La negación y la minimización se han convertido en las respuestas oficiales del gobierno federal, los gobiernos locales y las autoridades ligadas a Morena ante cualquier crisis. Dos ejemplos recientes ilustran esta tendencia: el derrame de petróleo en las costas de Veracruz —que no es exagerado calificar de desastre ambiental— y la crisis de las personas desaparecidas en México, que no es alarmista etiquetar como desastre humanitario.
Morena y la negación como respuesta ante las crisis
El caso del derrame de petróleo es especialmente significativo. La respuesta del gobierno fue lenta y contradictoria. La trataré de resumir en dos párrafos. Si el lector se pierde entre este laberinto de negaciones, declaraciones encontradas y minimizaciones, es porque así de errática y confusa fue la respuesta de las autoridades.
A principios de marzo, cuando el petróleo empezó a llegar a las playas veracruzanas, la gobernadora Rocío Nahle negó el derrame. Luego, pasó a minimizarlo, alegando que se trataba de pequeñas fugas ocasionadas por una “chapopotera” natural. Simultáneamente, Pemex negó ser el causante del problema y declaró que realizaría investigaciones para determinar las razones del derrame. Poco más adelante, Nahle aceptó el problema, pero dijo que fue ocasionado por un barco petrolero privado, no por la empresa estatal. Días después, en su conferencia matutina, la presidenta Sheinbaum minimizó el problema, se mostró molesta con los periodistas que la cuestionaron al respecto y se limitó a declarar que el gobierno investigaría los hechos y desplegaría a autoridades de protección civil.
Más adelante, la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, y el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, reafirmaron que las “chapopoteras” naturales causaron el derrame, lo cual desmintieron rápidamente diversos especialistas y organizaciones civiles, que declararon que era imposible que una mancha petrolera tan grande en el mar fuera provocada por chapopoteras, al tiempo que notas periodísticas revelaron que una causa probable había sido un error en un procedimiento de reparación de ductos de Pemex.
Aunque el gobierno por fin ordenó medidas más serias de protección civil, limpieza del océano y contención de la crisis ambiental, las autoridades siguen buscando evadir la posible responsabilidad de Pemex en el derrame y no reconocen la magnitud del desastre ecológico. En otras palabras, el gobierno sigue minimizando la crisis y, al hacerlo, es improbable que responda con la presteza, la urgencia y el profesionalismo que el caso requiere.
Además, pese a que pescadores, lancheros y organizaciones civiles locales han advertido que no es la primera vez que el mal manejo de Pemex ocasiona derrames —aunque sean de menor nivel— en la zona, los gobiernos federal y local siguen minimizando el problema, por lo que incluso si actúan efectivamente para contener este desastre ecológico, no hay garantías de que prevengan otros casos similares. En suma, la negación y la minimización de este caso elevan las probabilidades de que situaciones similares se repitan.
El caso de la crisis de las desapariciones es igualmente grave e ilustrativo de la perniciosa costumbre de las autoridades morenistas de negar y minimizar los problemas. El Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada decidió solicitar a la Secretaría General que remita a la Asamblea General la situación de las desapariciones en México para que tome medidas destinadas a apoyar al Estado mexicano en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este crimen. El Comité concluyó que hay “indicios fundados” de que en el país se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas que podrían equivaler a crímenes de lesa humanidad, alegando que se han producido ataques generalizados contra la población civil en diferentes partes del país.
El gobierno mexicano, por medio de las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, rechazó el informe del Comité: lo tachó de “tendencioso” y argumentó que omite avances institucionales en la materia registrados en los últimos años. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, otrora defensora de estos derechos y hoy protectora del gobierno federal, se sumó a la condena y el rechazo, minimizando la crisis de las desapariciones en México y enalteciendo las débiles acciones del gobierno federal para lidiar con este problema.
Se trata de tan sólo dos ejemplos ilustrativos de las autoridades mexicanas negando y minimizando severas crisis, pero hay muchos otros casos. El problema sería menos grave si se tratara sólo de una estrategia retórica, pero en realidad es un principio de acción. No es solamente que el gobierno niegue y minimice los problemas a nivel discursivo —es decir, hacia afuera— mientras que puertas adentro las autoridades reconocen la gravedad de estos problemas. Lo peligroso es que esa misma negación, junto con la cerrazón ante la crítica interna y externa, dificulta que el gobierno corrija el rumbo y atienda los problemas en tiempo y forma.
El derrame petrolero empezó en febrero, pero como el gobierno no reconoció el problema, actuó tarde para contenerlo y éste se agravó. Hay más de 100,000 personas desaparecidas en México, pero como en realidad el Estado mexicano “ya no reprime”, entonces no tiene “responsabilidad directa” sobre el problema y la cifra de desapariciones sigue creciendo.
Y así con otros problemas urgentes del país. La negación y la minimización pueden calmar al gobierno, al partido oficialista y a sus simpatizantes, pero no resuelven las crisis. Éstas siguen ahí: afectando a millones de mexicanos en su vida cotidiana.
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Nota del editor: Jacques Coste es internacionalista, historiador, consultor político y autor del libro Derechos humanos y política en México: La reforma constitucional de 2011 en perspectiva histórica (Instituto Mora y Tirant lo Blanch, 2022). Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.