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El discurso ya no alcanza

Las crisis en la relación bilateral que podían atribuirse a la histórica política de intervención estadounidense ya comienzan a presentarse como un reto para credibilidad institucional de México.
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Ante presiones crecientes desde Washington, la narrativa presidencial ha insistido en la primacía que debe tomar la protección de la autodeterminación nacional y el rechazo a cualquier intento de intervención extranjera en asuntos internos, señala Georgina De la Fuente. (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro)

La defensa de la soberanía ha constituido uno de los ejes discursivos más importantes del gobierno de la presidenta Sheinbaum. Se ha invocado en el marco de las negociaciones sobre el T-MEC y ahora recurre a él en el marco de las acusaciones a altos funcionarios por vínculos con el crimen organizado. Ante presiones crecientes desde Washington, la narrativa presidencial ha insistido en la primacía que debe tomar la protección de la autodeterminación nacional y el rechazo a cualquier intento de intervención extranjera en asuntos internos.

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Pero esta narrativa comienza a presentar señales de agotamiento. No porque la posibilidad de intervención estadounidense se haya disipado, sino porque las revelaciones sobre las vinculaciones de altos funcionarios mexicanos con grupos del crimen organizado comienzan a acumularse. De este modo, las crisis en la relación bilateral que podían atribuirse a la histórica política de intervención estadounidense ya comienzan a presentarse como un reto para credibilidad institucional de México.

Una señal de este desgaste pudo observarse en la conferencia matutina del lunes. Después de un discurso duro y contundente el domingo pasado en el Monumento a la Revolución asegurando el interés electoral de Washington, Sheinbaum reculó asegurando que no es Trump sino algunos sectores de la derecha estadounidense y el Departamento de Justicia quienes encabezan una ofensiva injerencista contra México. El giro discursivo pasó de la firmeza para acusar intervención a la prudencia para gestionar la presión en cuestión de unas cuantas horas.

La evolución de los procesos judiciales en Estados Unidos contribuye al agotamiento de este discurso. Esta semana, el ex secretario de seguridad de Rocha Moya, Gerardo Mérida, compareció ante una corte federal en Brooklyn. Katherine Polk, una jueza nominada por Barack Obama y con casi 30 años de carrera judicial, fue nota en la prensa nacional e internacional al referirse a la existencia de evidencia “abundante” en el caso. La relevancia política de este y los demás casos de sinaloenses implicados trasciende las responsabilidades individuales que se puedan acreditar y fortalecen los cuestionamientos sobre la capacidad del Estado mexicano y la voluntad de sus liderazgos políticos para contener la infiltración criminal en espacios de poder.

Por otro lado, destacan los señalamientos de los periodistas Steve Fisher y Kate Linthicum en el diario Los Angeles Times, que merecieron una reacción del expresidente López Obrador en una misiva que, más que ayudar a despresurizar la situación, contribuye a la percepción de acorralamiento. En una pieza publicada el pasado miércoles, aseguraron que hay un cambio de estrategia en Estados Unidos que consiste en apuntar hacia los políticos que respaldan las actividades criminales de los cárteles y no solo a sus principales liderazgos. Como resultado, los gobernadores Alfonso Durazo de Sonora y Américo Villarreal de Tamaulipas ya no tienen visas, pero entran a territorio estadounidense bajo un estatus especial para testigos cooperantes.

Así, con cada nueva revelación se debilita la capacidad de la presidenta de presentar el conflicto como un ataque a la soberanía y se fortalece la percepción- ya de por sí desmejorada- de desconfianza que transmiten las instituciones mexicanas y sus liderazgos políticos. La existencia de una intencionalidad política detrás de las acusaciones de Estados Unidos no exenta al gobierno de Claudia Sheinbaum de sufrir daños significativos a su credibilidad. Mientras se sigue reivindicando la soberanía como eje del discurso político oficial, algunos de los socios más importantes de México ya contemplan la construcción de mecanismos externos para protegerse de la desconfianza y de la incertidumbre interna, como se observó con el establecimiento de un sistema especial de resolución de controversias que reemplaza en el Acuerdo Global Modernizado con la Unión Europea.

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Las presiones internacionales no son nuevas ni exclusivas de México. El problema para el país surge cuando esas presiones transforman la percepción de confiabilidad. Una crisis de imagen puede ser temporal, pero una crisis de confiabilidad tiene efectos concretos sobre decisiones de agendas, negociaciones e inversiones. Por eso, es importante que la presidenta abandone del desgastado discurso de la soberanía y transite hacia uno que transmita un mensaje de rechazo a la impunidad, de fortaleza del Estado y de voluntad política para actuar en contra del crimen organizado. Solo ese discurso le permitirá sortear la crisis bilateral e, incluso, la de política interna. Después de todo, más del 70 por ciento de las y los mexicanos favorece una mayor cooperación con Estados Unidos para estos fines, de acuerdo con una encuesta reciente de Enkoll. En un escenario de evidencia “abundante” y de nuevas acusaciones inminentes, pareciera ser la única alternativa viable para la presidenta Sheinbaum. Ojalá no se dé cuenta de ello demasiado tarde.

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Nota del editor: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a Georgina De la Fuente.

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