Un partido por encima de un país
Aquí está el núcleo del problema y hay que nombrarlo sin eufemismos: lo que está ocurriendo es la defensa de un político y de un movimiento por encima del interés nacional.
Rocha Moya es miembro de Morena, el mismo partido de la presidenta.
Y mientras el aparato gubernamental toma distancia cuidadosa, los ciudadanos de Sinaloa siguen viviendo bajo una de las crisis de violencia más agudas del país, con desplazamientos forzados masivos, homicidios sin respuesta institucional y territorios donde el orden jurídico del Estado ha sido sustituido por la gobernanza del cártel.
Esto no es retórica. Es geografía criminal. Sinaloa, Michoacán, Tamaulipas, Guerrero y vastas franjas de Zacatecas, Chihuahua y Guanajuato operan bajo una lógica donde el crimen organizado provee servicios, cobra impuestos, regula mercados y dicta conductas. Eso tiene nombre en la ciencia política: gobernanza criminal paralela.
Y cuando un gobernador es señalado de ser parte de esa estructura, la pregunta no es si hay suficientes pruebas para el estándar mexicano. La pregunta es por qué el Estado mexicano parece más incómodo con la acusación que con la realidad que describe.
El costo real: más allá del escándalo
Las consecuencias de esta parálisis calculada no son solo morales. Son materiales y geopolíticas. La renegociación del T-MEC enfrenta ya presiones significativas desde Washington. Estados Unidos ha ampliado sus exigencias en materia de seguridad y cooperación antinarcóticos como condición tácita para el entorno comercial.
Un México que no actúa ante la acusación de un gobernador vinculado al mayor cártel del mundo no es solo un país con problemas de seguridad: es un socio comercial con déficit de credibilidad institucional.
Las inversiones, los acuerdos, las certezas que requiere cualquier tratado de libre comercio, se construyen sobre la confianza en el Estado de derecho. Y esa confianza hoy está en terapia intensiva.
Adicionalmente, el silencio cómplice manda un mensaje brutal a los 130 millones de mexicanos que no militan en ningún partido: que las leyes tienen diferentes velocidades según el carnet político del acusado.
Que el fuero no es garantía procesal sino blindaje de élites. Que la soberanía nacional es un argumento que se invoca selectivamente, con precisión quirúrgica, cuando lo que está en juego es un gobernador propio.
