De acuerdo con Virginia Petrova Georgieva, profesora e investigadora del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana (IBERO) de la Ciudad de México (CDMX), la solicitud presentada por las autoridades estadounidenses debe cumplir con requisitos específicos establecidos en el Tratado Bilateral de Extradición y en la Ley de Extradición Internacional mexicana.
La académica explicó que “es muy difícil que, únicamente por falta de pruebas, se niegue una extradición”, ya que el proceso puede ampliarse mediante requerimientos adicionales y mantener abierta la cooperación bilateral.
Detalló además que el artículo 6 del tratado bilateral establece que la extradición solo procede si EU presenta las pruebas suficientes y convincentes que permitan acreditar que la persona reclamada probablemente cometió el delito por el cual se le acusa. En este caso, se trataría de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y la participación en delitos relacionados con delincuencia organizada y narcotráfico.
Sin embargo, Petrova señaló que el artículo 12 del mismo tratado permite al gobierno mexicano solicitar pruebas adicionales si considera que la evidencia inicial no es suficiente, lo que significa que la falta de pruebas no implica automáticamente una negativa de extradición, sino que abre la posibilidad de ampliar la investigación y fortalecer el expediente.
Detalló que, ahora que la SRE ya recibió la solicitud formal y la turnó a la FGR, esta será la dependencia encargada de analizar las pruebas presentadas e informar si se consideran suficientes. En ese supuesto, Relaciones Exteriores ya puede solicitar la detención provisional del acusado y presentarlo ante un juez.
El juzgador por su parte revisará si hay causales legales para negar la extradición, como que se trate de un delito político, que exista riesgo de pena de muerte, que ya haya sido juzgado por el mismo delito o que tenga algún fuero especial que impida el proceso. En el caso de Rocha Moya, según Petrova, ninguna de las causales parece aplicar.
No obstante, dijo que la decisión final no corresponde al Poder Judicial, sino al Ejecutivo federal, es decir, a la presidenta Claudia Sheinbaum, determinar si procede o no la entrega a EU.
En medio de esta controversia, Sheinbaum fijó su postura durante la conferencia mañanera. Afirmó que se basa en tres ejes: legalidad, justicia y soberanía.
En un posicionamiento público dirigido “al pueblo de México”, declaró que cualquier acción dependerá estrictamente de la evaluación de la FGR.
"Si la Fiscalía General de la República, que es la autoridad competente, recibe pruebas contundentes e irrefutables, conforme a la legislación mexicana o en su propia investigación encuentra elementos constitutivos de un delito, deberá proceder conforme a derecho bajo nuestra jurisdicción. Sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político", apuntó.
Sheinbaum también fue categórica respecto a la soberanía nacional: “Bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México”.
Al respecto, el investigador de la IBERO consideró que la estrategia de cautela es consistente con la complejidad del escenario, aunque no está exenta de costos.
“Tiene que demostrar que es soberana, que es autónoma… pero por el otro lado tiene que tener la prudencia de manejarse con Estados Unidos”, aseveró.
Este equilibrio refleja lo que describió como un “doble dilema”, en el que cualquier decisión puede tener implicaciones sistémicas para la relación bilateral y la estabilidad interna.
El especialista alertó además sobre el riesgo de acciones unilaterales por parte de EU, especialmente bajo liderazgos con antecedentes de ruptura de protocolos, como, dijo, sucedió en Venezuela con el expresidente Nicolás Maduro a inicios de año.
“La cuestión es que Donald Trump ha hecho acciones que se saltan precisamente estos procesos… esa es la amenaza… que podría conllevar acciones unilaterales de los Estados Unidos hacia México”, agregó.
En este sentido, no descartó el uso político de este caso en el contexto interno estadounidense. “No está nada lejano que utilice esto también el tema de México para sus fines políticos… para mantener o incluso fortalecer el apoyo dentro de los Estados Unidos”, dijo.
La American Society of Mexico llama también al gobierno mexicano a responder con “celeridad, transparencia y plena disposición institucional” ante los mecanismos de cooperación judicial activados por Estados Unidos.
En un comunicado, la organización subrayó que la cooperación bilateral en materia de seguridad “no es optativa”, sino un compromiso derivado de tratados y acuerdos vigentes entre ambos países.
Advirtió que “la gravedad del contexto exige respuestas institucionales a la altura del desafío” y subrayó que la relación bilateral trasciende lo judicial y tiene implicaciones económicas y de seguridad.
“La credibilidad de México como socio estratégico –económico, comercial y de seguridad– se juega también en la forma en que enfrenta estas circunstancias”, indicó, al tiempo que recordó que la relación entre ambos países “no puede sostenerse de manera duradera sin una cooperación genuina en materia de Estado de derecho”.
