Al revisar un juicio de amparo, los ministros consideraron que con la ley se atenta contra la libertad de expresión, en virtud de que la norma omite criterios claros y objetivos no solo sobre el ejercicio del gasto público en materia de comunicación social, sino también en materia de contratación de medios.
"Esta Primera Sala considera sustancialmente fundada la línea argumentativa de la revisión principal, en el cual se aduce que en el juicio de amparo sí quedó plenamente acreditado el interés legítimo de la parte quejosa para reclamar la Ley General de Comunicación Social", refiere el proyecto avalado.
De acuerdo con la ponencia elaborada por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, "cuando el legislador federal tiene ese conocimiento del campo regulatorio y decide no ejercer sus facultades constitucionales para repararlo vía la emisión de un marco normativo adecuado, preciso y eficaz, resulta partícipe de quien lleva a cabo sus atribuciones en forma omnímoda o arbitraria".
Además, en caso de que se derogue la referida ley, corresponderá al Congreso emitir una nueva, toda vez que está constitucionalmente obligado a reglamentar el gasto gubernamental en publicidad.
Desde su aprobación, la Ley General de Comunicación Social ha sido cuestionada y criticada por periodistas, organizaciones y académicos.
