La licencia que no salva a Sinaloa

Dos días antes había dicho que las acusaciones eran parte de una "perversa estrategia para violentar el orden constitucional", invocando la soberanía nacional como escudo ante cargos que describen, con nombre, apellido y cargo institucional, una estructura de narcocorrupción edificada desde el poder público. La conciencia tranquila de Rocha Moya es un insulto al pueblo sinaloense que lleva 18 meses enterrando a sus muertos.

El expediente que define a 10 funcionarios

Lo que reveló la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York el 29 de abril de 2026 no es una hipótesis ni una especulación geopolítica.

Es un expediente detallado que desnuda la anatomía de la corrupción institucional en Sinaloa. Junto a Rocha Moya fueron imputados el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; el senador y exsecretario general de Sinaloa, Enrique Inzunza Cázarez; el exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega; el actual subprocurador de la Fiscalía Estatal, Dámaso Castro Zaávedra, quien presuntamente recibía alrededor de 11 mil dólares mensuales del cártel a cambio de proteger a sus miembros y filtrar información sobre operativos respaldados por EU; y Juan Valenzuela Millán, alias "Juanito", excomandante de la Policía Municipal de Culiacán, quien enfrenta cargos adicionales por el secuestro, tortura y asesinato de una fuente confidencial de la DEA y un familiar de esta, ocurridos en octubre de 2023.

Completan la nómina del escándalo Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez, ambos exjefes de la Policía de Investigación del Estado; Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública; y José Antonio Dionisio Hipólito, exsubdirector de la Policía Estatal de Sinaloa.

Lo que esa lista expone no es solo corrupción individual: es la desarticulación funcional del Estado sinaloense en sus eslabones más críticos:

- Un subprocurador en activo que presuntamente operaba como informante pagado del cártel compromete la integralidad de cada investigación, de cada carpeta, de cada testigo protegido que pasó por esa fiscalía.

- Un excomandante municipal acusado de asesinar a una fuente de la DEA revela que las estructuras de inteligencia criminal no solo estaban infiltradas: en algunos casos actuaban abiertamente como brazo ejecutor de la delincuencia organizada.

- Dos exdirectores de la Policía de Investigación en la misma acusación significa que el órgano cuya razón de ser es perseguir el delito estaba, presuntamente, facilitándolo.

La acusación sostiene que ordenaron a corporaciones policiales estatales y municipales proteger cargamentos de droga y proporcionaron información confidencial de las fuerzas del orden al crimen organizado. No hubo captura institucional en Sinaloa.

Hubo sustitución institucional.

La nómina abierta de la seguridad pública

Ante ese colapso sin precedente, el Congreso de Sinaloa eligió como gobernadora interina a Yeraldine Bonilla Valverde. El perfil que la condujo hasta ese cargo es, en sí mismo, el retrato más fiel de cómo se gestiona la seguridad pública en México: como espacio de colocación política, no como área de Estado que exige formación especializada, experiencia operativa y trayectoria verificable.

Bonilla Valverde es licenciada en Trabajo Social por la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Previo a su carrera pública desarrolló proyectos sociales y comunitarios; llegó al Congreso local en 2018 por Morena y posteriormente se incorporó al gobierno estatal como subsecretaria de Estudios, Proyectos y Desarrollo entre 2021 y 2024.

En materia de seguridad, fue designada encargada de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado del 25 de agosto al 6 de septiembre de 2023: apenas doce días.

Doce días al frente de la dependencia más crítica de un estado en guerra, sin formación criminológica, sin experiencia en mando policial, sin antecedentes en inteligencia.

Eso no es un cargo de seguridad: es una firma provisional en un organigrama que nadie supervisaba con rigor.

Este patrón no es exclusivo de Sinaloa.

Es la enfermedad sistémica del modelo mexicano de seguridad pública: la nómina de las secretarías de seguridad, las fiscalías y las policías de investigación se nutre recurrentemente de operadores de campaña, cuadros de confianza partidista y perfiles construidos desde la lealtad política, no desde la capacitación técnica.

El resultado es predecible y documentado: instituciones porosas, mandos sin autoridad técnica real, estructuras fácilmente permeables por el crimen organizado, exactamente como lo describen los diez expedientes del Distrito Sur de Nueva York.

La política pública que nadie quiere aplicar

No hay solución cosmética posible en Sinaloa.

El diagnóstico exige cirugía mayor.

- Primero: una intervención federal de depuración integral en todas las corporaciones policiales del estado —municipal, estatal y de investigación— con controles de confianza rigurosos, vinculantes y con resultados públicos verificables.

- Segundo: la Fiscalía General del Estado requiere intervención externa inmediata con acompañamiento federal, dado que su propio subprocurador figura entre los imputados; no puede auditarse desde adentro una institución cuando la institución misma es parte del problema.

- Tercero: debe establecerse un criterio mínimo obligatorio de perfil profesional para ocupar cargos en el sistema de seguridad y procuración de justicia estatal: formación jurídica, policial o criminológica acreditada, con evaluaciones periódicas independientes.

- Cuarto: los más de 30,000 desplazados internos documentados en la entidad desde agosto de 2024 necesitan un programa de atención urgente con marco jurídico, presupuesto etiquetado y reconocimiento oficial que el gobierno federal se ha negado a emitir con claridad.

El relevo que no cambia nada

En su primer mensaje como mandataria, Bonilla Valverde prometió que "los principios y las políticas públicas que han dado sentido a los gobiernos de la Cuarta Transformación, en mi gestión se mantendrán vigentes".

Es decir: continuidad.

La misma continuidad que produjo la lista de diez imputados. La misma que permitió que un subprocurador cobrara mensualmente del cártel mientras despachaba desde la fiscalía. La misma que colocó a perfiles sin credenciales técnicas en los cargos más sensibles del sistema de seguridad.

El alcalde de Culiacán también solicitó licencia la misma noche que Rocha Moya. El senador imputado, Inzunza Cázarez, ni siquiera lo consideró. Las instituciones de seguridad y procuración de justicia sinaloenses permanecen intactas en su composición: mismos mandos medios, mismos operadores, mismas lealtades opacas.

Sinaloa no tiene un nuevo capítulo. Tiene el mismo capítulo con diferente portada. Y eso, en un estado donde la gente muere, desaparece y huye desde hace 18 meses, no es transición política. Es impunidad con cargo oficial.

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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.