Los reportes oficiales presentados el 14 de abril de 2026 por la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana despliegan una narrativa triunfal: el promedio diario de homicidio doloso pasó de 86.9 en septiembre de 2024 a 51.4 en marzo de 2026, una reducción del 41% que, según los mismos documentos, representa el primer trimestre más bajo desde 2016.
Guanajuato registra una caída del 63% en su promedio diario; Zacatecas, del 89%; Quintana Roo, del 74%; Nuevo León, del 74%. Los delitos de alto impacto cayeron 52% respecto a 2018. Desde octubre de 2024 se han asegurado 494.6 toneladas de droga, detenido a 49,530 personas y desmantelado 2,330 laboratorios clandestinos.
Estas cifras, emanadas del propio SESNSP con datos de las 32 Fiscalías Generales, merecen reconocimiento cuando son reales. Y los indicadores de tendencia son, en términos relativos, alentadores.
El problema no es que el gobierno mienta sobre las tendencias. El problema es lo que no dice, lo que no mide, y lo que celebra como victoria estructural siendo, en el mejor de los casos, una victoria táctica y, en el peor, una victoria todavía provisional.
Cuando el reporte oficial declara que siete entidades concentran el 50.2% de los homicidios dolosos de marzo de 2026, encabezadas por Guanajuato con 147 víctimas, Chihuahua con 132 y Baja California con 128, lo que está describiendo es una concentración geográfica de la violencia que no cede estructuralmente.
Guanajuato sigue siendo el estado más violento del país por volumen absoluto, aun con su reducción del 63%. Un estado que registra en promedio casi cinco homicidios diarios no es un estado pacificado: es un estado en el que la violencia bajó pero no desapareció, y donde la disputa territorial entre organizaciones criminales continúa activa.
Más grave aún: el reporte de "Atención a las Causas" presenta con orgullo 547 Ferias de Paz realizadas, más de dos millones de participantes en Jornadas por la Paz en 1,245 municipios, 342,189 hogares visitados, 5,980,711 servicios y trámites brindados, y 9,544 armas canjeadas desde octubre de 2024.
Esta arquitectura de intervención social es, conceptualmente, la dirección correcta.
Pero aquí emerge la contradicción más severa que cualquier analista honesto debe señalar: el documento de "Atención a las Causas" no contiene un solo indicador de resultado vinculado a la reducción de violencia.
No existe correlación presentada entre los municipios con mayor intervención social y la reducción de homicidios en esos territorios específicos.
Las ferias en Irapuato, Guanajuato, y en Apatzingán, Michoacán, coexisten con los datos que muestran a esos mismos estados entre los más violentos del país.
Uno de los datos más preocupantes que el reporte de incidencia delictiva revela casi de soslayo es que el robo a casa habitación con violencia aumentó un 2.2% entre el primer trimestre de 2025 y el primero de 2026. No es un número dramático, pero en un reporte que celebra descensos generalizados, una flecha roja hacia arriba debe encender alarmas.
Más revelador aún: la Estrategia Nacional contra la Extorsión reporta 180,661 llamadas atendidas por extorsión a través del 089, de las cuales el 11.4%, es decir, más de 20,500 casos, terminaron en extorsión consumada con pago realizado.
La extorsión, el delito que más directamente expresa el control territorial del crimen organizado sobre la vida cotidiana de ciudadanos y empresarios, sigue siendo masiva.
La detención de 1,106 extorsionadores en 24 entidades federativas es operativamente significativa. Pero cualquier especialista en crimen organizado sabe que la captura de operadores intermedios no desestructura la economía del delito mientras el sistema financiero ilegal que lo sustenta permanezca intacto.
La estrategia antiextorsión que se exhibe en los reportes es, en esencia, una estrategia de captura de eslabones, no de desarticulación de redes financieras. Ningún indicador muestra decomisos de activos, lavado de dinero perseguido o empresas fachada identificadas.
El camino hacia una seguridad pública sustentable en México requiere acciones concretas que van más allá de presentaciones con tendencias positivas.
En primer lugar, se necesita un sistema nacional de evaluación de impacto que correlacione específicamente la intervención social en cada municipio con los cambios en incidencia delictiva local, con metodología pública, auditada y comparable; sin eso, las Ferias de Paz son política de comunicación, no política pública medible.
En segundo lugar, urge una política de persecución patrimonial del crimen organizado que coloque el decomiso de activos, la identificación de estructuras de lavado de dinero y la inhabilitación de empresas fachada como eje central de la estrategia, no como acciones secundarias. Las 494.6 toneladas de droga aseguradas son impresionantes, pero sin golpear el capital financiero de las organizaciones, la recomposición criminal es inevitable.
En tercer lugar, la concentración del 50.2% de los homicidios en siete entidades exige un modelo de intervención diferenciada por territorio con mando específico, presupuesto etiquetado y rendición de cuentas trimestral vinculante para los gobiernos estatales. El federalismo sin corresponsabilidad exigible es complicidad institucional con la violencia.
Finalmente, es indispensable construir un sistema nacional de medición del nivel de control territorial del crimen organizado a nivel municipal, más allá del homicidio doloso. Un municipio puede bajar sus homicidios porque una organización consolidó el monopolio de la violencia, no porque el Estado recuperó el territorio.
Las cifras de reducción de homicidios son reales y deben ser reconocidas.
La tendencia es positiva. Pero gobernar la seguridad pública con base en promedios nacionales descendentes, mientras siete estados concentran la mitad de las muertes violentas, mientras la extorsión sigue siendo masiva, mientras la infraestructura criminal permanece operativa con 5 millones de pastillas de fentanilo aseguradas como evidencia de su escala productiva, y mientras no existe un solo indicador de impacto que conecte la intervención social con la reducción efectiva del delito en los territorios más vulnerables, es gobernar con estadísticas en lugar de gobernar con política pública.
México merece la diferencia.
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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
