A un año del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, la relación bilateral en materia de seguridad atraviesa su momento más crudo desde el inicio de la guerra contra las drogas.
De socios estratégicos a mandaderos de lujo: la evolución de una relación
No estamos ante una crisis coyuntural, sino ante el colapso de un paradigma: el de la cooperación entre socios estratégicos. Washington dejó de creer en la voluntad de México para combatir al crimen organizado. Solo confía en nuestra capacidad de obedecer bajo presión.
Las señales son inequívocas.
Las entregas de capos no se leen en el Capitolio como gestos de cooperación genuina, sino como moneda de cambio para despresurizar crisis inmediatas.
Cada extradición mediática debilita nuestra soberanía, fortalece la dependencia y no genera estabilidad duradera. Es el equivalente estratégico de apagar incendios con gasolina.
El diagnóstico que nadie quiere hacer
México perdió la iniciativa estratégica hace años.
Pasamos de la cooperación estructurada —problemática, pero al menos institucional— de la Iniciativa Mérida, a la narrativa sin dientes del Entendimiento Bicentenario, y hoy operamos en modo permanente de contención de crisis.
No diseñamos la agenda bilateral: reaccionamos a ella.
Trump entiende la seguridad no como un asunto de Estado, sino como herramienta de presión comercial, migratoria y electoral. Para él, los flujos de fentanilo no son un problema de salud pública compartida, sino un argumento para imponer aranceles, exigir controles migratorios o movilizar su base electoral.
Estados Unidos no negocia seguridad: la impone. Y lo hace sin asumir responsabilidades equivalentes sobre el tráfico de armas o el lavado de dinero que alimenta a los cárteles desde su territorio.
En este contexto, seguir apostando por acuerdos basados en "buena fe" o retórica progresista es una ingenuidad peligrosa. Una nueva Iniciativa Mérida resultaría demasiado intrusiva y políticamente inviable. Un Bicentenario ampliado sería irrelevante para Washington y carecería de mecanismos reales de cumplimiento. Y continuar entregando capos sin arquitectura estratégica es renunciar a cualquier margen de maniobra.
El acuerdo incómodo pero necesario
Lo que México necesita no es el acuerdo más bonito, sino el más frío, condicionado y verificable. Un pacto de seguridad transaccional, asimétrico en su diseño, pero defensivo en su esencia. No romántico. No ideal. Funcional.
El principio rector debe ser la corresponsabilidad verificable: México no entrega resultados unilaterales sin contraprestaciones medibles. Cada concesión mexicana debe tener un costo político, operativo o legal para Estados Unidos.
Sin armas controladas, sin activos congelados, sin judicialización de redes financieras en territorio estadounidense, no hay cooperación mexicana ampliada.
En el primer pilar —seguridad fronteriza y criminal—, México ofrecería cooperación focalizada contra el fentanilo y redes logísticas específicas, pero no una guerra total. Operaciones selectivas, intercambio de inteligencia caso por caso, nunca acceso abierto a nuestros sistemas. A cambio, Washington debe comprometerse al control real del tráfico de armas: sanciones efectivas a fabricantes, distribuidores y vendedores negligentes. Debe judicializar las redes financieras que lavan dinero criminal en su territorio y congelar activos en bancos estadounidenses. Sin esto, no hay base para negociar.
El segundo pilar exige líneas rojas innegociables: nada de fuerzas extranjeras en territorio mexicano, nada de designaciones terroristas sin aval mexicano, nada de operaciones encubiertas unilaterales. A cambio, México se compromete a resultados verificables —no espectaculares—: reducción de flujos, golpes financieros y logísticos, no solo detenciones mediáticas diseñadas para consumo interno.
El tercer pilar es crucial: migración y seguridad deben negociarse como paquete indivisible. México no puede aceptar la trampa de separar ambos temas, como pretende Trump. El control migratorio debe condicionarse a inversión real, visas laborales y cooperación económica. La seguridad fronteriza requiere corresponsabilidad social y estructural. Sin incentivos de largo plazo, no hay contención sostenible posible.
Propuestas concretas para salir del atolladero
En lo político: México debe articular un discurso de firmeza sin confrontación, que reconozca el desbalance de poder pero reivindique costos compartidos. La narrativa debe ser clara: corresponsabilidad o nada.
En lo operativo: crear unidades binacionales de inteligencia financiera, con mandato específico y temporal, bajo supervisión parlamentaria mexicana. Establecer protocolos de extradición condicionada, donde cada caso se evalúe según criterios de impacto estratégico, no mediático.
En lo estratégico: diversificar alianzas de seguridad más allá de Estados Unidos, sin confrontar a Washington pero reduciendo dependencia exclusiva. Fortalecer vínculos con Canadá, países europeos y organismos multilaterales que puedan aportar capacidades técnicas, no solo presión política.
La verdad incómoda
Con Trump, la seguridad bilateral no se gestiona con confianza, sino con costos. El objetivo no es agradar a Washington, sino sobrevivir estratégicamente sin perder soberanía.
México enfrenta una disyuntiva brutal: aceptar un pacto transaccional imperfecto o seguir navegando a la deriva en un océano cada vez más hostil. La primera opción es difícil. La segunda, suicida.
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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.