Caso Rosario Robles: tres años después se estanca en la prisión preventiva

Pero aun detrás de las rejas, la exactivista sindical en la UNAM, exdirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y exjefa de gobierno de la ciudad, se mantiene activa en su defensa y ha ganado ya diversos recursos jurídicos interpuestos como parte de su estrategia legal.

Su estatus, sin embargo, sigue igual que hace 36 meses: en prisión preventiva y sin que se vislumbre su salida, pues se declara inocente y se ha negado a adherirse al criterio de oportunidad para inculpar a otros exfuncionarios.

Además porque, acusa ella misma, es objeto de una venganza del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Rosario Robles libre

Rosario Robles sale de prisión después de tres años Un juez de control determinó concederle libertad provisional a la exsecretaria de Desarrollo Social del gobierno de Enrique Peña Nieto; no podrá salir del país.

¿Qué tiene a Robles en la cárcel?

Robles Berlanga está acusada de ejercicio indebido del servicio público en su modalidad de omisión

pues como secretaria de Desarrollo Urbano (Sedatu) y de Desarrollo Social (Sedesol) en el sexenio de Enrique Peña Nieto, habría conocido de desvíos millonarios por más de 5,073 millones de pesos, sin informar de ello a su superior jerárquico, el jefe del Ejecutivo federal.

Esas irregularidades de las que tuvo presunto conocimiento, son las relacionadas con la trama conocida como la “estafa maestra”, un esquema que habría utilizado el gobierno de Peña Nieto para el desvío de recursos públicos.

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De acuerdo con esa ingeniería financiera 11 dependencias públicas acordaron con ocho universidades públicas la realización de diversos servicios, pero estas subcontrataron a 128 empresas fantasma que carecían de infraestructura o experiencia para los trabajos o incluso eran inexistentes pero a través de las cuales se desviaron más de 7,000 millones de pesos.

Sin embargo, el proceso en contra de Robles Berlanga también ha generado dudas. Entre ellas, que pese a la magnitud de la defraudación y las dependencias involucradas es prácticamente la única de alto nivel encarcelada y relacionada con el caso.

Además no es acusada de enriquecimiento ilícito o de realizar los millonarios desvíos, sino de incumplir con su deber de evitar que se afectara el patrimonio de las dependencias que tuvo a su cargo, anomalía que no es considerada grave y de acuerdo con la ley podría enfrentar en libertad, lo que no ha logrado.

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¿Hay más acusaciones en su contra?

En septiembre de 2019 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda (SHCP) presentó una denuncia en contra de una presunta red de servidores públicos que habría sido empleada por Robles para beneficiarse con el desvío de 77 millones de pesos.

En octubre de 2020 se expidieron órdenes de aprehensión por delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Pero estas no han sido ejecutadas por la Fiscalía General de la República (FGR).

Robles recurrió ante un juez la orden de aprehensión en su contra y por ello el pasado martes 9 de agosto el juzgado décimo cuarto de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México le otorgó una suspensión definitiva contra la eventual detención.

Esta aún puede concretarse una vez que el juez entre al fondo del asunto y si así lo determina. Se espera que resuelva sobre el amparo solicitado por Robles el próximo 17 de agosto.

¿Qué irregularidades se han presentado en el caso?

El delito de uso indebido del servicio público no es un delito grave, por lo que en estricto sentido la experredista pudo enfrentar el proceso en libertad.

Pero el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, ante quien Robles se presentó a comparecer personalmente el día que fue vinculada a proceso y encarcelada, determinó que había riesgo de fuga, por lo que la exfuncionaria está presa desde entonces.

Los argumentos empleados fueron la existencia de una licencia –que Robles ha acusado de ser falsificada y sembrada- con otra dirección distinta a la de su domicilio.

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El juez Delgadillo, quien ya no lleva el caso, es sobrino de la exdiputada morenista Dolores Padierna, cuyo esposo, René Bejarano, estuvo inmiscuido en los videoescándalos de 2004, en que fue grabado por el empresario argentino Carlos Ahumada –expareja de Robles Berlanga- mientras le daba fajos de billetes, caso por el que fue encarcelado, aunque al final salió exonerado.

Por este hecho, de acuerdo con la defensa de Robles, el juez debió excusarse de participar en el caso, lo que no ocurrió.

Desde que está en la cárcel la defensa de Robles ha logrado tres resoluciones judiciales para que fuera revalorada su estancia en prisión. Pero el 30 de diciembre de 2021, en audiencia, el juez Ganther Alejandro Villar canceló esa posibilidad.

Según el juzgador prevalece el riesgo de sustracción de la justicia pues hubo el trámite de una licencia de conducir con un domicilio distinto al real, y se acreditó que además de su domicilio particular en Coyoacán, Robles tenía otros dos departamentos rentados, uno de ellos en Reforma 222 en la Ciudad de México, que no reportó a la autoridad.

