El Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI) volverá a ser parte de las investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, cometida en septiembre de 2014.
Esto luego a que el gobierno mexicano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) -de la que se desprende el GIEI- firmaran este jueves el acuerdo por el que se confirma su reinstalación en el caso.
"(El GIEI) brindará asistencia técnica internacional para el avance de las investigaciones y las acciones para atender las medidas cautelares dictadas por ese órgano interamericano (CIDH) en el caso de la desaparición forzada de 43 estudiantes", indicó la Secretaría de Gobernación (Segob) en un comunicado .
La acción forma parte del compromiso establecido en el 'Decreto por el que se instruye establecer condiciones materiales, jurídicas y humanas efectivas para fortalecer los derechos humanos de los familiares de las víctimas del caso Ayotzinapa a la verdad y acceso a la justicia', emitido el 4 de diciembre de 2018 por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
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La Segob puntualizó que este acuerdo se logró tomando en cuenta a los padres y madres de los normalistas, la Oficina en México de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, así como a las propias personas expertas que formarán parte del Grupo Internacional de Expertos Independientes.
Incluso, señaló, a solicitud de los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos, al grupo de trabajo se integrarán expertas y expertos que previamente formaron parte del GIEI.
En febrero de 2019, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, dio a conocer que el GIEI volvería a formar parte de la investigación sobre los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
La reinstalación se da a más de tres años de que los cinco integrantes del Grupo Interdisciplinario tuvieran que abandonar el país debido a que el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto decidiera no prorrogar su trabajo en el caso Ayotzinapa.
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En abril de 2016, antes de partir, los expertos Claudia Paz, Alejandro Valencia, Ángela Buitrago, Carlos Beristain y Francisco Cox entregaron a los padres de los 43 normalistas su segundo informe, en el que sostuvieron la imposibilidad de que los jóvener pudieran haber sido incinerados en el basurero de Cocula, como afirmó la Procuraduría General de la República (PGR, hoy Fiscalía General).
En el mismo informe, el GIEI denunció obstáculos por parte del gobierno de Peña Nieto.
