El Congreso acumula rezagos con hasta nueve años de demora

Se trata de regulaciones pendientes durante años, pero ahora los legisladores enfrentan la posibilidad de incurrir en desacato por la falta de emisión de algunas leyes para las que el Poder Judicial les ha fijado plazos.

Francisco Burgoa, catedrático de la UNAM y abogado constitucionalista, considera que con o sin resoluciones judiciales de por medio, las dos cámaras del Congreso han violado leyes y plazos que, incluso, ellos mismos se fijaron para expedir regulaciones específicas.

“Si los legisladores atendieran íntegramente la protesta de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan, no habría ninguna necesidad de verse obligados por el Poder Judicial a legislar”, considera.

Hoy, en cambio, a golpe de sentencias deberán hacerlo en los siguientes casos:

Justicia cotidiana: una reforma que afecta a 32 entidades

Aunque hay diversidad de ejemplos, uno de los retrasos más importantes que enfrenta el Congreso se encuentra en el Senado como cámara de origen responsable de emitir la llamada Ley de Justicia Cotidiana.

Esta deberá constituirse como una legislación procesal única que homologue procedimientos para los juicios en materia civil y familiar en todo el país, lo que debió legislarse desde 2018.

La reforma al artículo 73 constitucional en esa materia fue avalada por el Congreso desde 2017 y los legisladores se fijaron un plazo de 180 días, el cual ya fue rebasado por casi tres años.

En la Acción de inconstitucionalidad 144/2017 la SCJN declaró invalida una legislación de Coahuila y recordó la responsabilidad del Congreso de emitir la ley secundaria, pues sin ella ninguna entidad puede emitir su propia ley y todas están en espera de un marco federal.

El 13 de mayo pasado, la Primera Sala de la Corte confirmó además un amparo por el que se ordenó al Congreso expedir el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

Más aun, la Corte impuso un nuevo plazo que vence en poco más de dos meses: “la expedición del Código citado deberá realizarse dentro de los siguientes dos periodos ordinarios de sesiones del Congreso”, se ordenó.

El primer periodo concluyó en diciembre, sin que se hubiera acatado la orden, en tanto que el actual, que inició el 1 de febrero, termina el 30 de abril. Ese es el nuevo plazo para cumplir.

Ley de aguas: nueve años de retraso

Burgoa establece que afortunadamente ante la omisión de los legisladores los ciudadanos podemos recurrir al amparo, que es el mecanismo que tenemos para que el Poder Judicial se pronuncie, y el objetivo es obligar al Congreso a legislar.

“Es una situación bastante peculiar, pues ellos mismos incumplen los plazos y términos para expedir leyes secundarias o una normatividad por eso hay que recurrir a un medio de control para que sea el Poder Judicial el que los obligue”, detalla.

Un ejemplo de cómo los derechos han debido exigirse por esa vía es el del acceso al agua.

El 27 de enero pasado la Corte resolvió 11 controversias constitucionales interpuestas por igual número de municipios de Chihuahua y reiteró el criterio adoptado en siete controversias previas. En todas ha concluido que el Congreso está en omisión legislativa por no expedir la Ley General de Aguas.

Desde la reforma constitucional del 8 de febrero de 2012 en materia de aguas los legisladores se dieron de plazo 360 días para esa regulación secundaria y ya cumplieron 9 años de retraso.

La Corte, en atención al conjunto de 18 controversias interpuestas que ha resuelto y en las que ha concluido falta de trabajo de diputados y senadores, volvió a ordenar al Congreso que legisle.

Como han expuesto los municipios y organizaciones que recurrieron a la SCJN, han trascurrido sequías, lluvias, desbordamiento de presas, conflictos con Estados Unidos, como el relacionado a la presa “La Boquilla”, en Chihuahua, sin que el Congreso regule la participación de los municipios para hacer realidad el derecho al agua.

Ley de Comunicación Social: litigio desde 2014

Otro de los emplazamientos que enfrenta el Congreso lleva consigo el apercibimiento de que, de no cumplir, incurrirá en desacato.

El plazo al Congreso fue impuesto por el del juez Francisco Rebolledo, del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa, quien el 9 de enero pasado ordenó a las Cámaras legislar en 10 días y reformar la Ley General de Comunicación Social.

Empero, el Congreso consiguió un aplazamiento para poder legislar y cumplir durante el presente periodo de sesiones. Sin embargo, la ausencia de trabajo legislativo profesional en esta materia se arrastra desde 2014 y ha sido objeto de un largo litigio.

Este comenzó en 2015, cuando la organización Artículo 19 promovió un amparo ante la omisión legislativa de emitir, como lo aprobaron los legisladores al avalar la reforma electoral de 2014, una ley específica sobre contratación de publicidad oficial.

Al atraer y desahogar el amparo en revisión 1359/2015, la SCJN ordenó al Congreso, en noviembre de 2015, regular la publicidad oficial “a más tardar” el 30 de abril de 2018.

Pero la orden se acató a medias con la llamada “Ley Chayote”, que Articulo 19 volvió a controvertir, pues carecía de reglas específicas y claras para la contratación de propaganda oficial, lo que podría afectar la libertad de expresión y la pluralidad, e impedir que el gasto en comunicación social se ejerza con eficiencia, transparencia y honradez.

