Los documentos recuperados en la cabaña de Tapalpa, Jalisco, donde fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes el pasado 22 de febrero, no son solamente un registro contable del crimen. Son la radiografía de un proyecto de dominación territorial sofisticado, metódico y, lo más perturbador, perfectamente integrado a la arquitectura institucional del Estado mexicano.
Las cifras son elocuentes en su frialdad administrativa: solo en diciembre de 2025, el Cártel Jalisco Nueva Generación generó ingresos superiores a 17 millones de pesos únicamente en los municipios de Tapalpa y Cocula.
De ese flujo, una fracción precisa y sistemática se destinaba al pago de corporaciones policiales: 138,000 pesos para la policía municipal de Tapalpa, 236,000 para Sayula, cantidades similares para Atoyac, Techaluta, Amacueca.
La lógica no es la del soborno oportunista. Es la de una nómina empresarial con periodicidad, jerarquía y distribución presupuestal definida. Los pagos no improvisan: administran.
Más revelador aún es que entre los conceptos de gasto aparezcan no solo municipios, sino tres corporaciones de la Policía del Estado de Jalisco: la Policía Vial, la Policía Estatal —conocida coloquialmente como "los negros"— y la recién creada Policía Estatal de Caminos, inaugurada en 2025 por el gobernador Pablo Lemus con el eslogan "preparada para cuidar, no para multar". El monto total ascendía a 456,000 pesos distribuidos entre estas tres corporaciones estatales.
El dato no es menor: estamos ante una policía refundada, presentada como solución institucional a la inseguridad en carreteras, que aparece en la hoja de pagos del cártel antes de cumplir su primer año de existencia.
Esto no es corrupción coyuntural. Es penetración estructural planificada.
El caso de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal en Chiapas complementa el cuadro con una dimensión adicional de alarma institucional. Creada en diciembre de 2024 por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar como cuerpo élite dotado de helicóptero artillado, vehículos blindados y casi mil efectivos provenientes de la extinta Policía Federal y la Guardia Nacional, fue presentada como la respuesta definitiva a la crisis de violencia en la entidad más convulsionada del sur del país. La narconómina de "El Mencho" la incluye con 100,000 pesos pagados entre el 3 y el 9 de noviembre de 2025. Apenas once meses después de su creación formal.
El patrón que emerge en ambos casos —Jalisco y Chiapas— no admite interpretación benévola.
No se trata de elementos aislados que sucumben al miedo o la necesidad económica, aunque esos factores existan y sean reales. Se trata de una infiltración que alcanza la cúpula operativa de las corporaciones: en Ecuandureo, Michoacán, el director de Seguridad Pública Municipal fue detenido junto a diez de sus agentes —un tercio de la corporación entera— circulando encapuchados, sin insignias oficiales, portando metanfetamina e insignias del CJNG, mientras alertaban al cartel sobre movimientos de la Guardia Civil.
Ninguno de los 11 estaba inscrito ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En una corporación de 33 elementos, solo ocho contaban con certificado de control y confianza.
La pregunta ya no es si las policías estatales se doblaron. La pregunta es cuántas quedaron en pie.
El federalismo mexicano en materia de seguridad reposa sobre una premisa que los hechos han destruido: que los estados pueden y deben garantizar el orden público dentro de sus territorios, con sus propias capacidades institucionales, como primer muro de contención frente al crimen organizado.
Las policías estatales fueron, en teoría, ese segundo nivel de resguardo cuando las municipales colapsaron. Y las fuerzas especiales —Pakal en Chiapas, Estatal de Caminos en Jalisco, FRIZ en Zacatecas— representaron el tercer esfuerzo por reconstruir ese muro.
El problema es sistémico: el Estado mexicano ha respondido a cada fractura institucional creando una nueva corporación, sin resolver las condiciones que produjeron la fractura anterior.
Baja remuneración, ausencia de carrera policial real, nula protección al agente honesto, inexistencia de inteligencia criminal genuina a nivel estatal, y una coordinación federal-estatal que en la práctica premia la lealtad política por encima de la capacidad operativa. En ese vacío, el crimen organizado no irrumpe: simplemente ocupa el espacio que el Estado dejó vacante.
La FGR tuvo que solicitar que el caso de "El Mencho" se procesara fuera de Jalisco precisamente porque la influencia criminal sobre autoridades estatales y federales era tan vasta que hacía inviable cualquier proceso judicial con mínimas garantías de integridad. Esa solicitud, ese reconocimiento implícito de que el territorio estatal era terreno capturado, resume mejor que cualquier dato el colapso del pacto federal.
La gobernanza criminal en los estados no es producto de la debilidad moral de sus policías. Es consecuencia de una ecuación de vulnerabilidad institucional acumulada: salarios que oscilan entre seis y doce mil pesos mensuales para agentes que enfrentan organizaciones con nóminas millonarias; inexistencia de sistemas de inteligencia estatal propios; dependencia presupuestal absoluta de transferencias federales que condiciona autonomía operativa; y la ausencia histórica de una carrera policial que haga costoso —social, económica y legalmente— el cruce hacia la colusión.
A ello se suma un factor estructural que pocos análisis nombran con claridad: la territorialización del crimen organizado ha convertido a muchas comunidades en economías dependientes del cartel.
El agente de policía municipal de Ecuandureo que proviene de Jalisco, que no tiene registro oficial, que circula encapuchado con insignias criminales, no eligió entre el Estado y el cartel: nunca experimentó un Estado que le ofreciera algo mejor que el cartel. Esa es la escala real del problema.
Las soluciones no pueden seguir siendo la creación de nuevas corporaciones sobre los mismos suelos institucionales contaminados. Algunas rutas concretas y operativas son indispensables.
Primero, la depuración real con consecuencias jurídicas. El Certificado Único Policial debe ser condición sine qua non para operar, con revisiones bianuales que incluyan análisis patrimonial, contactos y entorno. En Ecuandureo, ninguno de los detenidos tenía este certificado: la puerta estaba abierta por diseño.
Segundo, salarios dignos vinculados a desempeño e integridad, financiados con un fondo federal de fortalecimiento policial con reglas de operación claras que desincentiven la captura política local.
Tercero, sistemas estatales de inteligencia criminal autónomos, con capacidad técnica real y blindaje institucional frente a presiones locales.
Cuarto, protección efectiva al agente denunciante: sin mecanismos robustos de denuncia interna protegida, la omerta criminal dentro de las corporaciones es inevitable.
Quinto, una reforma al modelo de coordinación federal que no trate a los estados como receptores pasivos de fuerza federal, sino como actores con responsabilidad acotada, recursos garantizados y rendición de cuentas verificable.
La muerte de "El Mencho" en Tapalpa no marca el fin de la gobernanza criminal en México. Marca la oportunidad —quizás la última de esta generación política— de mirar sin eufemismos el tamaño real de la derrota institucional acumulada.
Las nóminas encontradas en esa cabaña no son solo evidencia criminal: son el inventario de un Estado que cedió su monopolio legítimo de la fuerza a cambio de nada, policía por policía, corporación por corporación, reforma por reforma vacía.
México no necesita más fuerzas especiales bautizadas con nombres épicos. Necesita instituciones ordinarias que funcionen de manera extraordinariamente honesta. Esa es la diferencia que el crimen organizado lleva décadas explotando, y que los gobiernos estatales y federales llevan décadas fingiendo no entender.
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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
