El gobernador, la Constitución y el movimiento
Rocha Moya sostuvo en su cuenta de X que el señalamiento en su contra no es únicamente a su persona, sino al movimiento de la Cuarta Transformación, y calificó las imputaciones como parte de una estrategia para violentar el orden constitucional, citando la soberanía nacional del artículo 40 de la Constitución.
Seamos directos y sin concesiones: escudarse en la soberanía nacional cuando se está acusado formalmente de haber entregado esa misma soberanía al Cártel de Sinaloa no es una defensa jurídica. Es un acto de cinismo político que ofende la inteligencia ciudadana y la memoria de las instituciones.
Llamar a esto un ataque al movimiento es la última trinchera de quien no tiene argumentos de fondo. Lo que describe el expediente no es una conspiración ideológica contra la Cuarta Transformación.
Es la radiografía de un gobierno estatal que funcionó como franquicia del narcotráfico.
La pregunta pertinente no es si esto daña a un partido político. La pregunta pertinente es cuántos estados de la república tienen un expediente similar esperando ser desclasificado en algún tribunal federal de Estados Unidos.
Porque el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, ya expresó públicamente su preocupación por la presencia de la CIA en México, una declaración que, a la luz de lo que hoy conocemos sobre Sinaloa, adquiere una dimensión radicalmente distinta.
Lo que Sheinbaum no puede seguir posponiéndose
La presidenta Claudia Sheinbaum tiene ante sí la decisión que definirá el carácter real de su gobierno: actuar como jefa de Estado o replegarse como jefa de movimiento.
El Tratado de Extradición bilateral entre México y Estados Unidos tiene una ruta legal clara. Obstaculizarla, dilatar los tiempos o convertir a la FGR en válvula de alivio político no solo compromete la relación bilateral en un momento de renegociación del T-MEC y vísperas del Mundial de Fútbol 2026.
Compromete la credibilidad de México como Estado capaz de gobernarse a sí mismo.
El caso Rocha Moya no es un accidente. Es el síntoma más visible —y ahora más documentado— de una narcopolítica que lleva décadas anidando en las instituciones de seguridad mexicanas.
La pregunta que queda abierta sobre la mesa, y que ningún comunicado de cancillería puede responder, es la más incómoda de todas: ¿cuántos Rochas Moyas más hay gobernando estados de este país?
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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