De nueva cuenta la SCJN dio la razón a la organización y el 8 de septiembre de 2021 ordenó al Legislativo corregir, lo que no ha ocurrido.

Ante la omisión, en enero pasado el juez Rebolledo concedió la razón a la organización quejosa y emplazó al Congreso a aprobar las reformas que le fueron ordenadas.

Sólo que en esta ocasión con el apercibimiento de que los titulares del Congreso podrían incurrir en desacato, en caso de incumplimiento en 10 días.

Ante la premura, y la existencia entonces de un periodo de receso legislativo, los presidentes de las mesas directivas del Senado, Olga Sánchez Cordero y de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, consiguieron un nuevo plazo, ahora improrrogable, que vencerá en el actual periodo de sesiones que arrancó el 1 de febrero.

La cannabis: llamativa pero con casi un año de rezago

De todos los casos quizá el más mediático es el ya histórico rezago en la regulación del uso recreativo de la cannabis, tema en el que la SCJN también ha emplazado a legislar.

El Congreso incurrió en un incumplimiento en abril de 2021, lo que llevó a los ministros de la Corte a emitir, el 28 de junio, la declaratoria general de inconstitucionalidad de dos artículos de la Ley General de Salud que prohibían de forma absoluta el uso de la planta.

La senadora de Morena, Olga Sánchez Cordero, una de las principales impulsoras, establece que ya se ha avanzado en los acuerdos y es probable que ahora si en el periodo ordinario se emita la legislación sobre el uso lúdico de la marihuana, pues admite que el Congreso está en falta.

“Hay avances y México no puede quedarse atrás, ni ser el último país en regular esa materia”, considera.

De acuerdo al senador Miguel Ángel Mancera, del PRD, el borrador que se ha trabajado puede avanzar con alto grado de consenso entre todos los grupos parlamentarios y en este periodo de sesiones.

Este proyecto, sin embargo, sería distinto a los anteriores, en los que se buscaba regular autoconsumo, comercialización y uso con fines de investigación, para desagregar los temas a regular y avanzar paso a paso.

Hoy por hoy, sin embargo, sólo hay un proyecto y no ha iniciado el proceso legislativo formal.

Política antiracismo, congelada

Otra materia en la que no sólo hay incumplimiento a amparos y una sentencia de la SCJN, sino incluso a compromisos internacionales, se refiere a la obligación de tipificar como delito la difusión de ideas basadas en la superioridad o el odio racial, la violencia e incitación al racismo, la asistencia a actividades racistas y su financiamiento.

México ratificó su adhesión a la Convención Internacional Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (CIEFDR) el 20 de febrero de 1975 y desde entonces está obligado a legislar e incluir lo descrito.

Para subsanar esa omisión, sin embargo, tampoco han sido suficientes las observaciones finales a México, emitidas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de las Naciones Unidas en 2019, en que se lamentó que el país no tenga en sus leyes todos los elementos antirracismo que se comprometió incluir al suscribir la Convención.

Tampoco se ha cumplido la orden del el Juez Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal, que el 27 de abril de 2018 resolvió el amparo 634/2017 y dio la razón a la Asociación Zafiro Pro Derechos Humanos al concluir la existencia de esa omisión legislativa y ordenar subsanarla.

En el amparo en revisión 805/2018 incluso la SCJN ordenó al Poder Legislativo y al Ejecutivo atender el problema esencial de los discursos de odio y sancionar conductas que puedan justificar crímenes de odio.

Hoy, al menos existen iniciativas propuestas por senadores de diversos partidos, pero no hay dictamen ni fecha para abordar el asunto en el pleno.

“Esperemos que los congresistas atiendan ese compromiso que hicieron” al asumir el cargo y que es legislar, expone Burgoa en entrevista.

Por ejemplo, refiere, a fines de 2021 la SCJN dejó a nivel de “exhorto” a legislar sobre Ley de Objeción de Conciencia, y aún no se ha cumplido.

Otros casos han pasado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), refiere. Uno de los más recientes, la sentencia en que se obligó al Congreso a expedir la Ley Federal de Revocación de Mandato, en 2021.

O por ejemplo –recuerda- la reforma del 10 de junio de 2011 en materia de derechos humanos “mandató a emitir la ley reglamentaria del artículo 29 constitucional en materia de suspensión o restricción de los derechos humanos y sus garantías” pero no se ha concretado.

En esa ocasión el Legislativo también se obligó a expedir en un año la Ley Reglamentaria del artículo 33 constitucional para regular el procedimiento para poder dar audiencia a los ciudadanos extranjeros en un proceso de expulsión, y esta no ha prosperado, recuerda.

“Esas dos leyes reglamentarias debieron ser expedidas a más tardar el 11 de junio de 2012 –hace 9 años- y hasta la fecha nada. Y como no hay una sentencia que les obligue a expedir esas leyes, no lo han hecho”.

El catedrático señala que esos son sólo casos en los que jueces o ministros ya se pronunciaron, pero hay muchas más en los que puede que no haya controversia jurídica, pero si omisión y por ende, violaciones legales cometidas por los legisladores.