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Un delito: la acusación contra Rosario Robles

Hasta antes de presentarse a comparecer, la Fiscalía General de la República sólo acusa a Rosario Robles de un delito que no amerita prisión preventiva, pero puede cambiar en las siguientes horas.
jue 08 agosto 2019 01:15 AM
Héctor Gutiérrez Trejo
@Tedefrijol

De todos los funcionarios peñistas, Rosario Robles, casi a la par de Emilio Lozoya, es sobre quien pesan las mayores acusaciones por irregularidades en su gestión, en su caso, van desde uso electoral de programas sociales, manejo irregular de los apoyos a los damnificados por los sismos de 2017, hasta desvíos de miles de millones de pesos a través de un esquema que fue dado a conocer como La Estafa Maestra.

Sin embargo, la exsecretaria de Desarrollo Social y exsecretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano comparecerá este jueves ante un juez de control en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México, luego de que la Fiscalía General de la República anunciara que la investigada por el presunto delito de "ejercicio indebido en el servicio público"; es decir, un solo delito, sin embargo, más allá de esta acción legal, su trayectoria ha estado en el ojo público por casi dos décadas.

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Cruzada Nacional Contra el Hambre

Cuando Enrique Peña Nieto designó a la experredista Rosario Robles como miembro de su gabinete como secretaria de Desarrollo Social la decisión fue aplaudida debido a que fue considerada como una señal de pluralidad y apertura del nuevo gobierno.

No obstante, los problemas no tardaron en llegar. A inicios de 2013, el programa estelar del sexenio, la Cruzada Nacional Contra el Hambre, cuya implementación estuvo a cargo de la exjefa de Gobierno capitalino, fue denunciado de ser un programa clientelar con fines electorales, especialmente en Veracruz, en un año en el que se iban a renovar los ayuntamientos y diputaciones de 14 entidades.

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“Rosario, no te preocupes”, fueron las palabras que expresó el presidente Peña, en abril, ante las críticas por la referida política social por parte de la oposición, la cual solicitó un juicio político para ella y el exgobernador Javier Duarte.

Sin embargo, los señalamientos fueron fundados: Robles, quien inicialmente había negado las acusaciones en su contra, informó que tuvo que exigir la renuncia de siete funcionarios de la dependencia, luego de que la oposición difundiera audios en los que se hablaba de una operación electoral usando como eje la Cruzada Nacional contra el Hambre.

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Dicho programa, resultó ineficaz, de acuerdo a los análisis del mismo realizados por la Auditoría Superior de la Federación y el Coneval.

Según el Coneval, pese a que la Cruzada tenía el objetivo de reducir a cero la pobreza alimentaria, al final sólo se redujo de 27.4 a 25.5 millones de personas en esa situación.

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La ASF, por su parte, señaló en 2018 que el referido programa no cumplió sus objetivos, pues en 2017 el programa sólo atendió las carencias de 8,696 personas de un universo, fijado por el gobierno de Peña, de 7,466 millones de personas en pobreza extrema alimentaria

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Dádivas en el Estado de México

En 2015, justo a mediados de sexenio, Robles dejó la Sedesol para ocupar la titularidad de la Sedatu, dependencia desde la cual, a finales de 2016 e inicios de 2017, se volvió un eslabón clave en la operación electoral a favor del PRI en la elección para renovar la gubernatura del Estado de México.

Durante los meses previos a la elección mexiquense, Robles, se dio a la tarea de acompañar al entonces gobernador Eruviel Ávila; desde la Sedatu encabezó las Ferias de Servicios instrumentadas en la entidad, donde entregó viviendas y anunció proyectos de infraestructura social.

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Su activismo en suelo mexiquense derivó en que Morena interpusiera una denuncia en su contra ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales por desvíos de recursos públicos con fines electorales.

La Estafa Maestra

A finales de 2017, Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad dieron a conocer una investigación, conocida como la Estafa Maestra, en la que se denunció que, mediante un esquema que utilizó 128 empresas fantasma y convenios con universidades, el gobierno de Peña desvió al menos 7,670 millones de pesos.

