Hay que decirlo sin ambages ni eufemismos: la acusación de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York contra Rubén Rocha y otros cuadros políticos de Sinaloa se inscribe en un contexto de imperialismo creciente de Estados Unidos, que busca recuperar la hegemonía hemisférica. Busca —para decirlo todavía más claro— que América Latina vuelva a ser su patio trasero y que los países latinoamericanos se conviertan en Estados vasallos.
Rocha, el desafío más grande para Sheinbaum
La acusación al gobernador de Sinaloa es delicadísima. Es uno de los mayores desafíos que ha enfrentado cualquier presidente mexicano en las últimas décadas.
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La acusación de la Fiscalía también se inscribe en la revigorización de la guerra contra las drogas bajo el gobierno de Trump. Para Washington, los llamados “cárteles” son organizaciones terroristas y amenazas contra la seguridad nacional, por lo que es válido combatirlos con medios militares convencionales y no convencionales. Desde esta perspectiva, también es legítimo ejecutar acciones que violan la soberanía nacional de otros países.
No estoy especulando. El gobierno estadounidense ha sido claro al respecto. Basta con leer su Estrategia de Seguridad Nacional, que contiene el “corolario Trump a la Doctrina Monroe”. Basta, también, con escuchar los discursos bravucones del propio Trump y de Marco Rubio, Pete Hegseth y los legisladores republicanos. Sobre todo, basta con observar las operaciones extraterritoriales y contrarias a derecho internacional que Estados Unidos ha lanzado contra los “narcoterroristas”, incluidas las ejecuciones extrajudiciales por medio de destrucción de barcos en el Caribe y la extracción (eufemismo para no decir secuestro) de Nicolás Maduro.
Por eso, la acusación a Rocha es delicadísima. Es uno de los mayores desafíos que ha enfrentado cualquier presidente mexicano en las últimas décadas.
Hasta ahora, la presidenta Sheinbaum ha optado por lidiar con el imperialismo y sus exigencias en materia de combate al crimen organizado mediante la subordinación total de la política mexicana de seguridad a los intereses estadounidenses.
Reducir el flujo de migrantes y drogas a Estados Unidos —con mecanismos militares— ha sido una prioridad de este gobierno. Además, bajo el liderazgo de García Harfuch, las instituciones de seguridad mexicanas intensificaron su cooperación e intercambio de inteligencia con las agencias estadounidenses y las Fuerzas Armadas mexicanas realizaron operativos para capturar o abatir a criminales mediáticos (incluido El Mencho) y desmantelar redes delincuenciales en distintas regiones del país. Por si fuera poco, México “trasladó” irregularmente a decenas de criminales a Estados Unidos.
La presidenta parece haber cedido ante todas estas exigencias de seguridad bajo el supuesto de que la estrecha colaboración con las autoridades estadounidenses evitaría que Washington cruzara dos líneas rojas para su gobierno: la acusación y el procesamiento judicial de políticos morenistas en Estados Unidos y la realización de operativos de seguridad de fuerzas estadounidenses en territorio mexicano sin acompañamiento (o al menos consentimiento) de elementos nacionales. Con la acusación a Rocha, Washington cruzó la primera línea roja y, si Sheinbaum no coopera con Estados Unidos, es probable que también cruce la segunda.
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La misma fiscalía federal que está acusando a Rocha es la que condujo el proceso que culminó con la captura y la extracción ilegal de Nicolás Maduro. No es un dato menor: Estados Unidos ya usó una orden judicial de esa fiscalía para extraer al presidente en funciones de un país latinoamericano acusado de cargos de narcotráfico, ¿por qué no haría lo mismo con un gobernador señalado por los mismos delitos?
Al iniciar las presiones del gobierno de Trump para que México combatiera la “narcopolítica”, escribí en estas páginas que la presidenta Sheinbaum debía conducir la limpia de la corrupción y la vinculación política con el crimen organizado desde dentro, antes de que Estados Unidos la manejara desde fuera. Hoy llegamos a ese punto.
La hipocresía de Estados Unidos en su discurso respecto a las drogas y la politización de su sistema de justicia no le restan seriedad y verosimilitud a las acusaciones contra Rocha. Tampoco minan la verosimilitud de los señalamientos de vínculos de varios cuadros de Morena con el crimen organizado: ahí están los casos de Sergio Carmona (ilustrativo de las ligas entre los empresarios formales, las actividades económicas ilícitas, la política y la operación electoral), Hernán Bermúdez Requena (ilustrativo del crimen organizado fungiendo como regulador de la vida económica y social de regiones enteras del país) y del huachicol fiscal en la Marina.
La presidenta está ante un trilema envenenado: (1) entregar a Rocha, bajo el riesgo de que éste suelte toda la información comprometedora que tiene sobre la clase política mexicana y con el peligro de que Morena se fracture; (2) defender a Rocha y los demás acusados, comprometiendo la integridad territorial ante una posible operación unilateral estadounidense para extraerlos; o (3) recurrir a tácticas dilatorias esgrimiendo pretextos legales al menos hasta las elecciones intermedias de noviembre en Estados Unidos o hasta que Rocha culmine su gobierno en 2027, y mientras tanto negociar algún acuerdo aceptable tanto para Morena como para las autoridades estadounidenses. Este escenario implica el riesgo de que Estados Unidos pierda la paciencia, use la revisión del T-MEC y otras palancas para asfixiar a México o incluso recurra a un operativo unilateral.
Hasta ahora, todo parece indicar que la presidenta optará por la tercera opción, pero las tácticas dilatorias sólo le comprarán un poco de aire. No digo que la decisión sea fácil; al contrario, Sheinbaum está ante una de las situaciones más difíciles para cualquier jefe de Estado. Tan sólo espero que en sus cálculos imperen el cuidado de la soberanía nacional y la integridad territorial por encima de las consideraciones partidistas y las lealtades políticas. En tiempos del nuevo imperialismo estadounidense, México necesita una jefa de Estado, no una líder de partido.
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Nota del editor: Jacques Coste es internacionalista, historiador, consultor político y autor del libro Derechos humanos y política en México: La reforma constitucional de 2011 en perspectiva histórica (Instituto Mora y Tirant lo Blanch, 2022). Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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