Ayotzinapa, seis años de obstáculos y algunos avances

Al terminar el sexenio de Peña Nieto, el actual gobierno se comprometió a esclarecer el caso Ayotzinapa; hasta la fecha ya se registran avances: una nueva indagatoria y nuevas órdenes de aprehensión.
El hallazgo de restos humanos y las acciones legales en contra de exfuncionarios que manipularon evidencia, dan una esperanza a los familiares de los 43 normalistas.

Este fin de semana se cumplen seis años de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, periodo en el que los que las familias y otros estudiantes han recorrido el país en busca de los jóvenes, exigiendo justicia y que los hechos sean esclarecidos.

Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República, también llegó la promesa de que el caso Ayotzinapa sería resuelto. Aquí te decimos cómo han avanzado las pesquisas y que ha pasado con los personajes clave.

Comisión para la Verdad

En enero de 2019, el gobierno federal y las familias de los 43 normalistas desaparecidos instalaron la

en torno a los hechos ocurridos entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Esta comisión fue creada por decreto del presidente López Obrador y tuvo su primer gran logro en julio de este año, cuando el fiscal especial del caso, Omar Gómez Trejo, confirmó la identificación de los restos del estudiante

, localizados en Cocula, pero lejos del basurero en el que se basó la Procuraduría General de la República (PGR, hoy Fiscalía) para declarar la “verdad histórica”.

A lo largo de 2019, la Comisión para la Verdad realizó diversas búsquedas en municipios cercanos a Iguala para tratar de dar con el paradero de los jóvenes desaparecidos. En esas diligencias se encontraron

que serían enviados a Austria para su análisis.

Una nueva investigación

En septiembre de 2019, poco antes del quinto aniversario del caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) y encargado de la Comisión de la Verdad, dio a conocer que se replantearía totalmente la investigación, pues había nuevas líneas y nuevos testigos.

El funcionario aclaró que no habría “borrón y cuenta nueva”, pues a este punto no podía ignorarse que servidores públicos incurrieron en omisiones y alteraciones durante la primera indagatoria. Con esto también se abrió la posibilidad de iniciar procesos en contra de exfuncionarios y policías involucrados en el caso.

El propio fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, reconoció ante las familias de los normalistas que recibió una investigación deficiente y que había que volverla a construir, según lo declarado por Vidulfo Rosales, abogado de algunos de los padres.

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El regreso del GIEI

Para esta nueva etapa, el gobierno mexicano acordó que el

volviera a formar parte de las investigaciones, una petición que hicieron los propios familiares de los normalistas.

Esto luego de la ruptura que hubo entre el gobierno de Enrique Peña Nieto y el grupo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debido a que el GIEI señaló en su informe la inviabilidad de que los 43 normalistas pudieran haber sido incinerados en el basurero de Cocula, como sostuvo la FGR.

Liberación de implicados

De los 142 detenidos inicialmente por el caso Ayotzinapa, solo 64 siguen bajo proceso penal; el resto fue logrando su absolución, y fue hace exactamente un año cuando se dio la “liberación masiva”.

En septiembre de 2019, el juez Samuel Ventura Ramos ordenó la inmediata

por los hechos ocurridos en Iguala en 2014. Los beneficiados fueron policías municipales y presunto líder de Guerreros Unidos, organización a la que se atribuye la desaparición de los normalistas. Un mes después, el mismo juez dejó .

A finales de junio de este año, las autoridades informaron sobre la captura de una de las piezas clave en la desaparición de los normalistas:

otro presunto líder de Guerrero Unidos. Pero una semana después, una jueza federal ordenó su liberación al considerar que no había elementos de prueba para vincularlo por el delito de delincuencia organizada.

Sin embargo, cuando el ‘Mochomo’ puso un pie fuera del penal del Altiplano, fue

por agentes de la FGR por una investigación distinta, que no tiene relación con el caso Ayotzinapa. Posteriormente, el fiscal general Alejandro Gertz Manero dio a conocer que personas cercanas al presunto líder criminal

Más detenidos

Además del ‘Mochomo’, en los últimos meses las autoridades han logrado la detención de cinco exfuncionarios relacionados con actos de tortura en torno al caso Ayotzinapa.

Los

fueron Ezequiel Peña Cerda, director de Área de la desaparecida Agencia de Investigación Criminal (AIC), e Isidro Junco Barajas, exagente de la Policía Federal Ministerial y quien, hasta antes de su captura, se desempeñaba como encargado de Seguridad de la Cámara de Diputados. Ambos estarían relacionados con la tortura infligida en 2014 a Carlos Canto Salgado, la cual fue captada en video y difundida en redes sociales en 2019.

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En julio de este año, otros dos agentes de la AIC que se encontraban en activo fueron capturados. Y a inicios de este mes,

, exmando de la Policía Ministerial sobre quien pesaba una orden de captura, se entregó a la FGR. Los tres enfrentan cargos de tortura y desaparición forzada en torno al caso Ayotzinapa.

Zerón y Murillo, en la mira

En septiembre de 2019, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, reveló que la FGR investigaba al exprocurador Jesús Murillo Karam y al extitular de la AIC, Tomás Zerón de Lucio, por posibles irregularidades en las primeras indagatorias sobre la desaparición de los 43 normalistas.

Al darse a conocer que sería investigado, e incluso citado a declarar ante la FGR, Murillo Karam afirmó en entrevista con Televisa que “volvería a hacer lo mismo” respecto a la indagatoria del caso, la cual duró solo tres meses concluyendo con la “verdad histórica”, que estuvo basada en pruebas y testimonios presuntamente manipulados por la AIC.

Mientras que, desde marzo de este año, Tomás Zerón es considerado prófugo de la justicia, luego de que un juez federal emitiera una orden de aprehensión por violaciones a los derechos humanos y fabricación de pruebas. De hecho, la Interpol emitió una ficha roja en 180 países para localizar al exfuncionario.

La orden contra Zerón de Lucio se sostiene gracias a un

, en el que aparece el entonces titular de la AIC presenciando el interrogatorio irregular al que fue sometido Felipe Rodríguez Salgado, el ‘Cepillo’, presunto integrante de Guerreros Unidos. La Oficina del del Alto Comisionado de las Naciones para los Derechos Humanos (ONU-DH) señaló que en esta grabación se muestran actos de tortura durante el interrogatorio.

Tomás Zerón ha buscado ampararse contra la orden de aprehensión que pesa en su contra, mientras las autoridades le siguen la pista, primero en Canadá y ahora en Israel.

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¿Un normalista con vida?

El dato más reciente sobre el caso es en torno a Jorge Antonio Tizapa Leguideño, uno de los normalistas desaparecidos hace seis años en Iguala y cuya búsqueda se extiende a Mexicali, Baja California.

La Secretaría de Gobernación solicitó esta semana al gobierno de Baja California realizar acciones de búsqueda para tratar de localizar a un joven en situación de calle, cuya fotografía le fue enviada a la familia de Antonio Tizapa, quien consideró que guarda un gran parecido con el normalista.

Esta se ha convertido en una de las pistas más importantes que sigue el gobierno federal sobre los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala.