#ZonaLibre | Rubén Rocha, ¿el indefendible?

Construyó su red, tejió sus alianzas, repartió favores y ascensos, y se instaló en Culiacán con la solidez aparente de quien cree que el escándalo siempre le ocurre a otros. Hasta que un día, sin anuncio de cortesía y sin que nadie lo invitara, llegó la bomba.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos no tocó a la puerta. La derrumbó. La acusación formal contra Rocha Moya lo señala como un narco político con vínculos directos con los Chapitos —los hijos del Chapo Guzmán, el clan más poderoso del crimen organizado en este momento-. No fue una filtración. No fue un rumor de pasillo. Fue un expediente formal, aprobado en las alturas del gobierno norteamericano, respaldado por la maquinaria judicial más costosa del mundo.

Y con él cayeron, como fichas de dominó, las miradas sobre su círculo más cercano: desde el entonces secretario general de Gobierno (hoy senador), Enrique Inzunza Cázarez, pieza clave en la operación política del estado; pasando por el secretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida Sánchez, responsable del frente más sensible en una entidad marcada por la violencia; hasta liderazgos partidistas como Merary Villegas Sánchez, encargada de sostener la estructura política del movimiento en la entidad. Así como otros operadores políticos, funcionarios de su círculo íntimo, figuras que construyeron con él lo que se suponía era una administración del cambio.

La magnitud del terremoto es difícil de exagerar. Rubén Rocha Moya se convierte, en este preciso momento, en el único gobernador en ejercicio en la historia de la Cuarta Transformación en ser acusado formalmente de narcotráfico por una potencia extranjera. Es la crisis institucional más grave que ha enfrentado el movimiento desde que llegó al poder en 2018. Ni los peores escándalos de los últimos años se acercan a esto: un gobernador con nombre, apellido y expediente, señalado de ser el eslabón político que une al Estado con el crimen organizado.

Digamos lo que hay que decir con claridad: no conocemos el contenido exacto del expediente. Pero sí sabemos que ese tipo de carpetas no se elaboran a la ligera. Una acusación formal del Departamento de Justicia implica años de investigación, testimonios, escuchas, rastreo financiero. Implica que los grandes capos que han pasado por las cortes federales norteamericanas —y que han cantado con una franqueza brutal para obtener beneficios procesales— lo han señalado. Eso no se inventa. Y tampoco ayudan las propias declaraciones de Rocha, quien en diversas ocasiones ha hablado con una ligereza pasmosa sobre la necesidad de "negociar con los grupos criminales" como si eso fuera una política pública normal y no una confesión en diferido.

El espejo de García Luna

Hay un precedente que incomoda y que nadie en Morena quiere pronunciar en voz alta: Genaro García Luna. El exsecretario de Seguridad Pública federal, el hombre más poderoso del aparato de seguridad durante el calderonismo, hoy preso en Estados Unidos por sus vínculos con el narco. Durante años, el PAN lo defendió. Sus correligionarios argumentaron persecución política, montajes, conspiraciones. Hasta que las pruebas hicieron insostenible el alegato.

El PAN quedó manchado no por haber tenido a un criminal en sus filas —eso les puede ocurrir a todos— sino por haberlo defendido cuando ya era evidente que no merecía defensa.

Morena está hoy exactamente en esa bifurcación. Cada palabra de respaldo a Rocha Moya es un paso hacia ese mismo abismo. Ricardo Monreal habla de presunción de inocencia. Citlali Hernández hace lo propio. Son argumentos jurídicamente correctos y políticamente suicidas si el expediente resulta tan sólido como todo indica. La pregunta que el movimiento debe hacerse no es si Rocha tiene derecho a un proceso justo —por supuesto que sí— sino si Morena puede permitirse el lujo de cargar con ese peso sin destruir su propio relato.

