Mientras, por ausencia de regulación, miles –si no es que millones– de mexicanos siguen en estado de falta de certidumbre, desprotección de derechos y falta de acceso a la justicia.
Noticias relacionadas
La corrección de omisiones a la Ley General de Comunicación Social; la emisión de un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares; la expedición de la Ley Reglamentaria del artículo 29 de la Constitución en materia de suspensión de garantías y la Ley de Consulta Previa, Libre e Informada para los pueblos indígenas de México, son sólo cuatro de las regulaciones pendientes en las que hay plazos por sentencia judicial que no fueron atendidos.
En todos ellos los quejosos ganaron amparos para tener la protección de la justicia, y se concluyó que la Cámara de Diputados, el Senado o ambas cámaras, incurrieron en “omisión absoluta” al no expedir los ordenamientos a que estaban obligadas.
Te podría interesar
Pero la semana pasada concluyó el periodo ordinario de sesiones de la 65 Legislatura sin que la situación haya variado.
El director de asuntos jurídicos de la Cámara de Diputados, Luis Genaro Vásquez Rodríguez, reconoció que los quejosos continuamente han recurrido a los jueces para exigir que los legisladores cumplan los mandatos, lo que genera una “presión procesal” sobre la Cámara.
"Hemos tenido la presión de los quejosos que constantemente están promoviendo en los juzgados y exigiéndole al juez que nos requieran informes de cumplimiento y que no nos den prórrogas", afirmó el lunes 2 de mayo.
¿Remoción de legisladores por desacato?
El caso más grave es el de las reformas a la Ley General de Comunicación, pues a decir de Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19-México, misma que ha litigado el caso, ya hay un abierto desacato de ambas cámaras en expedir las enmiendas y así se lo hicieron saber ayer al juez, para que inicie el procedimiento respectivo.
Noticias relacionadas
Este prevé la posibilidad de separación del cargo e incluso la consignación del responsable ante un juez, reconoce, pero la realidad es que no cumplieron, “hay un abierto desacato” a la orden de la Corte y de un juez, y legisladores de todos los partidos son corresponsables, expuso en entrevista.