Imagínese por un momento la escena: un elemento de la Guardia Nacional, formado militarmente, portando su uniforme color “vaca” y su equipamiento táctico, estacionado en la salida de una terminal del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para multar a conductores de Uber.
No está desmantelando una red de tráfico de personas. No está ejecutando una orden de aprehensión contra un operador del crimen organizado.
Está de tránsito. Literalmente.
Eso ocurrió la semana pasada, y lo que parece una anécdota costumbrista es, en realidad, el síntoma más elocuente del fracaso estratégico de la seguridad pública mexicana.
La Guardia Nacional nació en 2019 con un propósito difuso que, lejos de aclararse con los años, se ha ido diluyendo hasta volverse irreconocible.
Concebida formalmente como una institución de seguridad pública con funciones de prevención del delito, combate a la delincuencia organizada e inteligencia estratégica, su traslado en octubre de 2024 al mando de la Secretaría de la Defensa Nacional no hizo sino profundizar su esquizofrenia institucional: es un cuerpo con disciplina castrense al que se le asignan tareas municipales.
El artículo 21 constitucional le encomienda ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
Nada en ese mandato contempla regular el flujo vehicular en una zona de arribo aéreo ni dirimir conflictos gremiales entre taxistas con concesión y conductores de plataformas digitales. Sin embargo, ahí está: haciendo de policía vial, de árbitro tarifario y de brazo ejecutor de intereses aeroportuarios que nadie ha debatido en lo público.
El Grupo Aeroportuario Marina, dependiente de la Secretaría de Marina, administra el AICM desde que la Federación militarizó su gestión.
El problema estructural no es ideológico, sino operativo: la Marina fue diseñada para vigilar litorales, no para negociar modelos de movilidad urbana. Carece de cuadros especializados en regulación de transporte, en arbitraje de concesiones, en política tarifaria o en gestión de conflictos laborales del sector.
Cuando los taxistas concesionados bloquearon ambas terminales el 11 de marzo de 2026, la respuesta institucional de la autoridad aeroportuaria fue, en lugar de convocar a una mesa técnica de movilidad, solicitar operativos a la Guardia Nacional.
Eso no es gestión: es delegación del problema hacia quien menos herramientas tiene para resolverlo.
Y la Guardia Nacional, institución que obedece órdenes sin cuestionarlas dentro de su cadena de mando militarizada, acudió.
Así de simple. Así de grave.
La disputa entre taxistas concesionados y plataformas digitales en el AICM no es nueva ni imprevista.
Desde 2023, Uber obtuvo una suspensión federal que reconoce el derecho de sus conductores a operar en aeropuertos del país. En octubre de 2025, esa suspensión fue ratificada.
Pese a ello, el operativo de la Guardia Nacional iniciado el 12 de marzo de 2026 procedió a multar y constreñir la operación de dichas plataformas, incurriendo en una flagrante violación a un amparo vigente, con penas de prisión contempladas para servidores que lo incumplan. Lo que existe aquí no es un problema de seguridad pública: es un vacío regulatorio que ninguna autoridad competente ha querido ocupar. No hay un reglamento de movilidad aeroportuaria actualizado.
No hay una autoridad de transporte que ejerza jurisdicción efectiva sobre zona federal. No hay política pública de transición para modernizar la concesión de taxis. Solo hay uniformes de “vacas” donde deberían estar escritorios de política pública.
La verdadera crisis no es el conflicto entre taxistas y plataformas. Eso es ruido.
La crisis es que México tiene territorios enteros donde la soberanía del Estado está disputada por organizaciones criminales, donde la presencia del gobierno federal se limita al pánico y la reacción tardía, y donde la Guardia Nacional debería concentrar cada uno de sus efectivos y cada uno de sus recursos.
En cambio, esos mismos elementos están en las puertas de la Terminal 2 "invitando" a conductores de aplicación a no recoger pasajeros.
La desorganización administrativa que produjo esta imagen no es un accidente burocrático: es la consecuencia lógica de una estrategia de seguridad que carece de doctrina, de focalización y de evaluación.
Cuando todo es urgente, nada es prioritario.
Y cuando la Guardia Nacional puede ser convocada para cualquier función, termina siendo útil para ninguna.
Las soluciones existen y son concretas, aunque políticamente incómodas.
Primero: retirar la administración del AICM de la Secretaría de Marina y crear un organismo civil especializado en gestión aeroportuaria con capacidades reales de regulación de transporte, negociación de concesiones y arbitraje tarifario.
Segundo: emitir un reglamento federal de movilidad para aeropuertos que establezca condiciones de operación claras, equitativas y actualizadas para todos los prestadores de servicio, incluidas las plataformas digitales.
Tercero: prohibir formalmente que la Guardia Nacional sea desplegada en operativos que corresponden a policías de tránsito locales, estatales o a autoridades regulatorias civiles, sancionando administrativamente a los mandos que autoricen dicho desvío.
Cuarto: diseñar una doctrina de despliegue para la Guardia Nacional que priorice presencia en territorios con disputa criminal efectiva, con indicadores de resultado auditables por el Congreso.
La imagen de la Guardia Nacional dirigiendo el tránsito en el AICM no debería producir indiferencia ni sarcasmo fácil. Debería producir alarma.
Porque detrás de esa escena hay un Estado que no sabe para qué son sus instituciones, que delega lo que no entiende en quien obedece sin preguntar, y que confunde presencia con política pública.
Un cuerpo de seguridad nacional que multa a conductores de aplicación mientras el crimen organizado disputa territorios es un síntoma de colapso estratégico, no de eficiencia operativa.
México necesita urgentemente decidir qué quiere que sea la Guardia Nacional.
Porque si la respuesta sigue siendo "todo lo que nadie más quiere hacer", entonces ya tenemos la respuesta: no es una institución de seguridad nacional. Es una policía vial con mejor armamento.
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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