Además no padece una enfermedad que no pueda tratarse en reclusión y no ha llegado a los 70 años, valoró el juez.

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Entre las supuestas irregularidades que –acusa Robles– tiene su caso, está una de las pruebas en su contra, “un falso testimonio de un supuesto testigo protegido, quien hasta el momento no ha presentado pruebas ni tampoco se ha presentado a comparecer ante las autoridades correspondientes”.

¿Es Robles víctima de persecución?

Esa es, al menos otra vertiente de su defensa: la denuncia pública de la que es objeto de una venganza del presidente López Obrador, pues se le pidió inculpar al expresidente Peña Nieto y a su exsecretario de Hacienda Luis Videgaray, pero no aceptó.

Esto habría quedado confirmado –según ella misma argumenta - el 12 de agosto 2020 en un foro en El Colegio de México, en el que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz, fue cuestionado sobre el trato diferenciado que la justicia da a Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) y el que recibe Robles.

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El fiscal expuso que Lozoya admitió los cargos y decidió adherirse al criterio de oportunidad: “está haciendo una oferta formal y una denuncia de hechos de una circunstancia que ha generado un daño patrimonial por unos 400 millones de pesos”.

En cambio Robles no aceptó esa cooperación. “No hay eso, y es un daño por 15,000 millones de pesos, donde están involucradas la mayor parte o una buena parte de las instituciones públicas de educación superior del país, por favor, por favor, es decir la jerarquía de daños merecerían la conducta solidaria con el Estado mexicano para descubrir esa famosa llamada Estafa Maestra”, expuso Gertz.

Entre las muchas cartas públicas que Robles ha escrito en estos años destaca la divulgada el 31 de marzo pasado, en la que insiste en que el fiscal esperaba que “que para salvarme a mí inculpara con falsedades a otros. Se equivocó”.

Suscribió lo entonces publicado por Julio Scherer Ibarra en la revista Proceso respecto a los mecanismos empleados para presionarla y sostuvo que el exconsejero jurídico de la presidencia, el presidente López Obrador y el fiscal Gertz acordaron en 2019 encarcelarla para que su moral decayera y hacerla acusar a “peces gordos”.

“Ahí se decidió mi suerte. Se armó toda una maquinaria, incluido el juez/sobrino de apellido Padierna para atraparme en estos muros. Me convertí en rehén”, denunció la experredista.

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¿Ya ha ganado otros recursos de defensa?

El 21 de abril pasado el Noveno Tribunal Colegiado de Circuito de la Ciudad de México confirmó la sentencia de Octavio Ojeda, juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad, por la que en septiembre de 2021 determinó que el fiscal Gertz, violó el debido proceso de Robles y tuvo una injerencia indebida.

Por ello se determinó que la exsecretaria de Estado “debe recibir la protección del Estado mexicano en contra de la intrusión indebida por parte del fiscal”, a quien le fue ordenado no hacer juicios de valor sobre el caso Robles.

Todo derivó de las declaraciones del fiscal en el foro citado y la explicación de que Robles está encarcelada pues no ha aceptado cooperar.

Para la defensa de Robles la protección que recibió de la justicia frente a los dichos del fiscal “constituye un elemento objetivo para demostrar que el Estado mexicano ha entorpecido y atentado contra el debido proceso de la causa penal que Rosario Robles enfrenta".

¿Robles ha librado alguna sanción?

La Secretaría de la Función Pública le impuso la inhabilitación por 10 años, lo cual deberá reducirse.

El 1 de julio pasado se conoció que el 23er Tribunal Colegiado en Materia Administrativa le concedió un amparo, con lo que se invalidó la sanción impuesta por la Secretaría de la Función Pública (SFP), que el 10 de septiembre de 2019 la inhabilitó por 10 años.

De acuerdo con el fallo, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) deberá ordenar a la SFP que emita una nueva resolución en la que valore que la sanción corresponda a la falta administrativa cometida por Robles.

Y esta falta consiste en irregularidades en sus declaraciones patrimoniales, una inconsistencia por 2,000 pesos, falla que amerita una “inhabilitación máxima de cinco años”, no de 10 años de inhabilitación.

¿Qué otros procesos ha enfrentado Robles?

De manera paralela Robles fue sometida a un juicio político por la Cámara de Diputados, que instalada en jurado de procedencia determinó el 19 de marzo de 2019 –con 271 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones- que incurrió en “actos y omisiones en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho, cometidos en el ejercicio de sus funciones de secretaria de Estado”.

Como marca la ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos el caso fue remitido a la Cámara de Senadores, que deberá instalarse en jurado de acusación y resolver en su caso la sanción. Pero el caso está congelado en el Senado.

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Dado que el juicio político solo tiene como finalidad remover de su encargo a un servidor público y en su caso decretar su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público, lo máximo que puede ocurrir es inhabilitarla unos años para ejercer en el servicio público.