La licencia: un movimiento político disfrazado de convicción republicana
Lo más revelador del anuncio del primero de mayo no fue la decisión de solicitar la licencia, sino la justificación con la que se envolvió. El mandatario acusado declaró que su separación temporal busca facilitar el proceso judicial sin afectar al movimiento político al que pertenece.
Ahí está la confesión involuntaria: no es un acto de rendición de cuentas ante la justicia; es un gesto de protección corporativa hacia el partido.
La república queda en segundo plano. El movimiento, primero.
El pueblo sinaloense, que lleva veinte meses viviendo una guerra civil entre facciones del crimen organizado, no aparece en esa ecuación ni de manera decorativa.
Vale recordar que apenas 48 horas antes de solicitar la licencia, el mismo funcionario había descartado categóricamente separarse del cargo, invocando su formación jurídica como garantía de que enfrentaría el proceso.
Lo que cambió en ese lapso no fue la evidencia jurídica en su contra.
Lo que cambió fue la temperatura política y, significativamente, la decisión de la calificadora S&P de colocar a Sinaloa en revisión negativa, advirtiendo posibles dificultades para conseguir financiamiento bancario.
Los mercados lograron en horas lo que la conciencia institucional no había podido en días. La licencia no es un acto republicano: es la respuesta de un sistema acorralado por sus propias contradicciones.
Sinaloa: la gobernanza criminal como arquitectura del Estado
El escenario sinaloense es incomprensible si se le analiza como una desviación o un accidente.
Lo que los hechos describen es una arquitectura de gobernanza criminal construida durante décadas, en la que el Estado formal y el crimen organizado no son adversarios sino socios con roles complementarios.
Desde mediados de 2024, la guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa ha evolucionado hasta atacar directamente al Poder Legislativo y a funcionarios municipales, con más de 90 homicidios solo en enero de 2026, aproximadamente tres asesinatos por día.
Las pérdidas económicas relacionadas con la inseguridad ascendieron a más de 36 mil millones de pesos, con la desaparición de aproximadamente 35 mil empleos en sectores como la agricultura, el comercio, la hotelería y la gastronomía.
La confrontación interna entre facciones del cártel ha roto las pocas reglas no escritas que durante décadas gobernaron las disputas criminales, llevando la violencia a niveles sin precedentes, con ataques directos a civiles, desapariciones masivas y crematorios clandestinos en zonas habitacionales de Culiacán.
Ninguna licencia administrativa detiene eso. Ningún comunicado patriotero reconstruye la institucionalidad de un estado donde el vicefiscal de la entidad, acusado formalmente, recibía presuntamente once mil dólares mensuales del cártel a cambio de filtrar información sobre operativos de seguridad respaldados por Estados Unidos.
Eso no es corrupción periférica. Eso es el Estado operando como franquicia del crimen.