De esa cifra, al menos 3,400 millones fueron desviados de la Sedesol durante la gestión de Robles en la primera mitad del sexenio, en una estrategia que involucró a tres universidades, principalmente a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

Posteriormente, la ASF reveló, en su primer informe de la cuenta pública en 2018, que 1,311 millones de pesos adicionales fueron desviados de la Sedesol y de la Sedatu durante la administración de Robles, por medio de transferencias a Monex y Ci Banco que después fueron dispersadas en cuentas de otros países.

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En el caso de la Sedesol, los desvíos se realizaron a través de convenios y contratos con la Radio y Televisión de Hidalgo, celebrados entre 2014 y 2015; mientras que, en la Sedatu, los contratos fueron con el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social entre julio y octubre de 2015.

Además de esos desvíos, en 2018 el diario Reforma publicó que 700 millones de pesos adicionales en efectivo fueron desviados de la Sedesol y Sedatu en un esquema de dispersión en el cual los servicios de seguridad Cometra, Panamericana y Tameme entregaron los recursos a domicilios en zonas marginadas en donde los propietarios, personas de escasos recursos, desconocieron la operación.

Ante esos señalamientos, Robles negó las acusaciones, pidió pruebas que sustentaran las acusaciones en su contra e incluso retó al medio a presentarse ante la PGR para aclarar la situación.

Esta semana, se reveló, a su vez, que tres exfuncionarios de la Sedesol y Sedatu declararon a la FGR que cuatro domicilios ubicados en Anzures y Polanco fueron utilizados por colaboradores del exoficial mayor, Emilio Zebadúa, para elaborar contratos, firmas y facturas falsas que se usaron para desviar al menos 2,800 millones de pesos de ambas dependencias.

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Irregularidades en apoyos a damnificados

En septiembre de 2017, los sismos del 7 y 19 de septiembre sacudieron al país, causaron cientos de muertos y dejaron miles de personas damnificadas con sus propiedades totalmente destruidas.

Aunque la Sedatu tuvo la tarea de apoyar en las labores de reconstrucción, no realizó un censo adecuado sobre las viviendas afectadas, omitiendo censar, según la ASF. inmuebles en 377 de los 720 municipios afectados por los movimientos telúricos.

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Asimismo, entre las viviendas que sí fueron registradas, se hallaron 191,365 registros duplicados y los apoyos se repartieron sin un parámetro que diera prioridad a la población más vulnerable.

A inicios de este año, la ASF informó que hubo irregularidades en 15 millones de pesos en entregas a apoyos a los damnificados por los sismos, además de que se hallaron facturas canceladas y falta de comprobantes respecto a esos apoyos.

Defensa legal: horas clave

Desde su involucramiento emocional con el empresario Carlos Ahumada, acusado por sobornar a funcionarios perredistas como René Bejarano, Robles ha estado en las últimas dos décadas en el ojo del huracán.

Frente a las pesquisas de la FGR, que la acusa de “ejercicio ilícito de la función pública”, Robles ha emprendido acciones legales para defenderse tras el citatorio emitido el 29 de julio.

Robles dio a conocer que asistiría a la comparecencia de este 8 de agosto, pero tramitó un primer amparo, además se informó que sus cuentas fueron congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera.

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Apenas esta semana pagó 69,500 pesos como garantía para conseguir una suspensión provisional para evitar cualquier orden de aprehensión en su contra; sin embargo, este miércoles le fue rechazada la suspensión definitiva al no existir ninguna orden de aprehensión en su contra.

En su comparecencia, Robles, será informada de los delitos que la Fiscalía le imputa. No se determinará si es culpable o inocente, sino que sólo se decidirá si se le vincula a proceso o que no existen pruebas suficientes para arrancar el proceso.

La audiencia también se puede aprovechar para dar a conocer si existen más delitos, además del referido de “ejercicio indebido de la función pública”; uno de ellos podría ser el de desvío de recursos.

A partir de ese momento, la Fiscalía anunciará si en ese momento la vincula a proceso o si lo hace en un plazo que puede ir de 72 a 144 horas.

Como el delito de “ejercicio indebido de la función pública” no amerita prisión preventiva, Robles podría resultar acusada y vinculada a proceso, pero permanecer en libertad.

Todo depende de cómo formule la Fiscalía su acusación.

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