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Ley de Seguridad Nacional: el monumento jurídico al berrinche presidencial

Cienfuegos se fue libre; la ley se quedó haciendo daño.
mié 29 abril 2026 06:05 AM
Laboratorio de producción de metanfetamina en Chihuahua
El diario Los Ángeles reveló que los agentes estadounidenses fallecidos en Chihuahua pertenecían a la CIA, participaron en el desmantelamiento de un laboratorio clandestino y vestían uniformes de la Agencia Estatal de Investigaciones. No eran instructores de drones, no estaban tomando un curso, no iban de aventón. Estaban operando. Y México se enteró porque se murieron, apunta Alberto Guerrero Baena. (Foto: Fiscalía General del Estado de Chihuahua.)

El accidente que delató todo

El 19 de abril de 2026, un vehículo se precipitó por un barranco en la carretera Chihuahua–Ciudad Juárez, en una zona de curvas cerradas y terracería.

Entre los fallecidos estaban el director de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua, Pedro Román Oseguera Cervantes, un agente de la misma corporación y dos ciudadanos estadounidenses. Lo que parecía un accidente trágico más en las sierras del norte se convirtió, en cuestión de horas, en el mayor escándalo de seguridad de la administración Sheinbaum.

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El diario Los Ángeles Times a través del Periodista Steve Fisher reveló que los agentes estadounidenses fallecidos pertenecían a la CIA, participaron en el desmantelamiento de un laboratorio clandestino y vestían uniformes de la Agencia Estatal de Investigaciones. No eran instructores de drones, no estaban tomando un curso, no iban de aventón.

Estaban operando. Y México se enteró porque se murieron.

La ley que nació como capricho y gobierna como laberinto

La reforma a la Ley de Seguridad Nacional fue propuesta por el presidente López Obrador luego del roce diplomático por la detención del general Salvador Cienfuegos en Los Ángeles, arrestado el 15 de octubre de 2020 tras una investigación de la DEA.

Así de simple: un general detenido en el extranjero bastó para que la indignación presidencial se convirtiera en legislación nacional.

El resultado fue un Título Séptimo que en apariencia blinda la soberanía y en la práctica crea un pantano burocrático de proporciones kafkianas. La reforma establece que las reuniones que sostengan servidores públicos con agentes extranjeros deberán ser autorizadas con anterioridad por el Grupo de Alto Nivel de Seguridad, y que en dichas reuniones deberá estar presente un representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

El crimen organizado no espera autorización del Grupo de Alto Nivel.

Los laboratorios de metanfetamina en la Sierra Tarahumara no tienen agenda diplomática. Esta ley no fue diseñada para combatir al narco; fue diseñada para castigar a la DEA.

El doble discurso que no aguanta el primer escrutinio

El artículo 40 de la Constitución, adicionado en abril de 2025, establece que México no permitirá que desde el extranjero se interfiera en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano. Eso dice la Constitución.

Lo que dice la práctica es otra historia.

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El operativo de Morelos fue el tercero en el que participó la CIA en Chihuahua en lo que va de 2026. Tres operativos. Tres veces que el andamiaje legal construido para impedir exactamente eso fue ignorado, evadido o convenido por autoridades locales.

Los agentes estadounidenses utilizaron uniformes de la AEI estatal para evitar sospechas, ya que ese día se contó con apoyo de instituciones federales.

El disfraz no era accidental: era funcional. Funcionaba porque había una complicidad de facto entre la fiscalía de Chihuahua y las agencias estadounidenses, con el conocimiento tácito —cuando no el activo— de actores del sistema de seguridad.

La presidenta Sheinbaum salió a defender la soberanía con el mismo vigor con el que a diario colabora, de manera efectiva, con esas mismas agencias. Sheinbaum sostuvo que los términos de colaboración y coordinación sin subordinación están dando resultados en ambos lados de la frontera. ¿Entonces qué es lo que se defiende: la ley o la narrativa?

El Estado que no controla su propio territorio

Lo más grave no es que la CIA operara en Chihuahua.

Lo más grave es que el gobierno federal se enteró – o fingió enterarse- por un accidente de tránsito.

La presidenta puntualizó que su administración se enteró de la participación de dos agentes extranjeros por un accidente. Eso es la confesión de una falla estructural de inteligencia y coordinación que ninguna nota diplomática puede subsanar.

La respuesta oficial se limitó a insistir en que se trató de una excepción, sin detallar cómo se evitarán casos similares en el futuro.

La promesa de que "no se volverá a repetir" es la frase más barata del vocabulario gubernamental mexicano. Se pronunció después del caso Cienfuegos. Se pronunció después de cada escándalo bilateral. Y el sistema siguió exactamente igual.

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Lo que realmente necesita México: propuestas para salir del lodazal

México requiere urgentemente una nueva arquitectura jurídica en materia de seguridad y cooperación internacional que sea funcional, no decorativa.

Primero, una reforma integral a la Ley de Seguridad Nacional que sustituya el laberinto burocrático actual por protocolos claros, ágiles y verificables de cooperación operativa, con responsabilidades explícitas para cada nivel de gobierno y candados penales —no solo administrativos— para quien los viole.

Segundo, la creación de un mecanismo permanente y autónomo de supervisión de la cooperación bilateral en seguridad, con capacidad técnica real, que reporte al Congreso y no quede subordinado a los vaivenes del Ejecutivo.

Tercero, el establecimiento de un sistema de acreditación operativa diferenciada —no solo diplomática— que permita a agencias extranjeras participar en inteligencia y formación bajo términos legales claros, superando la hipocresía de prohibir en papel lo que se permite en los hechos.

Cuarto, la obligación legal de que los gobernadores y fiscales estatales informen al Gabinete de Seguridad federal sobre cualquier coordinación operativa con agencias extranjeras, con sanciones concretas por omisión. Sin mecanismos de control multinivel, la Ley de Seguridad Nacional es solo papel impreso.

Soberanía de papel, realidad de plomo

México tiene una ley que prohíbe lo que el crimen organizado obliga a hacer.

Tiene un discurso de soberanía que se desmorona en cuanto choca con la geografía del narco. Tiene un gobierno federal que se entera de operativos clandestinos extranjeros porque hay un barranco en Chihuahua con cuatro muertos.

La pregunta no es si México debe cooperar con Estados Unidos en materia de seguridad. La respuesta ya la dio la realidad: sí coopera, lo hace, y los resultados son tangibles.

La pregunta real es si México tiene la madurez para institucionalizar esa cooperación de forma legal, transparente y soberana de verdad, sin necesitar que se muera un agente para enterarse de lo que pasa en su propio territorio.

Por ahora, la respuesta es no.

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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

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