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Rocha Moya, el dilema más difícil de Sheinbaum

Si la FGR no actúa y el proceso se dilata indefinidamente, el caso Rocha se convierte en el símbolo permanente de que en México la impunidad tiene partido.
lun 04 mayo 2026 06:05 AM
rocha moya
La FGR declaró que "por ahora" no entregará a Rubén Rocha Moya a EU. Esa frase "por ahora" es la más honesta del caso, porque nomina con precisión lo que está ocurriendo: una pausa calculada mientras se evalúan los costos de cada movimiento posible, apunta José Manuel Urquijo. (Foto: Graciela López Herrera/ Cuartoscuro)

En octubre de 2024, Rubén Rocha Moya pisó la Cámara de Diputados en medio de la peor crisis de seguridad que Sinaloa había vivido en años. La bancada de Morena lo recibió de pie, con un coro que quedó grabado: "¡No estás solo, no estás solo!". Eran más de 3,000 muertos en la guerra entre facciones del cártel y el gobernador recibía un respaldo total en San Lázaro.

Dieciocho meses después, el Distrito Sur de Nueva York formalizó cargos por narcotráfico contra Rocha Moya y otros 9 funcionarios, ex funcionarios y el senador Enrique Inzunza Cázarez. El documento de 34 páginas describe reuniones con sicarios armados, acuerdos electorales con Los Chapitos y la entrega del control operativo de la Policía Estatal a cambio de votos. Y, a diferencia de 2024, solo respaldaron a Sheinbaum; a Rocha, silencio.

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Esa distancia de 18 meses, del "no estás solo" al silencio, es el perímetro exacto del problema que hoy enfrenta la presidenta. Quienes consideran que se trata de un problema jurídico o legal, se equivocan. Se trata de un problema político y de poder, de legitimidad y de futuro.

La Fiscalía General de la República (FGR) declaró que "por ahora" no entregará a Rocha a Estados Unidos. Esa frase "por ahora" es la más honesta del caso, porque nomina con precisión lo que está ocurriendo: una pausa calculada mientras se evalúan los costos de cada movimiento posible.

El problema es que en escenarios como este, las pausas también son decisiones. Y esta tiene un costo que crece con el tiempo.

Si la FGR no actúa y el proceso se dilata indefinidamente, el caso Rocha se convierte en el símbolo permanente de que en México la impunidad tiene partido. La oposición —que ya declaró que Morena es un "narcopartido"— tiene en ese escenario el combustible electoral que necesita para 2027. Más grave aún: Estados Unidos construiría su caso de todas formas, con o sin la cooperación de México, posiblemente a través del senador Inzunza, cuyos abogados ya se han acercado al Departamento de Justicia para explorar un acuerdo de testigo cooperante, de acuerdo con reportes de El Universal.

Si la FGR actúa y detiene a Rocha en México, Sheinbaum obtiene algo que pocos gobiernos logran en medio de una crisis: la narrativa de que las instituciones funcionaron sin que nadie tuviera que ceder ante presiones externas. Es, en términos políticos, la salida de menor costo. Pero requiere que el gobierno esté dispuesto a procesar públicamente que un gobernador de Morena, respaldado por el fundador del movimiento, fue el arquitecto de un acuerdo criminal con el cártel más poderoso del país.

Esa decisión es exactamente lo que está en juego.

Hay un dato que pasó casi inadvertido entre el ruido de los primeros días del caso, pero que es quizás el más revelador de todos. En octubre de 2024, los gobernadores de la 4T emitieron un comunicado conjunto de respaldo a Rocha Moya. En abril de 2026 no hubo comunicado. Respaldaron a Sheinbaum, a la postura soberanista, a la defensa del proceso legal mexicano. No a Rocha.

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Varios gobernadores clave como Chiapas, Hidalgo, Guerrero, Oaxaca o Sonora guardaron silencio total.

En estos escenarios el silencio colectivo es la forma más sofisticada de tomar posición sin asumir el costo de decirlo. El movimiento ya procesó, en privado, que Rocha es indefendible. Lo que falta es que las instituciones lo procesen en público.

El propio AMLO, cuyo vínculo con Rocha data de 1998 cuando ambos militaban en el PRD, no se ha pronunciado. Esa ausencia dice más que cualquier declaración. Pareciera que el padrino político de esta historia decidió que este capítulo se escribirá sin él.

En términos institucionales, lo que está en juego en el caso Rocha es mucho más profundo que la suerte del gobernador. Lo que verdaderamente está en juego es si México tiene la capacidad y la voluntad política de procesar una crisis de captura del Estado desde adentro, sin que sea necesario que un tribunal extranjero lo haga por nosotros.

La oposición ya tiene su narrativa. Estados Unidos ya tiene su expediente. El senador Inzunza ya tiene sus abogados negociando en Washington. El tiempo que le queda a la Presidenta Sheinbaum para controlar el relato se acorta con cada día y semana que pasa sin que la FGR actúe.

Arthur Koestler escribió que "una civilización se puede juzgar por la forma en que trata a quienes están por encima de la ley". México ha demostrado en décadas recientes que sabe castigar a los que caen en desgracia cuando ya no tienen poder que los proteja. La pregunta que plantea el caso Rocha es diferente y más exigente: ¿puede el sistema actuar cuando quien está en el centro de la crisis todavía pertenece, aunque sea formalmente, al bloque gobernante?

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La respuesta que dé Sheinbaum a esa pregunta se medirá en lo que haga la FGR en las próximas semanas. Y eso definirá si su administración logra construir una distancia sana con los pasivos del pasado, o si se convierte en su administradora.

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Nota del editor: José Manuel Urquijo es maestro en Comunicación Política y Gobernanza Estratégica por la George Washington University. Fundó la agencia Sentido Común Latinoamérica y es consultor y estratega político con experiencia en campañas políticas en México y Latinoamérica. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

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