La elección judicial de 2025 hizo posible que por primera vez la ciudadanía eligiera a jueces, magistrados y ministros. La promesa de la reforma que permitió la eleccion judicial fue acercar la justicia al pueblo y dotar al Poder Judicial de legitimidad democrática.
#ColumnaInvitada | Cambiar la fecha de la elección judicial. Una condición para su legitimidad
México organizó una de las elecciones más complejas de su historia bajo presión de tiempo y con reglas construidas sobre la marcha.
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Sin embargo, el diseño del proceso electoral y su calendario terminaron jugando en contra de esa promesa. Hoy, resulta necesario abrir el debate sobre cambiar la fecha de la elección judicial para que no coincida con las elecciones constitucionales.
Como se argumenta en el documento Análisis de la Elección Judicial 2025 , publicado por el Centro de Capacitación para el Nuevo Poder Judicial, los tiempos establecidos en los artículos transitorios “obligaron a que diversas autoridades (…) llevaran a cabo acciones inmediatas para su correcta instrumentación”. México organizó una de las elecciones más complejas de su historia bajo presión de tiempo y con reglas construidas sobre la marcha.
Esto tuvo consecuencias: improvisación normativa, falta de pedagogía pública sobre lo que se iba a votar y una sobrecarga operativa para el INE y los órganos electorales locales. Fue un proceso impecable en organización electoral, pero políticamente débil y con legitimidad cuestionable. La evidencia más clara de esa debilidad fue la baja participación, de apenas el 13%.
Como se señala en el libro Reflexiones sobre la elección judicial 2025 en México, el proceso se caracterizó por “plazos muy reducidos y reglas restrictivas que asfixiaron la competencia”. Una elección que no se entiende, que no se comunica y que ocurre en medio de otros procesos políticos que en conjunto generan saturación informativa, difícilmente puede convocar a la ciudadanía.
La elección judicial coincidió no solo con otro tipo de elecciones; también con una reforma estructural del Poder Judicial y una ciudadanía que apenas comenzaba a comprender el nuevo modelo. El calendario no dio margen para permitir una pedagogía cívica suficiente, campañas informativas efectivas y debate público sustantivo. El diseño comprimió estas etapas y trasladó la contienda a espacios como las redes sociales, que reprodujeron publicidad vacía, sin contexto ni profundidad.
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Las propuestas de la ministra Yasmín Esquivel en la presentación del libro Reflexiones sobre la elección judicial 2025 en México apuntan en la dirección correcta. Entre los once ajustes planteados por la ministra destaca la necesidad de revisar el diseño del proceso, incluyendo sus tiempos y organización.
¿Qué implicaría cambiar la fecha?
Modificar la fecha de la elección judicial permitiría separarla de otros procesos, ampliar los tiempos de preparación institucional, y garantizar campañas más visibles.
Normativamente, cualquier modificación a las fechas de la elección judicial debe publicarse al menos 90 días antes del inicio del proceso, que ocurrirá en la primera semana de septiembre de este año. Si no se reforma la Constitución con celeridad para desfasar los calendarios, el plazo legal vencerá y el Estado estará obligado a realizar la elección judicial simultáneamente con las constitucionales.
La reforma judicial buscaba fortalecer la legitimidad del Poder Judicial, pero la legitimidad no se decreta ni se vota, se construye. El Análisis del Centro de Capacitación para el Nuevo Poder Judicial lo plantea con claridad: el objetivo de un ajuste a la elección judicial es “ofrecer insumos para una eventual adecuación normativa que permita una mayor eficacia y participación ciudadana”. Cambiar la fecha de la elección es, precisamente, uno de esos insumos.
La pregunta ahora no es si la elección judicial debe mantenerse o abandonarse, sino cómo mejorarla para que funcione. Una elección bien diseñada -con tiempos adecuados, información suficiente y condiciones de competencia reales- puede convertirse en un verdadero instrumento de democratización.
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Nota del editor: Xiuh Tenorio, Marcos Perafán y Benjamin Hill son Director General y Coordinadores Académicos del Centro de Capacitación para el Nuevo Poder Judicial. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a los autores.
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