México no se rompió de golpe. Se fue cuarteando despacio, como esas paredes viejas que primero muestran una línea delgada, luego una grieta visible y, cuando uno menos lo espera, ya tienen media casa partida. Pero las grietas se pueden medir. Y los números, en este caso, dicen más que cualquier metáfora.
#ZonaLibre | Las grietas en México no dejan de sufrir
El caso de Rubén Rocha Moya resulta significativo. No solo porque se trata de Sinaloa, sino porque las acusaciones lo alcanzan en pleno ejercicio del poder.
@CalebMx
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La política mexicana no está en crisis por un solo escándalo ni por un solo partido. Está bajo una presión estructural que lleva décadas acumulándose: según Transparencia Internacional, México obtuvo 31 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2023, ubicándose en el lugar 126 de 180 países evaluados. Es la misma calificación que ha rondado en los últimos cinco años, lo que indica no un deterioro súbito, sino una normalización preocupante.
La historia reciente suena conocida: gobernadores investigados, exmandatarios señalados, acusaciones desde Estados Unidos, expedientes por narcotráfico, peculado, lavado de dinero y fortunas difíciles de explicar. Cambian los nombres, cambian los colores partidistas, cambian los discursos. El fondo, no.
Ahí está Joaquín “El Chapo” Guzmán, desde una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos, pidiendo un nuevo juicio y sosteniendo que no le hizo daño a nadie. Fue declarado culpable en 2019 en una corte federal de Nueva York por 10 cargos, entre ellos tráfico de cocaína, heroína, metanfetaminas y mariguana, lavado de dinero y uso de armas. El jurado deliberó menos de seis horas. La condena: cadena perpetua más 30 años. Mientras tanto, el Cártel de Sinaloa que contribuyó a construir sigue operando: la DEA estima que es responsable de introducir la mayor parte de la heroína y el fentanilo que llegan al mercado estadounidense.
Pero el problema no es solo el capo. El problema es la política que lo rodeó, lo permitió, lo negó o simplemente no pudo frenarlo.
Por eso el caso de Rubén Rocha Moya resulta tan significativo. No solo porque se trata de Sinaloa, sino porque las acusaciones lo alcanzan en pleno ejercicio del poder. Autoridades estadounidenses lo han señalado por presuntos vínculos con “Los Chapitos”; él ha rechazado las imputaciones y el gobierno mexicano ha dicho que no hay elementos para una detención inmediata. Lo que sí es verificable: Sinaloa registró 2,934 homicidios dolosos en 2023, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la cifra más alta de su historia reciente. La ineficiencia también es corrupción.
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La lista de funcionarios señalados viene de lejos y cruza todos los partidos.
Mario Villanueva, exgobernador priista de Quintana Roo, fue condenado en 2010 por una corte federal de Nueva York a 11 años de prisión por vínculos con el Cártel de Juárez y lavado de más de 19 millones de dólares. Tomás Yarrington, también del PRI y exgobernador de Tamaulipas, fue extraditado a Estados Unidos en 2018 y se declaró culpable de lavado de dinero y conspiración; aceptó haber recibido sobornos de los cárteles del Golfo y de los Zetas. Eugenio Hernández, igualmente de Tamaulipas, fue detenido en México en 2017 acusado de lavado de dinero por más de 2,000 millones de pesos. Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, fue incluido en la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en 2018 por presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
No es una lista de anécdotas. Es un patrón con nombre, apellido, partido y monto.
Durante años, el debate público redujo la corrupción a un asunto de moches y contratos inflados. Pero el Banco Mundial estima que la corrupción le cuesta a México entre el 5 y el 9% del PIB anual, lo que en términos de 2023 equivaldría a entre 150,000 y 270,000 millones de pesos que no llegan a hospitales, escuelas ni infraestructura. No es un problema de cultura: es una hemorragia fiscal con víctimas concretas.
A eso se suma el abuso administrativo más directo. El caso de Ignacio “Nacho” Peralta, exgobernador de Colima, ilustra esa otra cara del problema: fue vinculado a proceso por presunto peculado y uso indebido de atribuciones. Colima, bajo su administración y la de sus antecesores, se convirtió en uno de los estados con mayor tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes del país, llegando a superar los 100 en algunos años, según datos del Inegi.
El retrato es claro: unos señalados por narcotráfico, otros por corrupción financiera, otros por omisión o complicidad. Distintos delitos, mismo mecanismo: el cargo público usado como escudo y como fuente de beneficio personal.
Lo más revelador es que el fenómeno no distingue ideología. De los 32 gobernadores que han enfrentado investigaciones penales serias en los últimos 25 años, han militado en el PRI, el PAN, el PRD y Morena. La corrupción no tiene color partidista; tiene incentivos, opacidad e impunidad. Según el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), menos del 2% de los delitos cometidos en México termina en sentencia condenatoria.
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Ese dato lo explica casi todo.
México no necesita más diagnósticos: tiene suficientes. Lo que falta es consecuencia. Fiscal independiente, jueces que no se doblen, registros patrimoniales auditables, extradiciones sin negociación política y, sobre todo, una ciudadanía que deje de medir la gravedad de los actos según el partido que los comete.
La pregunta no es cuántos nombres más aparecerán en la lista. La pregunta es si las instituciones están dispuestas —por fin— a dejar de administrar la impunidad y empezar a cobrarla. ¿Alguien en el poder se atreverá?
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Nota del editor: Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.
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