Seguridad nacional, el rehén más rentable de la política mexicana

Porque si de soberanía hablamos, hay que hablar con rigor, con memoria y sin distingos partidistas. Y cuando se hace eso, el discurso oficial se derrumba solo.

El doble rasero de la traición a la patria

El Senado mexicano agitó la figura de traición a la patria contra la gobernadora Maru Campos como si fuera un garrote político de uso reservado para la oposición.

Es un error jurídico de proporciones mayúsculas y una provocación moral que no debería quedar sin respuesta analítica.

El mismo criterio —colaboración con potencias extranjeras en detrimento del Estado mexicano— aplica con mayor sustento documental y testimonial a varios gobernadores que han sido señalados públicamente por autoridades estadounidenses, a quienes se les han cancelado visas y cuyas entidades son plazas consolidadas de operación del crimen organizado: Sinaloa, Baja California, Michoacán, Tamaulipas, entre otros con señalamientos igualmente graves.

Si el Senado tiene voluntad institucional genuina y no partidista, que cite también a esos funcionarios ante sus curules. Que abra carpetas con el mismo fervor. Que exija las mismas comparecencias. El silencio cómplice en esos casos es tan estruendoso como la estridencia acusatoria en el caso Chihuahua.

La pregunta jurídica es contundente y no admite matices convenientes: ¿una gobernadora está constitucionalmente obligada a comparecer ante el Senado por una citación sin sustento en el marco legal vigente? La respuesta es no. Rotundamente no. Y esa misma respuesta protegería, con idéntica lógica constitucional, a cualquier gobernador de las entidades mencionadas si alguien tuviera el valor político de citarlos.

Que nadie lo haga revela con claridad quirúrgica que esto no es derecho; es persecución con toga prestada.

El "presidente todo lo sabe" y sus consecuencias jurídicas

Uno de los momentos más demoledores de esta crisis lo proveyó el propio expresidente López Obrador con una frase que pronunció con arrogancia y que hoy regresa como bumerán institucional: "el presidente todo lo sabe".

Esa declaración, que en su momento buscaba proyectar omnisciencia y control, se convierte ahora en una trampa jurídica y política de proporciones severas para toda la cadena de mando federal.

Si el presidente todo lo sabe, entonces la operación de agentes de la CIA en territorio nacional —coordinada, según documentación disponible, con elementos del Ejército Mexicano— no pudo haber sido ignorada ni por la SEDENA ni por la SSPC.

Que sus titulares aleguen desconocimiento absoluto es, en el mejor escenario posible, una confesión de incompetencia institucional de primer nivel; en el peor, una mentira de Estado construida con la misma facilidad con que se fabrican carpetas de investigación.

Las responsabilidades jurídicas no se detienen en la figura de la gobernadora de Chihuahua, por más que el relato oficial lo intente. Se extienden, por acción, omisión o colusión deliberada, hasta quienes tenían la obligación constitucional de supervisar, autorizar o al menos reportar cualquier actividad de inteligencia extranjera operando en suelo mexicano. Ignorarlo convenientemente, selectivamente, con precisión quirúrgica hacia una sola figura política, es también una forma de traición a la patria, aunque resulte considerablemente menos fotogénica para el espectáculo legislativo que tanto disfrutan ciertas bancadas.

La seguridad nacional como rehén electoral

Lo que esta crisis desnuda con brutalidad es algo que se lleva años documentando: en México, la seguridad nacional no es una política de Estado; es una variable electoral administrada según las necesidades del ciclo político en turno.

La Ley de Seguridad Nacional modificada durante el sexenio anterior no buscaba proteger a México del crimen transnacional; buscaba proteger al régimen de la cooperación bilateral que pudiera incomodar sus propias complicidades.

Los candados impuestos a la inteligencia compartida con Estados Unidos no respondieron a una doctrina de soberanía coherente —porque esa doctrina jamás existió con rigor— sino a la necesidad de controlar qué se sabía, quién lo sabía y cuándo convenía que se supiera.

El episodio Chihuahua-CIA es, en ese sentido, el espejo más incómodo que ha enfrentado el sistema político mexicano en materia de seguridad en años recientes.

No porque revele la presencia de agencias extranjeras operando en el país —eso tiene décadas de historia documentada en ambos lados de la frontera— sino porque exhibe, con una crudeza difícil de maquillar, que las instituciones de seguridad e inteligencia mexicanas son incapaces de gestionar la cooperación bilateral sin convertirla en arma política.

Y que mientras el gobierno decide a quién sí acusar de traición y a quién blindar con silencio, los laboratorios del crimen organizado siguen operando, los cárteles continúan exportando muerte y la frontera norte permanece como el tablero más peligroso de América del Norte.

Esa es la traición que nadie en este gobierno tiene el menor interés en investigar.

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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.