El hombre que le temía al teléfono

Hay un detalle revelador en la conducta de Rocha Moya tras hacerse pública la acusación: no esperó. No llamó a Palacio Nacional, no pidió instrucciones, no aguardó a que la presidenta Claudia Sheinbaum marcara el tono de la respuesta institucional. Se adelantó. Salió a dar su versión con una velocidad que no habla de inocencia tranquila sino de un hombre que sabe exactamente qué conversación quería evitar. Porque esa conversación, según versiones que circulan con insistencia en los corredores del poder, habría incluido una petición que Rocha Moya lleva tiempo resistiendo: separarse del cargo.

Se dice que desde el año pasado hubo señales discretas, mensajes enviados a través de los canales que usan quienes no quieren que las cosas queden en papel. La respuesta de Rocha Moya, en todos los casos, habría sido la misma: no. Un gobernador que se aferra al cargo con una determinación que va más allá del orgullo político. La pregunta obvia es: ¿qué protege quien se aferra tanto al poder?

Porque cuando el poder se tambalea, no sólo cae el hombre: cae todo lo que construyó a su alrededor.

El daño colateral de esta historia tiene un nombre que circula cada vez con más frecuencia: Mario Delgado, actual secretario de Educación y uno de los hombres más cercanos políticamente a Rocha Moya. Su relación con el gobernador sinaloense no es un secreto ni es nueva. En un escenario donde Rocha Moya se convierte en un lastre tóxico, esa cercanía puede costarle caro precisamente cuando Delgado miraba hacia Colima con ambiciones de gobernatura. La política tiene una lógica implacable: los que se sientan a la mesa del que cae, caen también. No siempre por culpa. A veces, simplemente, por proximidad.

El éxodo silencioso

Los gobernadores de Morena ya no presentan desplegados de respaldo como lo hicieron en otras ocasiones de crisis. El silencio es elocuente. Hay quienes tienen razones propias para alejarse: Marina Del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, enfrenta sus propias -y fuertes- investigaciones del lado norteamericano. Ricardo Gallardo, de San Luis Potosí, juega con la posibilidad de refugiarse en el Verde Ecologista, lo que le da una salida limpia para desmarcarse de la debacle sin tener que confrontar abiertamente a nadie. El movimiento se fragmenta en silencio, cada quien buscando su propio salvavidas antes de que el barco termine de hundirse.

La presidenta Sheinbaum, por su parte, ha optado por una estrategia que la define: no defender a Rocha, sino preguntarse en voz alta por qué Estados Unidos decidió soltar esta acusación precisamente ahora. Es una lectura geopolítica que tiene su lógica, pero que también funciona como escudo. Sheinbaum tiene una aprobación elevada y sabe que este tema es un campo minado para su imagen institucional. Cada paso que da lo mide con la precisión de quien sabe que el suelo puede ceder.

Rubén Rocha Moya no podrá ungir a un sucesor. La gubernatura de Sinaloa en 2027 quedará fuera de su alcance real, independientemente de lo que ocurra en los tribunales. Su capital político está liquidado. Su nombre se ha convertido en un problema, y en política, los problemas no tienen lealtades. Uno a uno, los que ayer posaban junto a él en fotografías de campaña irán encontrando razones para estar en otro lugar cuando la cámara vuelva a encenderse.

Poco a poco, la 4T hará lo que la política mexicana ha hecho siempre en estos casos: tomar distancia. Primero será sutil, luego evidente y finalmente total.

Porque al final, ningún proyecto se sacrifica por un solo hombre.

La narco política no destruye sólo carreras ni expedientes ni gobiernos. Destruye algo más difícil de reconstruir: la idea de que el ejercicio público puede ser un acto de servicio honesto. Cada funcionario que pacta con el crimen le roba a la ciudadanía algo que no aparece en ningún presupuesto —la confianza de que alguien, en algún lugar del aparato del Estado, está trabajando para ellos y no en su contra.

Rocha Moya, si los hechos son ciertos, no sólo habrá traicionado a su partido ni a su presidenta. Habrá traicionado a cada sinaloense que creyó que votar sirve de algo, que las instituciones pueden más que las balas, que la política puede tener dignidad. Y ese es el crimen que ningún tribunal norteamericano puede procesar: el de matar la esperanza de los que pusieron su fe en las urnas.

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Nota del editor: Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.