El 5 de abril es el Día Interamericano para Contrarrestar la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones y Explosivos que conmemora la Convención homónima suscrita en 1997 por los Estados Miembros de la OEA.
De acuerdo con Naciones Unidas, alrededor de mil millones de armas de fuego de bajo calibre circulan a nivel global, de las cuales, el 85% está en manos de civiles.
Estados Unidos concentra el mayor número de armas de fuego per cápita del mundo y registra el mayor número de tiroteos masivos. De acuerdo con el Atlas de la violencia armada que elabora Gun Violence Archive, tan solo en 2024 se registraron 503 tiroteos masivos en ese país, incluidas escuelas.
Indiscutiblemente, la persistencia de la violencia criminal en México está asociada a la circulación y diseminación de armas en manos de carteles en todo el territorio nacional. Desde Tijuana hasta Matamoros se mantiene constante el trasiego de municiones de todo tipo que han dado un considerable poder de fuego a las bandas criminales que se disputan territorios y “mercados”.
Varios reportes indican que cada año ingresan 500,000 armas al país de manera ilegal, un volumen que equivale a 5 millones tan sólo en la última década; provienen mayoritariamente de Texas, Arizona, Nuevo México y California. La organización Small Arms Survey estima que en México existen unas 16.8 millones de armas de fuego en posesión de civiles de las que solo 3.1 millones están registradas.
En los macrooperativos contra grupos delincuenciales casi siempre se aseguran armas de alto poder y de uso exclusivo militar. De acuerdo con expertos, el tráfico ilícito de armas está directamente asociado a la actividad de organizaciones criminales transnacionales, al narcotráfico y la trata de personas.
Ante los llamados del presidente estadounidense a detener el flujo de drogas, la presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en la urgencia de que autoridades de ese país controlen y frenen los flujos de armamento que, según cálculos, se comercializan en unos 8,000 puntos de distribución o venta en Estados Unidos con requisitos mínimos para adquirirlo.
En agosto de 2021, México por conducto del entonces canciller Marcelo Ebrard, presentó una demanda de 10,000 millones de dólares contra 10 grandes fabricantes de armas en un tribunal federal en Massachusetts. Era la primera vez que un gobierno extranjero presentaba una acción legal de ese tipo contra compañías estadunidenses al acusarlas de facilitar el flujo de armas hacia los cárteles de la droga que fomentan la violencia.
Cuatro años después, en junio de 2025 la Corte Suprema resolvió por unanimidad que el gobierno mexicano no puede demandar a las productoras de armas porque la legislación estadounidense las exime de responsabilidad.
Tanto en el atentado del que fue víctima el ahora secretario de Seguridad federal Omar García Harfuch en junio de 2020, como en la fallida operación para detener a Ovidio Guzmán en octubre de 2019 o la captura de Nemesio Oseguera en febrero, en todos esos hechos se mostró el enorme poder de fuego del que disponen los grupos criminales en México.
Hasta ahora las autoridades de Estados Unidos han hecho oídos sordos al llamado de la presidenta para revisar este tema tan sensible y complejo en la agenda de seguridad bilateral. La Administración Trump desvía el foco y se empeña en demonizar a la población migrante y a repetir una y otra vez que solo traen violencia a las comunidades.
Al ser destituida como secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem resaltó como uno de sus logros la expulsión de “tres millones de inmigrantes ilegales”. Durante su gestión, jamás se refirió al tráfico de armas y a la violencia que provoca de este lado de la frontera.
El 7 de marzo, Trump convocó en Miami a 12 presidentes de filiación política de derecha de América Latina a la Cumbre “Escudo de las Américas” con el propósito de delinear estrategias de acción para desmantelar a grupos criminales en esos países. El estadounidense aprovechó la ocasión para afirmar que el epicentro de la violencia de los cárteles está en México.
En respuesta, Claudia Sheinbaum dijo que no aprobaba el ingreso de tropas a nuestro país y citó datos del Departamento de Justicia de EU para señalar que al menos el 75% del armamento que utilizan los grupos delincuenciales en México proviene de ese país.
No le falta razón a la presidenta: los homicidios diarios (cuya tasa cayó 44% en la actual administración al pasar de 86.9 diarios en promedio a 48.8), las venganzas entre grupos criminales y las disputas por el territorio, se explican por la disponibilidad de armamento sofisticado que cae en manos de viejos cárteles y de los que se han formado en los últimos años. Su actividad ilícita está respaldada por la capacidad de fuego que poseen.
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Nota del editor: La autora es titular de la Unidad de Igualdad de Género y Cultura de la Fiscalización de la ASF. Las opiniones de este artículo son responsabilidad única de la autora.
