licenciatura, especialidad, maestría o doctorado, y él acreditó el requisito, pero en estudios de posgrado.
“El dictamen impugnado adolece del vicio de sostener que el no haber presentado una tira de materias correspondiente a la licenciatura impide la revisión del requisito respectivo. Se parte de la premisa errónea e inconstitucional de que el promedio correspondiente sólo puede acreditarse por medio de la licenciatura”, explicó el impugnante en su recurso.
Esas quejas no han detenido el proceso electoral y los Comités de Evaluación del Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial siguen en ruta para aplicar una tómbola que reduzca nombres de aspirantes.
El próximo 12 de febrero vence el plazo para que los Comités de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial remitan al Senado de la República las listas definitivas de candidatos que serán propuestos para ir a la elección de cargos judiciales el próximo 1 de junio.
Los rechazos
El pasado 15 de diciembre, los Comités —salvo el Legislativo que tuvo retraso de cuatro días— publicaron las listas de aspirantes que cumplieron los requisitos de elegibilidad.
Según se determinó, en algunos casos no entregaron documentación completa que acreditara la obtención de un mínimo de 8 de calificación en la carrera de Derecho, no cumplieron con la antigüedad del título requerida, no entregaron cartas de recomendación de vecinos; no acreditaron la experiencia profesional, o bien, no presentaron un ensayo para justificar sus razones para aspirar a un cargo.
De acuerdo con las cifras públicas, el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo eliminó al 40% de 18,447 aspirantes a cargos de elección para 2025 con el argumento de que no cumplieron con requisitos de elegibilidad.
El Comité de Evaluación del Poder Judicial dejó fuera a casi el 73% de las 3,814 personas que se habían anotado para tener la candidatura a algún cargo.
El Comité del Poder Legislativo emitió el listado preliminar de 7,060 aspirantes a ministros, jueces y magistrados, lo que implica que desechó el 76.14%.
El 16 de diciembre, miembros del Comité aseguraron que fueron más de 27,000 los anotados: 11,646 solicitudes a través del sitio oficial del Comité; 258 expedientes recibidos en la Oficialía de Partes del Poder Legislativo y 15,242 correos electrónicos, modalidad que se abrió de último minuto.
