El problema de fondo: los datos son del acusado
Toda la arquitectura estadística del índice descansa sobre cifras que reportan las propias fiscalías estatales al gobierno federal. Eso no es un detalle técnico menor: es una falla estructural que contamina cualquier lectura triunfalista.
Hemos documentado cómo ciertas fiscalías reclasifican tentativas de homicidio en categorías de menor peso, cómo el estatus de las personas desaparecidas no se actualiza de forma sistemática, y cómo el gobierno mezcla con toda comodidad los datos del INEGI con los del SESNSP según cuál de los dos registre el número más conveniente para el comparativo del día.
Para 2024, la brecha entre ambas fuentes fue de más de 3,000 homicidios. Tres mil cuerpos de diferencia.
Cuando el acusado es quien aporta las pruebas de su propia inocencia, no hay juicio posible: hay pantomima.
La paz que se fabrica llenando cárceles vacías de justicia
La caída en homicidios tiene una explicación que el gobierno evita nombrar con precisión porque lo que describe no es una política, es una apuesta: encarcelamiento masivo.
La población penitenciaria creció en casi 21,000 personas durante 2025, alcanzando 256,000 reclusos al cierre del año. En febrero de 2026 ya superaba los 260,000. Más arrestos producen menos cuerpos visibles en el corto plazo.
Eso es aritméticamente correcto.
El problema es que México opera con dos jueces por cada 100,000 habitantes, una séptima parte del promedio internacional. Lo que se está construyendo no es paz sostenible: es hacinamiento carcelario sin sentencias, sin reinserción, sin tocar una sola causa estructural del crimen organizado.
Es tapar una hemorragia con presión manual, llamarla cirugía y cobrar honorarios.
Sinaloa: el agujero negro que nadie mencionó
Mientras el gobierno presentaba cifras nacionales con gráficas de colores, Culiacán pasó de 64 a 107 homicidios por cada 100,000 habitantes en doce meses. Un incremento del 70% en la capital de un estado.
Sinaloa registró el tercer mayor deterioro en la historia completa del índice. Guerrero, Morelos y Colima absorben costos de violencia equivalentes al 20% de sus economías locales.
Diez entidades retrocedieron. La fragmentación de los grandes cárteles no es un logro de política pública: es el preámbulo histórico conocido de guerras de sucesión criminal que se dispersan en el territorio, se vuelven más capilarizadas, más difíciles de rastrear y devastadoras para las poblaciones que quedan atrapadas entre facciones.
