En los últimos meses de 2024 la aplanadora legislativa de Morena y aliados en mancuerna con el gobierno saliente y la nueva administración dieron un paso importante y mayúsculo hacia la transformación que desde hace seis años han anunciado. El 2025 será el año en el que se comiencen a medir los efectos económicos y sociales de las reformas constitucionales y legales, los cuales muchos de ellos representan riesgos políticos que se deben tomar en consideración a lo largo de este nuevo año.
#ApuntesElectorales | Riesgos políticos para 2025
A partir de un análisis, la consultoría Strategia Electoral, de la que formo parte, advierte algunos riesgos políticos en áreas fundamentales como son:
(i) el estado de derecho, erosión institucional y concentración de poder;
(ii) el ambiente para hacer negocios y seguridad de inversiones;
(iii) la relación bilateral México-Estados Unidos,
(iv) y las decisiones en torno a la política económica del gobierno (el análisis completo se puede consultar aquí ).
Aunque el discurso gubernamental ha sido de tranquilidad y estabilidad, señalando que la economía mexicana se encuentra fuerte y que las políticas gubernamentales son aceptadas por los mercados y el sector empresarial, en los hechos parece que las acciones gubernamentales y legislativas van por otro camino. El maratón de reformas durante el primer periodo de la actual legislatura tuvo un impacto en la certidumbre jurídica al apostar por una reforma judicial que busca más el control de la judicatura que garantizar el acceso a una justicia pronta y efectiva; también generó cuestionamientos fuertes sobre condiciones de competitividad económica al desaparecer instituciones técnicas claves para el desarrollo del país, y centralizar en el Ejecutivo el control de temas como la competencia económica y la regulación de las telecomunicaciones.
El impacto de estas reformas, sumado a las decisiones del gobierno sobre políticas públicas fundamentales como el combate al narcotráfico y la migración se verán reflejadas en la revisión o renegociación del tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, los principales socios comerciales de México y, desde luego, serán el centro de la agenda diplomática entre el actual gobierno mexicano y la administración de Trump, la cual llega con más fuerza y experiencia que hace seis años.
La cereza del pastel parecen ser las finanzas públicas, pues desde el sexenio pasado el gobierno ha apostado por los beneficios sociales que les generan réditos electorales importantes, pero que requieren cantidades enormes de dinero, las cuales se han obtenido a partir de recortes a otras áreas fundamentales que requieren inversión del Estado. También la deuda pública ha generado que el gobierno mexicano año con año necesite más dinero para enfrentar sus compromisos sociales, los cuales crecen al ritmo de las promesas electorales, sin que los ingresos públicos aumenten al mismo paso, ni las fuentes para obtenerlos se incrementen, especialmente ante la reticiencia del gobierno de impulsar una reforma fiscal, a pesar de contar con la mayoría para aprobarla.
En este escenario, parece que las condiciones para las inversiones no son las óptimas, pues a partir de un gobierno que aunque su discurso busca alentarlas, sus acciones van en el sentido contrario, sumada a la ola de inseguridad que se vive producto de la violencia generada por los efrentamientos entre grupos criminales y a la incertidumbre provocada por el desasosiego al Estado de Derecho, el ambiente parece buscar el desaliento. Mientras tanto, la realidad indica que el crecimiento económico del país es menos que discreto, aunque se intente presentar con optimismo.
Al final de cuentas, las decisiones políticas tienen un impacto en el desarrollo económico, comercial y social del país, por lo que medir su riesgo es necesario para valorar el rumbo a tomar durante 2025.
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