No hay más. No hay margen para el discurso patriótico, no hay espacio para la trinchera ideológica, no existe ningún fundamento legal que autorice al vocero de la institución persecutora del Estado mexicano a salir ante los medios a defender a un gobernador acusado con el lenguaje encendido de un militante de mitin.
Lo que hizo la FGR, a través de su vocería, no fue derecho. Fue propaganda.
Y esa distinción no es semántica: es la diferencia entre una institución que funciona y una que ha sido capturada.
Mientras el vocero argumentaba soberanía herida y agravios geopolíticos, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York construía su caso con la parsimonia y la metodología que caracteriza a esa oficina: sin aspavientos, sin ruido mediático, con la certeza de quien sabe que los tiempos legales le pertenecen. Nueva York no tiene prisa porque el derecho no la obliga a tenerla.
Presentará sus pruebas cuando el proceso lo requiera, con la solidez que los tribunales federales estadounidenses exigen. Mientras tanto, México desperdició su única ventana de actuación institucional seria haciendo exactamente lo que no debía: política.
La FGR no es el departamento jurídico del partido gobernante.
No es la oficina de comunicación del Ejecutivo federal.
Es, por mandato constitucional, la institución encargada de investigar y perseguir los delitos del orden federal y de actuar como autoridad central en materia de cooperación jurídica internacional.
Esa función no admite matices partidistas ni soberanismos de doble discurso. Admite una sola cosa: obediencia al marco jurídico vigente, con independencia de quién sea el imputado.
La Cancillería: ventanilla con delirios de tribuna
La Secretaría de Relaciones Exteriores tiene, en los procesos de extradición, un papel técnico perfectamente delimitado: es la ventanilla diplomática por la que transita formalmente la solicitud extranjera hacia la autoridad central, que es la FGR. Su función es de canal, no de juez.
Es de transmisión, no de deliberación política.
